Entre los bienes de la política sindicalista y la realidad de la familia docente

La reciente homologación de la paritaria educativa en Mendoza no es un motivo de celebraciones. Es la confirmación de un sistema que se alimenta de la urgencia de sus propios trabajadores para sostener privilegios ajenos. Bajo el amparo de una paritaria firmada este 1 de julio de 2026, la cúpula del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Gobierno provincial han vuelto a escenificar un acuerdo que, lejos de dignificar la labor docente, perpetúa una realidad de subsistencia adornada con parches temporales.

El aumento anunciado del 7% para agosto y el 4% para noviembre es una burla matemática. Al calcularse de forma fija sobre los haberes de junio, el incremento nace muerto frente a la inercia inflacionaria. La inclusión de bonos por útiles e indumentaria en tres cuotas no es más que la profundización de la precarización salarial: sumas "en negro" que alivian el mes pero vacían las futuras jubilaciones y el aguinaldo. Es la política del parche, el aplauso fácil para ocultar el deterioro real del poder adquisitivo.

Sin embargo, el dato más obsceno de esta puesta en escena es la persistencia de la "cuota solidaria". Que un docente con hasta 11 años de antigüedad deba conformarse con un piso garantizado de $835.082 de bolsillo, mientras el sindicato recauda cerca de $300 millones de pesos mensuales mediante un descuento compulsivo del 1% a los no afiliados, expone una asimetría moral intolerable. Más de 38.000 educadores independientes son obligados a financiar una estructura gremial en la que no creen y que no los representa, bajo el pretexto de que deben "pagar" por los supuestos beneficios obtenidos.

¿En qué se emplea esa fortuna? En mantener seccionales, financiar logísticas de plenarios y sostener complejos recreativos. En definitiva, en robustecer el aparato político del gremio. Mientras las escuelas carecen de recursos mínimos y el sueldo de un maestro con más de 30 años de servicio apenas araña los $878.982, la corporación sindical se asegura ingresos multimillonarios garantizados por el mismo Estado que ajusta a los docentes.

La resistencia de las bases ya no se da solo en los paros, sino en los escritorios, a través de notas de rechazo y amparos judiciales que reclaman la libertad de no aportar a este engranaje. La paritaria actual ha dejado de ser una herramienta de justicia social para convertirse en un gran teatro de sombras. Un circo costoso, financiado con el sudor de los trabajadores de la educación, que exhibe grandes estructuras pero sigue dejando las mesas de los docentes sin el pan que merecen.