Envían a juicio a los miembros de "Revolución Federal" y sobreseyeron a los hermanos Caputo por su presunto financiamiento
El juez Martínez De Giorgi cerró la investigación contra los 5 integrantes por incitación a la violencia y amenazas. En otro fallo, el magistrado desvinculó a Nicolás, Pascual y Rosana Caputo de haberles pagado por sus mensajes de provocación y odio.
El magistrado federal Marcelo Martínez De Giorgi dio por clausurada la investigación contra cinco integrantes de “Revolución Federal” y envió el expediente a instancia de debate para que se sortee el tribunal que tendrá a cargo el juicio por los hechos que se les atribuyen durante sus actividades en 2022. La decisión alcanza a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Nilda Sabrina Basile, hija del técnico Alfio "Coco" Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Lidia Margarita Casciano, esta última conocida como “Dali Revolución”.
La causa investiga el funcionamiento de la agrupación de ultraderecha que comenzó a actuar públicamente en mayo de 2022. De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso MDZ, Morel y Sosa organizaron el grupo y Basile y Guerra participaron de sus actividades. Para el juzgado, el objetivo era imponer determinadas ideas y combatir las contrarias mediante “la fuerza o el temor”, utilizando redes sociales, medios de comunicación y manifestaciones públicas para difundir mensajes intimidantes y violentos contra integrantes del entonces Gobierno y sus seguidores.
La investigación también avanzó a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el expediente. Según el juez, allí aparecieron conversaciones con terceros que se destacaron por “su especial virulencia y capacidad de ejecución del mal amenazado”. Esos mensajes derivaron en la imputación de Lidia Casciano, quien fue procesada en febrero de 2025 y cuya situación fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal.
En paralelo, Morel quedó involucrado en otros episodios de amenazas contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi. Durante 2022, Revolución Federal ganó notoriedad por sus movilizaciones y por el uso de símbolos como antorchas y una guillotina.
La acusación del fiscal Gerardo Pollicitta describió una dinámica de organización a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, mientras que entre los episodios atribuidos a Morel aparecen amenazas dirigidas a dirigentes políticos y al periodista Víctor Hugo Morales.
En otro fallo vinculado al mismo expediente, Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, a quienes se los investigaba por el presunto financiamiento de Revolución Federal a través de diversos trabajos de carpintería atribuidos a un emprendimiento de Jonathan Morel.
La pista sobre una posible financiación surgió de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó transferencias por más de $6,5 millones desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por la empresa Caputo Hermanos S.A., hacia cuentas de Morel y personas de su entorno. El dato motivó a la querella encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y la de Juan Grabois a sostener que detrás de los pagos se escondía un esquema para sostener económicamente a la agrupación, por entonces también sospechada de haber instigado el intento de homicidio a la exmandataria.
Para los abogados de la expresidenta, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, resultaba inverosímil que una carpintería pequeña y sin trayectoria, radicada en Boulogne, hubiera sido contratada por un grupo económico de peso para amueblar un edificio a más de 1.200 kilómetros de distancia, en Neuquén.
Flavio Caputo, presidente del directorio de Caputo Hermanos S.A., se presentó espontáneamente en la causa junto a su abogado, Matías Cúneo Libarona, y aportó documentación de más de 250 proveedores habituales de la empresa, facturas, fotografías y constancias de entrega e instalación de los muebles. También se incorporó el testimonio de un empleado de la firma, quien describió el circuito de aprobación de presupuestos y sostuvo que la relación comercial con Morel fue real.
Tras analizar la prueba junto con las declaraciones indagatorias de los imputados originales y una extensa batería de medidas como informes bancarios, pericias contables, entre otros, el juez concluyó que no había sustento para avanzar con una imputación penal contra los Caputo.
