La Legislatura autorizó el nuevo destino que tendrá la ex playa San Agustín
Se autorizó la transferencia de más de 11 hectáreas al IPV para la construcción de viviendas sociales en la Ciudad de Mendoza.
Tras años funcionando como predio para secuestro de automóviles y un incendio en 2023, la ex playa San Agustín avanza hacia su transformación en un barrio con viviendas, servicios e infraestructura.
ALF PONCE MERCADO / MDZEl Senado provincial dio sanción final este martes el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir, mediante donación, los terrenos de la ex Playa San Agustín al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de avanzar en la construcción de viviendas sociales.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
La norma habilita la transferencia de una fracción de aproximadamente 11 hectáreas y 7.077 metros cuadrados, donde históricamente funcionó el depósito de vehículos retenidos y judicializados.
En la sesión se recordó que los bienes inmuebles de propiedad de la Provincia sólo pueden ser transferidos mediante autorización legislativa expresa, por lo que la sanción de esta ley constituye un paso para concretar el proyecto habitacional previsto para el lugar.
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Viviendas del IPV en los terrenos de la playa San Agustín
El destino exclusivo de los terrenos será la construcción de viviendas sociales a cargo del IPV. En una primera etapa se prevé la ejecución de 56 unidades habitacionales de 56 m2, con dos dormitorios, mientras que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza participará en las obras de urbanización y financiará, en los casos que corresponda, la construcción de un tercer dormitorio.
El proyecto habitacional surge a partir del proceso de recuperación del predio impulsado tras el incendio ocurrido el 16 de septiembre de 2023, cuando el fuego afectó más de 26.000 vehículos almacenados en el lugar, provocó daños en viviendas cercanas y obligó a evacuar a numerosas familias de la zona.
Tras el siniestro, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza llevaron adelante tareas de saneamiento, descontaminación y compactación de más de 28.000 vehículos, permitiendo liberar los terrenos para su reutilización con fines sociales.
Durante el análisis de la iniciativa en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la diputada Beatriz Martínez, autora del proyecto, explicó que la transferencia resulta necesaria para que el IPV pueda ejecutar las obras habitacionales, ya que actualmente los terrenos pertenecen al Estado provincial y deben inscribirse a nombre del organismo responsable de la construcción.
La legisladora también repasó los antecedentes jurídicos del inmueble y señaló que, tras una revisión de la documentación histórica, se constató que no existía una afectación formal de los terrenos a favor de la Policía de Mendoza. Según indicó, un decreto de junio de 1972 únicamente autorizó el uso del espacio para la guarda de vehículos, situación que se mantuvo durante décadas.
El proyecto urbanístico contempla la construcción de alrededor de 200 viviendas en dos etapas. La primera ya se encuentra licitada y será ejecutada a través del programa Mendoza Construye. De acuerdo con lo informado, una vez concluido el proceso administrativo de transferencia del inmueble, podrán iniciarse las obras, cuya ejecución demandará aproximadamente 14 meses.