Salud en crisis: restringen servicios y más pacientes quedan sin cobertura médica
Al igual que ocurre en otras partes del país, Santa Fe no es la excepción y durante los últimos meses se fue agravando la crisis en el sistema sanitario. La inflación, la disparada del dólar, el incremento en los insumos y los salarios agudizaron un problema que viene de arrastre y golpea directamente en la atención de cientos de pacientes.
El Grupo Oroño que opera en Rosario y representa una figura destacada en el ámbito de la salud privada en Argentina, tomó la decisión que reverbera en el sector médico del país. A partir de este miércoles, anunció la decisión de dejar de prestar sus servicios de atención a los afiliados de Osde, una de las principales obras sociales prepagas de Argentina.
-
Te puede interesar
Internaron a Jair Bolsonaro en terapia intensiva: cuál es su estado de salud
La medida, que impacta en todas las instituciones que administra, desde el Sanatorio Parque hasta el Instituto Cardiovascular de Rosario, generó un clima de incertidumbre tanto entre los pacientes como en toda la comunidad médica.
El Grupo Oroño difundió un comunicado donde explicó que esta decisión responde a la acción unilateral de Osde de revertir el acuerdo de aumento en los aranceles de las prestaciones médicas, alcanzado previamente en el mes de abril. Según el grupo, esta reversión pone en peligro la viabilidad de mantener la calidad de las prestaciones y los honorarios médicos en un contexto ya de por sí desafiante para el sector.
A pesar de asegurar que no buscan aumentar las cuotas de los afiliados de Osde, la suspensión de servicios generó mucha preocupación sobre el futuro de la atención médica para quienes dependen de esta obra social.
Nicolás Villavicencio, presidente del Grupo Oroño, expresó su preocupación ante lo que calificó como una situación de "extrema gravedad". Las negociaciones de último momento, que se extendieron hasta la noche del martes, no lograron revertir la decisión de suspender las prestaciones.
A su vez, Villavicencio también criticó las políticas gubernamentales en materia de salud, especialmente la intervención del Estado en los precios de las cuotas de las obras sociales prepagas, lo que dejó a los prestadores sin margen de maniobra.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el sector privado de la salud y el gobierno. En 2024, la intervención del Gobierno nacional en los aumentos de las cuotas de las obras sociales prepagas generó malestar entre los prestadores de servicios médicos, quienes se vieron afectados por la falta de margen de maniobra y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es el impacto directo que tendrá en los pacientes. La suspensión de servicios afectará a aquellos que se encuentran en tratamiento crónico, pacientes oncológicos, personas con discapacidad, embarazadas en el tercer trimestre e internados en curso. Esta medida pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos médicos y puede tener consecuencias graves para su salud.
La falta de acceso a la atención médica adecuada es un problema que afecta a muchas personas en Argentina. La situación actual, generada por una fuerte crisis económica, provocó que muchas familias deban abandonar sus prepagas o cambiar a planes con menos prestaciones.
Iapos suma restricciones en Rosario
La situación del Grupo Oroño se suma a la que se viene dando en Rosario desde hace diez días con el Iapos, la obra social de los trabajadores estatales de la Provincia, que tiene recortada la atención en clínicas y sanatorios privados.
La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario tomó la decisión de limitar la atención médica a los afiliados de Iapos mientras se encuentran en medio de negociaciones con la obra social y el gobierno provincial para actualizar los aranceles correspondientes.
Se trata de unos 600 mil afiliados que ven comprometido su acceso a la salud, no pueden acceder a determinadas prácticas y estudios sin abonar su valor completo y que ni siquiera tienen la posibilidad de sacar un turno con sus médicos de cabecera para que les receten medicamentos.
En este contexto resulta fundamental que tanto el sector privado como el gobierno trabajen juntos para encontrar soluciones que permitan mantener la calidad de la atención médica y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a servicios de salud adecuados. La salud no debería ser un privilegio, sino un derecho fundamental para todos.