El CELS pidió penas de hasta ocho años de prisión para los acusados de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra
Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales cerraron su alegato en el juicio por la trama de sobornos y manipulación judicial que intentó librar al sindicalista José Pedraza de su condena por el asesinato del joven militante.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) finalizó su alegato como querellante en el juicio oral por el encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra y reclamó condenas de entre cuatro y ocho años de prisión para los cuatro acusados.
Los abogados Tomás Griffa y Delfina Yadó, que representan a la querella de la familia del Ferreyra asesinado en octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria, sostuvieron que a lo largo del juicio se logró reconstruir con pruebas una trama de sobornos y manipulación judicial que involucró a un exmagistrado federal, un espía, directivos sindicales y un empleado con acceso al sistema informático de sorteos de causas.
Te Podría Interesar
En ese marco, los letrados del CELS reclamaron a los magistrados Gabriela López Iniguez, Sabrina Namer y Nicolas Toselli que el exjuez federal Octavio Aráoz de Lamadrid cumpla 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, por considerarlo el puente entre el espía Juan José Riquelme y el juez Eduardo Riggi, con quien había compartido trece años de trabajo y una relación de cercanía. Para el contador de la Unión Ferroviaria, Ángel Stafforini, y para Luis Ameghino Escobar, el prosecretario administrativo que habría manipulado el sistema de sorteos de la Cámara de Casación Penal, se solicitaron 6 años. Para Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas y cofinanciadora de los pagos, la pena pedida fue de 4 años. Los cargos imputados a todos son tráfico de influencias y cohecho.
El objetivo de la maniobra era torcer el rumbo judicial de la causa contra José Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria procesado por el crimen, y lograr que la apelación de su procesamiento cayera en manos de una sala de Casación favorable.
Según la reconstrucción del CELS, el plan incluyó pagos de al menos 50.000 dólares en efectivo, documentados en reuniones en estacionamientos y mensajes interceptados, la intervención del espía Riquelme como intermediario con conexiones probadas en Comodoro Py y la manipulación del sistema informático de sorteos para que la causa llegara a la Sala III del tribunal. En una de las escuchas incorporadas al expediente, Riquelme transmitía una condición de los involucrados con pocas palabras: "Son verdes, reitero, son verdes, y que Ángel se comunique sin ningún inconveniente".
El plan se frustró el mismo día en que todo estaba listo para que Riggi interviniera: el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y los imputados cortaron las comunicaciones de inmediato. Riggi, aunque señalado por todos los acusados como la llave de la operación, fue sobreseído porque la investigación no pudo probar su participación directa. Él mismo magistrado reconoció en una audiencia que los vínculos cotidianos entre jueces y agentes de inteligencia eran moneda corriente en Comodoro Py.
Para el CELS, el camino hasta este punto estuvo lleno de obstáculos que no fueron casuales. Catorce jueces se excusaron de intervenir en la causa a lo largo de quince años, mientras los abogados defensores recurrieron una y otra vez a planteos de nulidad y prescripción para dilatar el proceso.
La organización interpretó esas resistencias como una expresión de los mecanismos de protección corporativa que se activan cuando la justicia se investiga a sí misma. El debate se reanudará el próximo martes con el alegato final del Ministerio Público.