La otra cara del acceso gratuito a la Justicia de Familia

El servicio de justicia gratuita de familia en crisis. Con ese lema han comenzado a autoconvocarse las abogadas Ad Hoc de la provincia de Mendoza. En concreto, reclaman que el monto que perciben por expediente terminado no ha variado desde el 2015 y que la situación económica es insostenible. Se trata, ni más ni menos, que de los abogados que se encargan de asesorar a las víctimas de violencia de género que se comunican al 0800 u otros trámites sensibles como tenencias de menores, pago de alimentos, etc.

El cuerpo de patrocinio gratuito fue creado en en 1999 y está integrado en un 99% por mujeres. "Nos pagan 1.600 pesos por expediente terminado lo que representa un sueldo mensual de 15 mil pesos", manifestaron. En realidad, el monto final está ligado a la productividad y depende de la cantidad de expediente el monto que perciben las abogadas, pero más allá de eso afirman que el promedio es el antes mencionado.

"Facturamos como monotributistas, atendemos en nuestro estudio y vamos a juzgados con nuestra movilidad. No tenemos servicio de salud ni aportes jubilatorios y nosotros pagamos la caja forense", explicó una mujer que desde el año 2006 se desempeña como abogada Ad Hoc. En este sentido, el enojo radica en que desde el 2015 no se actualiza el monto que perciben por expediente y sus salarios ya no alcanzan.

"Se escudan diciendo que no tenemos el título bloqueado para llevar otras causas, pero lo cierto es que no queda mucho tiempo para eso", subrayan.

"Estamos a disposición mañana y tarde sin tener licencias. Hoy estamos a fines de marzo y todavía no cobramos febrero. Por todo eso entendemos que la gratuidad del acceso a la Justicia se está garantizando a costa nuestra", remarcó la abogada.

La situación fue reconocida por el juez de la Corte Mario Adaro, quien reconoció el atraso que existe en la remuneración por las prestaciones que brindan los abogados ad hoc. "No solo llevan adelante casos de violencia de género sino que hacen una tarea importante en derecho de familia", admitió Adaro pero expresó que la actualización salarial que piden requiere disponibilidad presupuestaria.

"Tenemos una limitación legal y presupuestaria para actualizar la remuneración de estos abogados que hacen una tarea muy importante", sostuvo el juez.