Un año de aborto legal: cuántas interrupciones de embarazo se hicieron

Hace exactamente un año, durante la madrugada del 30 de diciembre de 2020 el Senado nacional sancionó la ley 27.610 que reconoce el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las 14 semanas de gestación (inclusive) y de recibir atención post aborto. En Mendoza, desde el Gobierno aseguran que al fortalecer la atención primaria, lograron responder a todas las solicitudes de aborto. De acuerdo a fuentes oficiales nacionales, en el país se hicieron 32.758 interrupciones de embarazo durante este año en el sistema público.

¿Cómo se hace la mayoría de los abortos en la provincia y Argentina? “De forma ambulatoria, es decir, en los domicilios, a través de misoprostol que es una pastilla que se vende en las farmacias luego de ser recetada por profesionales que confirman el embarazo”, sostuvo en diálogo con MDZ la médica Valentina Albornoz, quien es la coordinadora del programa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Mendoza.

El trabajo que ha hecho el Gobierno mendocino durante este año es fortalecer la atención primaria, es decir la atención inicial, como en cualquier otra práctica. “En todos los centros de salud provinciales se recibe a la persona, se la escucha, se hace el trabajo de brindar información. Luego, se realiza una ecografía, que puede ser en el mismo lugar o en un lugar cercano- siempre dentro de un circuito regional-, se receta misoprostol y por último, de acuerdo a lo que fija la norma, se hace atención post aborto generalmente en el centro de salud”, sumó Albornoz. “Para eso implementamos durante el año capacitaciones en todo el territorio provincial e incorporamos nuevos equipos profesionales”, agregó.

En otras provincias de Argentina, la situación es similar. Consultada la Directora ejecutiva de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Pate Palero, dijo: “Nosotras hemos estado trabajando en Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco. Arrancamos también con un monitoreo social en La Rioja. Lo que pudimos observar en todas las provincias es que hay una buena recepción, si quien debe realizar el aborto es objetor (la ley contempla la objeción de conciencia para profesionales de la salud), esa persona se preocupa por cómo derivar y si no lo es, se capacita sobre qué debe hacer”.

En Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir hizo un relevamiento en toda la provincia que entre otros datos arrojó que entre las dificultades más frecuentes para la aplicación de la ley está la falta de personal. Se demandó capacitación en un 65% en los hospitales y en un 70% en los centros de salud, especialmente los que se encuentran en lugares pequeños y/o alejados geográficamente de los departamentos cabecera.

Existe una línea nacional de Salud Sexual que es el 0800 222 3444 y atiende las 24 horas para asesorar y derivar a la población sobre interrupción voluntaria o legal del embarazo (en el caso de aquellas personas que fueron violadas o que corre peligro la vida o salud de la madre sino se interrumpe la gestación). Sólo este año recibió 19 mil consultas, un número muy superior a las 17.302 llamados recibidos durante 2010 y 2020, cuando el aborto no era legal en el país.

La integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto en Mendoza, Constanza Fosch Rodón, explicó que “apenas se aprobó la norma, la recepción por parte del Gobierno provincial fue muy buena. Fuimos convocadas y escuchadas. Sin embargo con el paso del tiempo notamos una falta de implementación de la ley en todos los departamentos de la provincia ya que con un solo equipo por región, no alcanza”. Además, Fosch Rodón aseguró que falta información sobre cómo acceder a un aborto legal. “No todas las personas saben que con llamar a un 0800 tienen su aborto garantizado y cuidado”, sumó. Esta tarde, desde las 19, las organizaciones de mujeres convocaron a un pañuelazo en la Plaza Independencia a un año de la sanción de la ley.

Qué dice la Ley

La ley 27. 610 garantiza que las mujeres y toda persona con capacidad de gestar puedan acceder a un aborto hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. A partir de la semana 15 existe la posibilidad de solicitarlo por causales -violación o riesgo para la vida o salud de la mujer o persona gestante-.

La norma establece las condiciones mínimas que debe garantizar el sistema de salud en la atención del aborto y del postaborto: trato digno, privacidad, confidencialidad, acceso a la información veraz y con lenguaje accesible. Se regula un plazo máximo de diez días corridos desde que fue requerida la práctica por la persona gestante para cumplir con la prestación de salud.

La ley de IVE garantiza, además, la práctica gratuita tanto en el sector público como el privado. Por lo tanto, las obras sociales tienen la obligación de cubrir todos los costos. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al aborto denunciaron que no todas las prepagas están garantizando ese derecho.