La pelea por la supervivencia política y el día "D" del plan minero de Cornejo
Los partidos políticos accionan por su supervivencia en Mendoza, antes que por ambición de cambio. Llega la hora de San Jorge y se pone a prueba la pericia política y de gestión de Cornejo.
En la política mendocina hay más resignación que convicción. Es un problema, pues se trata de un motor de baja potencia para proyectar a futuro: accionan más por instinto de supervivencia que por ambición de cambio, de poder y transformación.
El oficialismo mantiene el nombre Cambia Mendoza más como recuerdo de la etapa fundadora de un proyecto de poder que está en reformulación, luego del acuerdo pragmático con La Libertad Avanza que les garantiza un éxito a corto plazo, con dudas hacia el futuro. El peronismo, peor aún, anuncia un oxímoron como bandera: hay unidad, dicen, pero necesitaron prorrogar 60 veces los plazos y de sacarse las tripas con peleas detrás de escena. Tendrán una sola lista que más que unidad es una forma de sobrevida en un partido roto.
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La agenda política es tan urgente que octubre es el futuro, aún cuando las consecuencias de las decisiones de hoy se vivirán mucho más adelante. Por eso en Cambia Mendoza se animan a asegurar sin tapujos que “fue un buen acuerdo” lo firmado por Alfredo Cornejo y Karina Milei, donde La Libertad Avanza tendrá más espacios de los que hoy puede llenar con dirigentes propios. Cambia Mendoza es un frente político con arraigo urbano, surgido en base a la mala gestión peronista y a la bronca “anti k” de hace una década. Tiene en la clase media su principal bastión, sector oscilante y epidérmico para decidir y reaccionar. La misma clase media que votó a la izquierda en Chacras y que halló en Milei a su principal representante. Por eso, entienden con números en la mano, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza comparten electorado. En esa idea, el sector fundado por Cornejo juega de punto por el desgaste, aunque maneja la banca en la Provincia.
Es octubre y no mucho más allá. El oficialismo local busca garantizar ese paso electoral sin sobresaltos, mientras espera: saben que aunque la macroeconomía funcione, la vida cotidiana de los mendocinos es durísima, aunque no genera reacción. La delicada línea en la que se mueven con la nueva alianza divide el acuerdo de la obsecuencia, la conveniencia electoral, con la condescendencia perjudicial para la provincia.
El día D minero
El foco político está puesto en las urgencias electorales que hacen, como se dijo, a la supervivencia. Pero en el horizonte cercano hay un tema que resalta y que pone en relieve gran parte de la política estructural del segundo mandato y los 10 años en el poder de Alfredo Cornejo. El próximo sábado comienza la audiencia pública para poner en discusión San Jorge, el proyecto para extraer cobre de Uspallata que tendrá su segunda oportunidad. Sí, ese emprendimiento fue rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, pero es San Jorge, el mismo que fue rechazado por la Legislatura en 2011.
La audiencia no es vinculante y, dado el contexto, es una instancia devaluada; pero sí tiene influencia desde lo político. En el primer intento de San Jorge la audiencia fue altamente negativa por la cantidad de objeciones que surgieron que luego fueron tomadas en los dictámenes. Ahora el camino es distinto y en Uspallata estarán en juego más las estrategias que los argumentos. La extraña decisión de hacer la audiencia en un predio privado y que es propiedad del proponente no tiene antecedentes. Esa idea busca dispersar la posibilidad de que haya protestas. La audiencia en sí se dispersará en el tiempo, pues durará al menos una semana.
Ese hito no es el fin del proceso, pero sí un paso relevante en la exposición pública de un proyecto que ha transitado por la vía rápida administrativa y política. Ese proyecto para extraer cobre es el hito real que Cornejo busca dejar, tras la repercusión menos explosiva de lo esperado del Distrito Minero Malargüe. En Mendoza hubo más cambios en la política que en el proyecto San Jorge, que no tiene variantes relevantes desde que fue rechazado en 2011 por los mismos protagonistas que hoy lo impulsan. El Gobierno está dispuesto a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental para que la Legislatura lo apruebe antes de fin de año, en lo que sería un récord y también le dejaría a Cornejo la victoria política. Ese sería el primer paso para concretar el primer proyecto de la era del cobre en Argentina. Luego las empresas tendrán que hacer el trabajo fino y concretar parte de lo que prometieron.
La factibilidad, las más de 100 correcciones que desde distintos organismos hicieron, incluyendo el reconocimiento de las autoridades: la empresa insiste en que es “dueña” del agua, aunque desde el Departamento General de Irrigación advirtieron que deben pedir autorización porque el agua es un bien público más allá de que el arroyo El Tigre nazca y muera en el territorio de San Jorge (que es dueño de las concesiones y el terreno). No es un dato menor, pues Irrigación pone el foco en el poder de policía sobre el recurso hídrico y es uno de los pocos frenos que ha tenido la actividad en el reimpulso que le dio Cornejo. Antes, por ejemplo, se bajaron de rango todos los organismos que tienen algún poder de control. Ambiente quedó subordinado a la idea de “hacer y luego controlar”, con un particular bajo perfil.
