Polémica por la validez del protocolo antipiquetes : la postura de organismos de DD.HH.

El conflicto judicial en torno al protocolo antipiquetes sumó el martes un nuevo capítulo que profundizó la disputa política y legal entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos. La Justicia habilitó al Poder Ejecutivo a apelar el fallo que había declarado la nulidad de la medida, pero la decisión reabrió un debate central: qué norma rige mientras el caso se define en instancias superiores.

Desde la mirada del Ejecutivo, la concesión del recurso de apelación implica que el protocolo para el mantenimiento del orden público continúa operativo. Funcionarios del Gobierno interpretaron que la medida no queda suspendida y que puede seguir aplicándose mientras se tramita la revisión judicial, una postura que fue comunicada públicamente como una victoria institucional.

Qué opinan los organismos de derechos humanos

Sin embargo, los impulsores del amparo sostienen una lectura opuesta. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales explican que el núcleo del asunto no está en la apelación, sino en la vigencia de la sentencia ya dictada. Según ese criterio, el fallo que declaró nulo el protocolo mantiene plena validez hasta que una cámara lo revoque, ya que la concesión de un recurso no anula ni suspende automáticamente los efectos de una resolución judicial.

En ese marco, remarcan que el juez actuó conforme a derecho al conceder la apelación solicitada por el Gobierno, pero que esa decisión no borra ni neutraliza la nulidad ya declarada. Para estos sectores, el protocolo quedó sin sustento legal porque invade facultades legislativas y afecta derechos constitucionales, y esa conclusión judicial sigue vigente mientras no exista un pronunciamiento en sentido contrario.

La reacción del Gobierno no tardó en llegar. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró públicamente la decisión judicial y sostuvo que el protocolo seguirá aplicándose como herramienta central para garantizar el orden público. En la misma sintonía se expresó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien reafirmó que la normativa continúa activa pese a la controversia judicial.

El fallo que dio origen al conflicto había sido dictado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11. En esa resolución, el magistrado hizo lugar a un amparo colectivo y declaró la nulidad de la Resolución 943/2023, al concluir que el Ministerio de Seguridad no cuenta con atribuciones para restringir derechos constitucionales mediante disposiciones administrativas.

Esa decisión fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y por distintos espacios sindicales, que interpretaron el fallo como un límite institucional a la política de seguridad del Gobierno. Para esos sectores, la sentencia reafirmó que el respeto por las libertades públicas no puede quedar supeditado a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

Con la apelación en curso, el escenario queda atravesado por una tensión abierta entre la lectura política del Gobierno y la interpretación jurídica de quienes cuestionan el protocolo. Desde estos últimos advierten que la obligación estatal de cumplir la ley y respetar las decisiones judiciales no se suspende por el solo hecho de apelar un fallo, y que cualquier aplicación del protocolo en este contexto se realizaría bajo exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Hasta que la Cámara se pronuncie y defina si confirma o revoca la nulidad, el expediente seguirá marcando un punto de fricción central entre seguridad, derechos constitucionales y el alcance del poder administrativo del Estado.