Los intendentes se suman al ordenamiento del piedemonte

Hoy, las cuatro comunas involucradas en el reordenamiento de esa zona -Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital- se sentaron a la misma mesa con el secretario de Ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, para avanzar en una política en común que lleve tranquilidad a los actuales habitantes y siente las bases para un crecimiento ordenado. 

redacción mdz

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La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, encabezada por Humberto Mingorance, avanza con su plan de poner en caja el desordenado crecimiento de los emprendimientos en la zona del piedemonte.

El primer y significativo paso fue suspender todos los emprendimientos inmobiliarios y cualquier construcción que se encuentre en evaluación de impacto ambiental en el piedemonte del área metropolitana. Para esto fue clave el decreto que lleva la firma del gobernador, Alfredo Cornejo, declarando el estado de emergencia ambiental de esta zona en particular.

Hoy, Mingorance se reunió con los intendentes cuyas comunas son alcanzadas por la medida gubernamental. Junto a los mandatarios comunales Omar De Marchi, Daniel Orozco y Tadeo García Zalazar y sus equipos técnicos coordinaron políticas de orden y control en toda el área involucrada.

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Para el funcionario de Cornejo, "esto permite transmitir tranquilidad a todos los vecinos y seguir trabajando ordenadamente en el territorio".

Tras la reunión, el lujanino De Marchi destacó que "hay miles de familias que esperan la ejecución de la infraestructura básica. Luján ya tiene su plan de desarrollo, queremos avanzar".

Los municipios de Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital son los que conforman esta área en términos políticos y administrativos. Si bien hubo unos cuantos intentos para encarar una planificación en términos integrales, considerándolo una unidad ambiental, hasta ahora no se logró una política en común.

Por esta razón, con el reciente decreto se apunta ahora a concretar una planificación consensuada para avanzar hacia una urbanización controlada. El freno a una urbanización a demanda, que no contempla los riesgos aluvionales, biológicos y los servicios básicos, fue una primera medida como para empezar casi desde cero ese postergado trabajo en conjunto entre las comunas involucradas y el gobierno provincial.

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