Estos son los cambios que acordó el Gobierno sobre educación en la ley ómnibus

El Gobierno de Javier Milei buscará cerrar hoy un acuerdo en la Cámara de Diputados con los bloques opositores sobre las reformas que se incorporarán al proyecto de Ley "Bases", para posibilitar así la firma del dictamen este martes y tratar de aprobar la iniciativa entre el jueves y el sábado. 

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, el oficialismo se encuentra habilitado para convocar al plenario que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría, luego de las arduas negociaciones entre las terminales del Gobierno en el Congreso, legisladores de la oposición y distintos sectores de la sociedad civil en pos de la incorporación de una serie de modificaciones en la ley ómnibus.

Entre los distintos argumentos de las discusiones los cambios en educación ocuparon un lugar central, especialmente porque la reforma educativa que Javier Milei propuso durante la campaña electoral generó una fuerte preocupación por la posibilidad, sobre todo, del arancelamiento en las universidades públicas.

En ese sentido, el proyecto de la ley ómnibus incorpora varios artículos que abarcan tanto a la educación universitaria como a la educación primaria y secundaria, en lo que respecta a la capacitación y formación docente y a los sistemas de información estadísticos

Sin embargo, después de casi dos semanas de debate -y después de los cuestionamientos de sectores de la izquierda y de los gremios docentes- oficialismo y oposición alcanzaron un acuerdo en pos de una serie de cambios favorables que llevan mayor tranquilidad al sistema educativo.

Donde sí hubo coincidencia plena es en la declaración de la educación como servicio esencial -que figuraba también en el DNU frenado por la Justicia-, lo que ante una huelga docente obligará a las escuelas a garantizar un mínimo de educación. También habría acuerdo para cambiar la forma en la que se establece la paritaria nacional docente, debate al que sumarían a la educación privada y a la representación gremial nacional, aunque en este último punto aún persisten las disidencias.

También hubo acuerdo para mantener la intención de un examen integrador para los alumnos que finalizan el secundario, pero se incorporó una línea en ese artículo que aclara que esa esa evaluación "no será condicionante para la prosecución de los estudios del egresado evaluado”.

Uno de los cambios tiene que ver con la evaluación de los docentes. En su articulado original, la ley ómnibus establecía un criterio de examinación periódica, cada cinco años, para revalidar el título docente. Luego de los cuestionamientos que escuchó el 11 de enero en el plenario de comisiones el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el Gobierno habría accedido a limitar el alcance de ese artículo.

Las críticas surgieron desde los sectores gremiales, que argumentaron que un proceso de revalidación del título docente va en contra del Estatuto Nacional y de todos los estatutos y las leyes provinciales que garantizan la estabilidad en el cargo.

Digitalización e información federal

En cuanto al Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) que fue aprobado en 2014 y que por falta de decisión política, dificultades técnicas y desconfianza sigue sin ofrecer un registro pormenorizado de docentes, alumnos y escuelas, el proyecto incorpora la creación de un sistema federal digitalizado.

"Es muy importante tener datos en el sistema educativo. Y esto es una cédula escolar que de alguna manera registra la trayectoria escolar de nuestros niños y adolescentes y también adultos, es decir, algo que hoy en un mundo totalmente digitalizado eso es posible. Es decir que apenas un niño ingresa al sistema educativo uno le puede hacer un seguimiento y saber, bueno, en qué cualidad está, sus notas, en qué condiciones, cómo ha promocionado", explicó Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires.

"Es algo muy importante -agregó- porque durante la pandemia algunos responsables de la educación decían 'hemos perdido 200 mil', otros decían 'hemos perdido un millón', otros decían 'hemos perdido dos millones de estudiantes en el sistema educativo' y nadie podía dar cuenta de esa cifra de forma concreta, real. ¿Y por qué? Porque Argentina no tiene un sistema digitalizado que haga el seguimiento día a día de sus alumnos. La ley ahora lo incorpora, esto ni siquiera estaba propuesto, pero los diputados intentan darle fuerza a la ley para que las 24 jurisdicciones acompañen".

"La idea es que haya un sistema único, federal, que permita saber dónde están los chicos si se mudan, pasan de una provincia a otra, asegurar que continúan con sus estudios etc. Es un avance importante", subrayó el también miembro de la Coalición por la Educación y referente de Argentinos por la Educación en diálogo con Radio Mitre.

Financiamiento universitario y extranjeros

En cuanto a los criterios para el financiamiento de universidades, tras el debate se acordó un criterio de distribución de fondos más equitativo. "La verdad es que es un sistema muy sensible el universitario, hay que pensar que en los últimos 20, 30 años se han creado muchas universidades a lo largo y ancho del país y algunas, las tradicionales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, que concentran mayoritariamente la mayor cantidad de estudiantes. Entonces había que establecer técnicamente criterios que posibiliten una distribución más equitativa de los recursos que además sabemos van a ser bastante limitados en los próximos tiempos", añadió Zorzoli durante esa entrevista radial.

Otro de los cuestionamientos que surgieron a la ley ómnibus fue la idea de arancelar la universidad para los estudiantes extranjeros no residentes. Ese artículo en particular no sufrirá ninguna modificación y se estima, sin embargo, que el impacto y el alcance serán ínfimos ya que los estudiantes extranjeros ocupan entre un 3% o 4% de la matrícula universitaria, y se concentran en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Rosario.

La ley plantea que la universidad no está obligada a cobrar un arancel a esos extranjeros y queda a criterio de cada institución avanzar o no con esa atribución que, en definitiva, no tendría un impacto financiero significativo y terminaría contradiciendo la tradición y la ideología de esas tres casas de altos estudios, las más elegidas por ciudadanos brasileños, chilenos, colombianos, venezolanos para quienes, además, obtener la residencia en la Argentina no resulta una tarea difícil ni imposible.