Bajo los pomposos anuncios de inversiones hay soterrado otro concepto olvidado, algo que suele ocurrir en tiempos de crisis: que el desarrollo no puede ser a cualquier precio y que la económica no es la única ganancia posible. El propio San Jorge y el Gobierno deberán negociar el hilo fino del proyecto: regalías (hasta 3% del valor boca de pozo), impuestos provinciales, si se agrega o no un fondo socioambiental, inversión en infraestructura, si se cobra alguna plusvalía. Antes, el proyecto va a tomar la senda hacia la Nación para ser incorporado en el RIGI, es decir el plan de beneficios para las grandes inversiones que ya tiene a YPF como principal beneficiario y al que por ahora la minería le repele. Ninguno de los grandes proyectos de cobre aún ha sido incorporado al régimen.
Por la escala del proyecto, Mendoza podría tener el primer proyecto de cobre en producción. Los gigantes de San Juan van a tardar en entrar en producción y hasta comenzaron a tener dificultades por compartir intereses con Chile.
El proceso de extracción es complejo, pero altamente conocido, pues se emplea en Chile y todo el mundo. "El PSJ contempla la extracción a cielo abierto de minerales del depósito San Jorge, y su posterior procesamiento para la obtención de concentrado de cobre con contenidos de oro a través de procesos de trituración, molienda, concentración por flotación, filtración y secado, para su posterior acopio y despacho a refinerías que lo convertirán en metal", resume la empresa. La vida útil de la mina está pensada en 16 años, pero puede extenderse por posteriores planes de exploración. "El PSJ es un depósito de óxidos y sulfuros de cobre y de oro, con una ley media de 0,47% de cobre y 0,191 g/t de oro. El producto resultante será un concentrado de Cu y Au con una concentración promedio del 25 % de Cu. Existen 41 Mt de mineral oxidado el cual, por los condicionantes de la Ley N° 7722 de la provincia de Mendoza, es tratado como estéril, que junto con el material estéril propiamente dicho y el de baja ley, contabilizan un total de 292 Mt a disponer en sectores de acopio denominados escombreras", resumen.
San Jorge será una mina “chica”, comparada con otras, pero con un alto impacto para Mendoza porque no hay antecedentes recientes de minería metalífera. La última experiencia es la de Sierra Pintada, mina que fue sacada de producción por el gobierno de Carlos Menem. Será una mina a cielo abierto, con el sistema de flotación para producir concentrado de cobre. La ley 7722 prohíbe la lixiviación con ácido sulfúrico, por lo que el mineral oxidado no será tratado por ahora y quedará almacenado en una escombrera.
La inversión necesaria es de 462 millones de dólares para la etapa de construcción, 81 millones de dólares para la etapa de operación y 16 millones de dólares para el cierre y post cierre. No es una sociedad que cotice el bolsa, por lo que los dueños (Zonda Metals y el Grupo Alberdi) tienen o deben conseguir por su cuenta los 559 millones de dólares.
El impacto en la economía y la vida mendocina puede ser, como ocurre en la minería, paulatino y mesurado. Allí está otra de la claves de la sustentabilidad del discurso oficialista: despejar la idea de salvación mágica con una sola actividad. La minería es una industria de larguísimo plazo, que requiere confianza, seguimiento y una presencia de las autoridades de aplicación enorme. Presencia que, como dueños de los recursos, requiere tomar distancia para defender el bien común. El impacto es distinto al de la industria petrolera, a la que Mendoza estaba acostumbrado y hoy extraña. Justamente allí hay otra transformación. En el Gobierno ironizaban al recorrer el parque solar El Quemado sobre la salida de YPF de Mendoza. “Hay titulares que mencionan que YPF se va”, decía irónicamente la ministra Jimena Latorre, que simplifica una realidad mucho más compleja. En concreto YPF sí se retiró del upstream convencional en Mendoza y lo hará de manera acelerada con lo poco que le queda. Lo hace con la idea de invertir solo en Vaca Muerta y con el objetivo de maximizar utilidades económicas en esa empresa. Sí invirtió más de 200 millones de dólares en el parque solar que será manejado desde Puerto Madero y en la ampliación de la refinería de YPF, que podrá procesar más petróleo de vaca muerta para producir gasoil de bajísimo contenido de azufre.
Las dificultades de la industria petrolera que hoy vive Mendoza son producto de la geología y de la herencia nociva que tuvo la alta dependencia de YPF en las últimas 2 décadas, sumado a las malas decisiones en muchas de las concesiones que se otorgaron y que fueron en beneficio del negocio inmobiliario antes que productivo. En Malargüe hay una punta de esperanza en el acotado plan de YPF para hacer la segunda etapa de exploración en Vaca Muerta y lo que hará desde 2027 en Cañadón Amarillo, un área vecina, la UTE Quintana y TSB. Allí hay más de 40 millones de dólares de inversión comprometidos para el no convencional.