Una provincia busca promover la vacunación con descuentos impositivos

Según el Monitor Público de Vacunación ya se administraron en el país más de 33 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios contra el coronavirus. Aun hay más de cinco millones que fueron distribuidas pero aun no se aplicaron. En este contexto y, ante el avance de la variante Delta en el país, los gobiernos provinciales ponen en marcha estrategias para que la mayor cantidad de ciudadanos acceda a la inmunización en el menor tiempo posible.

En este contexto, el gobierno de Córdoba, donde se han aplicado 2.831.394 de los 3.173.264 que llegaron a la provincia, está diseñando un programa de incentivos tributarios para quienes accedan a la vacunación. 

El proyecto presentado por el legislador Darío Capitani del PRO propone que los ya vacunados accedan a un 10% de descuento en impuestos provinciales y sugiere que ese beneficio sea del 15% para quienes decidan vacunarse dentro de los próximos 30 días.

Para el autor del proyecto esto debería impactar en Ingresos Brutos y en impuestos inmobiliarios, del automotor y de sellos. “Creemos que puede funcionar como un buen incentivo para que aquellos que aún no se vacunaron tomen la decisión de hacerlo”, señaló Capitani. Y explicó que la provincia podría proponer incentivos a la vacunación tal como lo hacen los privados. 

Amenaza de la variante Delta

Esta propuesta se da en un momento particular luego de que la variante Delta dejara de ser una amenaza para convertirse en un problema en la provincia. El brote que comenzó con la llegada de un viajero infectado con esa variante derivó en más de 800 aislados en la provincia luego de que se confirmaran al menos 26 casos positivos. 

La variante Delta ha demostrado ser mucho más contagiosa que otras variantes de coronavirus, pero su letalidad es menor según los expertos que vinculan esto al avance de las campañas de vacunación en todo el mundo. Córdoba registró durante el mes de julio mas de 60 denuncias contra el artículo 205 del código penal que rige sobre la dispersión de enfermedades peligrosas y la justicia ha imputado a 50 personas por no cumplir con el aislamiento obligatorio tras ingresar al país.