Carta abierta a Celso Jaque: Seguridad
Los problemas de seguridad no deberían tomarse como hechos aislados, afectan a todos los sectores de la sociedad y del gobierno, por lo cual las políticas de Estado deberían traspasar los períodos gubernamentales.
Alejandro Poquet, abogado, ex subsecretario de Justicia.
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La seguridad y la política
La primera medida que el nuevo gobierno debe tomar en materia de seguridad tiene naturaleza política: no mentirle a la gente. Una política basada en clichés o frases hechas, cuya pobreza programática se reduce a números (de policías y móviles en la calle), y que no cuenta con un diagnóstico serio sobre las particularidades de la criminalidad provincial, no puede tener otra naturaleza que la de una política impostora.
La primera medida que el nuevo gobierno debe tomar en materia de seguridad tiene naturaleza política: no mentirle a la gente. Una política basada en clichés o frases hechas, cuya pobreza programática se reduce a números (de policías y móviles en la calle), y que no cuenta con un diagnóstico serio sobre las particularidades de la criminalidad provincial, no puede tener otra naturaleza que la de una política impostora.
La seguridad y la educación
En segundo lugar se debe contar con funcionarios civiles capacitados en temas de seguridad, único modo de evitar la perniciosa delegación de responsabilidades institucionales en las instancias policiales y penitenciarias.
Se debe actualizar la currícula del Instituto Universitario de Seguridad Pública, de acuerdo con las nuevas demandas profesionales y sociales, vinculando la enseñanza teórica con las problemáticas concretas, jerarquizando materias específicas de seguridad y dándole un nuevo contenido y orientación a las materias jurídicas y sociales.
El gobierno debe establecer vínculos permanentes con los espacios de producción de conocimiento criminológico (Universidades, organismos especializados) para que la decisión política goce de cierta racionalidad. Décadas atrás un Presidente republicano de los Estados Unidos nombró asesor al teórico de las “ventanas rotas”, soporte de la política de “tolerancia cero” neoyorquina. Esa articulación entre saber y poder debe rescatarse, más allá de que no se comparta esa filosofía y praxis.
En segundo lugar se debe contar con funcionarios civiles capacitados en temas de seguridad, único modo de evitar la perniciosa delegación de responsabilidades institucionales en las instancias policiales y penitenciarias.
Se debe actualizar la currícula del Instituto Universitario de Seguridad Pública, de acuerdo con las nuevas demandas profesionales y sociales, vinculando la enseñanza teórica con las problemáticas concretas, jerarquizando materias específicas de seguridad y dándole un nuevo contenido y orientación a las materias jurídicas y sociales.
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Políticas de seguridad y social
Hay que reciclar el sistema de inteligencia criminal, desde el modo de incorporación de los datos hasta la manera en que se controla y analiza la información entre las distintas unidades, dotando de mayor autonomía a las unidades operativas, con la finalidad de que también se conviertan en centros de producción de inteligencia. La inteligencia criminal nos alertará sobre la criminalidad provincial y sus matices, cómo cambia, cómo se desplaza, y a partir de entonces se puede diseñar un programa idóneo para responder a estas características concretas y no según recetas vagas e importadas.
Debe crearse una Defensa Pública autónoma, independiente del Ministerio Público Fiscal, por la sencilla razón de que la acusación y la defensa son ministerios totalmente independientes. Además, si la mayor clientela de la justicia penal son pobres, la institución que los recibe debe ser fortalecida en recursos humanos, materiales y normativos, caso contrario se continúa convalidando el desigual acceso a la justicia de los ciudadanos.
Es imposible llevar una política de seguridad pública sin tener contacto con la política social. La alternativa es jerarquizar al Ministerio de Seguridad para que lidere la articulación con las otras dependencias gubernamentales, superando las disputas interministeriales que imposibilitan la toma de decisión. Con los múltiples recursos que se derivan de esa coordinación, orientados exclusivamente a disminuir los niveles de violencia, el Gobierno puede diseñar una agenda de intervención interdisciplinaria en los barrios carenciados o vulnerables, que si está bien implementada y no basada en la lógica asistencialista, permite la pronta disminución de la tasa de violencia en el área.
Gestionar con adecuadas herramientas metodológicas los foros y consejos departamentales de seguridad, para evitar que se degraden en centros de catarsis colectivos. El poder político debe conducir el proceso de participación comunitaria en los temas de seguridad, involucrando al vecino en la problemática, diagnóstico, implementación y control. Las víctimas necesitan espacios ordenados y planificados para que sean escuchadas y sus reclamos atendidos.
Hay que reciclar el sistema de inteligencia criminal, desde el modo de incorporación de los datos hasta la manera en que se controla y analiza la información entre las distintas unidades, dotando de mayor autonomía a las unidades operativas, con la finalidad de que también se conviertan en centros de producción de inteligencia. La inteligencia criminal nos alertará sobre la criminalidad provincial y sus matices, cómo cambia, cómo se desplaza, y a partir de entonces se puede diseñar un programa idóneo para responder a estas características concretas y no según recetas vagas e importadas.
Debe crearse una Defensa Pública autónoma, independiente del Ministerio Público Fiscal, por la sencilla razón de que la acusación y la defensa son ministerios totalmente independientes. Además, si la mayor clientela de la justicia penal son pobres, la institución que los recibe debe ser fortalecida en recursos humanos, materiales y normativos, caso contrario se continúa convalidando el desigual acceso a la justicia de los ciudadanos.
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