Ruta del dinero K: quiénes son los dos mendocinos condenados junto a Lázaro Báez
Este jueves la Corte Suprema de Justicia dejó firmes los fallos en segunda instancia de la Justicia en la causa que tuvo a 16 condenados.
Este jueves la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas impuestas en el caso conocido como la "Ruta del Dinero K", al rechazar diversos planteos que presentaron el empresario kirchnerista Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, y 15 condenados más.
Entre ellos, se encuentran dos mendocinos, a quienes el máximo tribunal de Justicia de la Nación también les rechazó sus planteos mediante recursos extraordinarios federales.
Uno de ellos es Juan Alberto De Rasis, condenado a cuatro años y medio de prisión y multa de cuatro veces el monto de las operaciones por resultar partícipe necesario y que la Corte falló en contra de su presentación esta semana.
El otro mendocino es Martín Andrés Eraso, que ya había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión con una multa de dos veces el monto de las operaciones por resultar partícipe necesario; y el año pasado, en junio del 2023, la Corte Suprema también había fallado en su contra por un recurso extraordinario federal.
Condenados
Lo cierto es que ambos empresarios quedaron envueltos y con condenas firmes por el máximo tribunal por una de las causas más fuertes contra el kirchnerismo.
En la llamada "Ruta del dinero K" se investigó y se probó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre del 2010 y abril de 2013, realizó maniobras de lavado de activos derivados principalmente, del manejo de la empresa que dirigía Lázaro Báez (Austral Construcciones), a través de la financiera SGI, "mediante la utilización de un entramado jurídico, societario y bancario en el país y en el exterior, que logró la expatriación de fondos de origen ilícito provenientes de sobreprecios en la obra pública y evasión de impuestos", y su posterior reingreso por un total de U$S 54,8 millones.
Tanto Eraso como De Rasis habían sido condenados en primera instancia el 26 de febrero del 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 4. Luego, el 28 de febrero del 2023, fueron condenados en segunda instancia por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Llegado el caso hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Ramón González y Mariano Lozano, desestimó los planteos. De esta manera, las condenas quedaron firmes.
Por otro lado, Rosenkrantz indicó, en disidencia, que correspondía dar intervención al Procurador General de la Nación, como es usual en estos casos en los que los recurrentes invocan la violación de garantías constitucionales (art. 2°, incisos a y b, ley 27.148). El voto de Rosenkrantz no indica que le habría revocado la condena ni adelanta ninguna opinión, sino que se limita a pedir que dictamine el Procurador General de la Nación antes de decidir sobre el fondo de la causa.
Los mendocinos de la Ruta del dinero K
Como surgió en su momento, De Rasis y Eraso son exempleados del banco suizo Lombard Odier. Ambos participaron, según la investigación del juez federal, Sebastián Casanello, de maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez. De hecho, el empresario había quedado bajo investigación judicial por irregularidades en contratos de la obra pública durante las gestiones kirchneristas.
De Rasis (jefe de Eraso), es licenciado en Ciencias Económicas y especializado en el área financiera, mientras que Eraso se desempeñó como representante en la Argentina del Lombard Odier y participó, según informó Infobae en 2019, de los trámites necesarios para la apertura de una cuenta bancaria que estaba a nombre de los cuatro hijos de Báez.
En aquella nota se sostuvo que mientras trabajaba en el Lombard Odier, Eraso "le armó cuentas a los Báez en otros bancos porque en el suyo se dieron cuenta quién estaba detrás de los fondos". Eso mismo esgrimió Casanello en su resolución con la que los procesó en mayo del 2018.
Pero además, agregó que “efectuó un aporte necesario para que el entorno de Báez ostente los vehículos societarios para asumir la titularidad de cuentas bancarias, con el objeto de mantener ocultos a los verdaderos dueños de los fondos que allí se dirigieron”.