Las 5 condiciones que puso el Consejo de Ambiente al proyecto San Jorge

El Consejo Provincial de Ambiente (CPA) dio a conocer su evaluación sobre el proyecto San Jorge. Señalan que su viabilidad está supeditada al cumplimiento de exigencias técnicas y ambientales. El informe, resultado del análisis interdisciplinario de más de 15 organismos, establece un marco de condiciones para minimizar los impactos sobre los recursos naturales y las comunidades de la región.

El documento destaca como prioridad fundamental la protección del sistema hídrico, particularmente del Arroyo El Tigre, para lo cual exige la implementación de un programa integral que incluya estudios actualizados, monitoreo en tiempo real y un balance hídrico certificado. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del recurso tanto para las operaciones mineras como para los ecosistemas circundantes.

Condiciones técnicas y ambientales para la viabilidad del proyecto San Jorge

En materia ambiental, el CPA enfatiza la necesidad de fortalecer la línea base con mediciones continuas y metodologías estandarizadas para agua, aire y biodiversidad. Asimismo, plantea la urgencia de desarrollar modelos predictivos que permitan anticipar el comportamiento de posibles contaminantes y su dispersión en el ambiente altoandino.

El aspecto geológico recibe especial atención, con requerimientos específicos para gestionar riesgos asociados a la erosión, la estabilidad de depósitos de colas y la interconexión entre aguas superficiales y subterráneas. El informe subraya la obligatoriedad de presentar un proyecto detallado de impermeabilización para las áreas de relaves, junto con protocolos estrictos para el manejo de residuos peligrosos.

En el plano sociocultural, las recomendaciones incluyen la realización de una evaluación exhaustiva del impacto sobre el Qhapaq Ñan -sitio declarado Patrimonio Mundial- y el establecimiento de procesos de consulta previa con comunidades indígenas, conforme a los estándares internacionales. El CPA también insta a implementar mecanismos de participación ciudadana y monitoreo conjunto con organizaciones locales.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Consejo propone un sistema de auditorías periódicas y la constitución de garantías financieras que cubran potenciales contingencias durante todas las fases del proyecto, incluyendo el cierre y post-cierre de las operaciones.

Si bien el documento reconoce el potencial económico de la iniciativa, advierte que su aprobación final por parte de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental (CEIAM) dependerá estrictamente de que la empresa proponente incorpore todas las observaciones formuladas. Esta decisión se enmarca en el contexto de la política ambiental mendocina, que en los últimos años ha buscado equilibrar el desarrollo productivo con la preservación de sus frágiles ecosistemas áridos.

Organizaciones de la sociedad civil han valorado el rigor técnico del informe, aunque anunciaron que mantendrán una actitud vigilante durante el proceso de implementación. Por su parte, representantes del sector minero destacaron que las recomendaciones del CPA proporcionan "un camino claro para desarrollar operaciones responsables en la provincia".