YPF: Carrió pidió la indagatoria de Cristina Kirchner, Kicillof, De Vido y Zannini por "maniobra fraudulenta"
Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de vaciar YPF y beneficiar a Repsol y el Grupo Eskenazi en perjuicio del Estado.
En plena disputa judicial por la causa YPF, Elisa Lilita Carrió pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros exfuncionarios, a quienes acusa de haber participado en una “maniobra fraudulenta” que derivó en el vaciamiento y la expropiación ruinosa de la petrolera.
La líder de la Coalición Cívica también solicitó que se llame a declarar al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, y del exprocurador general del Tesoro Carlos Zannini, apuntados de diseñar una maniobra “para beneficiar a Repsol, al Grupo Eskenazi y a los Kirchner”, junto a la expresidenta y el exministro de Economía.
Te Podría Interesar
En un escrito, Carrió entregó una copia del acuerdo entre empresas del grupo Petersen de España y una firmada de Burford Capital, que compró los derechos litigiosos a Petersen Energía, del Grupo Eskenazi. “Ese acuerdo les asegura el 30% de una eventual sentencia favorable. De ese porcentaje, Repsol podría cobrar hasta USD 4.000 millones más como acreedor en la quiebra”, subrayó.
La exdiputada sostuvo que el acuerdo suscripto en 2014 por Repsol con “el Estado argentino por casi USD 10.000 millones (entre capital e intereses)” y encendió las alarmas al señalar que, de ejecutarse la sentencia Loretta Preska en EE.UU., volvería a cobrar por tercera vez, ahora a través del negocio con Burford.
En tanto, sugirió a Lijo que libre un nuevo oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en relación al estado de trámite del exhorto librado al Reino de España el 12 de febrero de 2019 sobre la forma que Burford compró la quiebra de las empresas de Eskenazi.
La denuncia de Lilita Carrió sobre el fraude en YPF
Carrió insistió con que, como viene señalando “desde hace años, detrás de Repsol se encontraban intereses de poderosos grupos financieros, entre ellos La Caixa y Banco Santander, así como vínculos con el gobierno español del Partido Popular”.
En ese marco, argumentó que entre 2008 y 2011, en medio de una relación política “estrecha” entre el Gobierno nacional y Repsol, “se concretó una operación de transferencia de un 25% del capital accionario de YPF S.A. al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi”.
“El financiamiento íntegro de la adquisición accionaria por parte del Grupo Petersen fue sostenido sobre una proyección irreal y abusiva de distribución de dividendos futuros, con garantía cruzada otorgada por la propia Repsol”, remarcó.
“Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del gobierno nacional de entonces, que promovió esta estructura fraudulenta, desprotegiendo al Estado y actuando como garante informal de una maniobra privada que terminó en juicio internacional contra la Argentina”, sentenció Carrió al respecto en su cuenta de X, donde dio a conocer su acción judicial.
Según Carrió, todos estos hechos se encuentran sobradamente acreditados en la causa y “el dolo de sus conductas surge como evidente y sus responsables debieran ser llamados a prestar declaración indagatoria sin más dilaciones, considerando la gravedad institucional del caso, para que brinden explicaciones sobre todos los actos por los que han sido imputados desde hace casi 20 años”.
Lilita Carrió puso bajo la lupa a los exfuncionarios K
Entre otros puntos, Carrió recordó que Carlos Zannini, como Procurador del Tesoro, abandonó el proceso de discovery en EE.UU. que buscaba revelar quiénes estaban realmente detrás de la demanda multimillonaria contra nuestro país.
“Esta omisión no solo implicó el abandono de una herramienta procesal idónea para identificar a los beneficiarios finales de los reclamos indemnizatorios contra el Estado argentino, sino que podría configurar una conducta jurídicamente reprochable en tanto compromete los deberes de diligencia y defensa del patrimonio público a cargo del Procurador del Tesoro”, afirmó en su escrito.
El dato que faltaba documentar en la causa, “surge de la firma del contrato de compra de derechos litigiosos por parte de Burford Capital, vía Prospect Investments, celebrado en España el 4 de marzo de 2015 con Petersen Energía y Petersen Inversora, del grupo Eskenazi”.
“La clave surge del propio texto del acuerdo que se adjunta en copia simple, que establece que Prospect Investments LLC, sociedad vinculada al fondo Burford Capital, asume la financiación y conducción del reclamo judicial iniciado contra la República Argentina en los tribunales de los Estados Unidos”, subrayó Carrió.
En ese marco, la dirigente de la Coalición Cívica fue contundente en sus redes: “No fue negligencia. Fue encubrimiento institucional desde el Estado”, disparó.
