Cobos pidió se investigue qué hizo la Nación con los fondos que eran para rutas
El exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos presentó un escrito ante la Fiscalía de Estado de Mendoza para que se investigue el destino de los recursos nacionales destinados a infraestructura vial.
Cobos pidió se investigue qué hizo la Nación con los fondos que eran para rutas
Rodrigo D'Angelo / MDZJulio Cobos acudió a la Fiscalía de Estado de Mendoza con un planteo que vuelve a poner en el centro de la discusión el estado de las rutas nacionales y, fundamentalmente, quién debe hacerse cargo de su mantenimiento.
A través de una presentación dirigida al fiscal de Estado, Fernando Simón, el exvicepresidente solicitó que se investigue la eventual subejecución de recursos nacionales destinados a infraestructura vial y que se determine cuánto dinero de las arcas provinciales se destinó desde 2025 a conservar, rehabilitar o mejorar rutas que pertenecen a la jurisdicción nacional.
El origen del reclamo de Cobos
El planteo apunta a establecer si Mendoza debió afrontar con recursos propios obligaciones que, según sostiene Cobos, corresponden primariamente al Estado Nacional. En ese sentido, pidió que se determine el eventual perjuicio económico generado para la Provincia y que, si corresponde, se reclame a la Nación el reintegro de esos fondos.
El escrito toma como punto de partida la situación crítica que atravesaron durante 2025 distintos corredores nacionales que atraviesan Mendoza. Frente a ese escenario, la Provincia acordó con la Dirección Nacional de Vialidad la ejecución de obras sobre determinados tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, mediante un convenio aprobado por el Decreto Provincial 1165/2025.
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Según la presentación, fueron aproximadamente 235 kilómetros los alcanzados por ese acuerdo. Cobos sostiene que Mendoza intervino de manera extraordinaria para evitar que el deterioro de las rutas tuviera consecuencias todavía mayores sobre la seguridad vial, el transporte de cargas, la producción, el turismo y la conexión con Chile.
La discusión que plantea ahora el exgobernador es si esa intervención provincial puede terminar convirtiéndose, de hecho, en un traslado permanente de obligaciones y costos desde la Nación hacia Mendoza. “La Provincia no sustituyó voluntariamente esa responsabilidad”, sostiene el escrito, que remarca que las rutas nacionales se encuentran bajo jurisdicción del Estado Nacional y que su conservación, mantenimiento y rehabilitación corresponden a los organismos nacionales competentes.
El foco puesto en los fondos para las rutas
Uno de los puntos centrales de la presentación es el destino de los recursos que por ley tienen una afectación específica para infraestructura vial.
Cobos cita el artículo 19 de la Ley 23.966 y señala que actualmente el 28,58% de lo recaudado por el impuesto sobre los combustibles líquidos se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. El planteo es que debe determinarse cuánto de esos recursos estuvo efectivamente disponible y cuánto fue destinado a obras durante 2024, 2025 y 2026.
Uno de los pedidos concretos a Fiscalía de Estado consiste en determinar cuánto dinero provincial se destinó desde 2025 a la atención de rutas nacionales. Para eso, Cobos propone relevar obra por obra la ruta y el tramo intervenido, fechas, contratistas, montos contratados y pagados y, especialmente, la fuente de financiamiento y los recursos provinciales efectivamente aplicados.
En paralelo, plantea que Nación informe cuánto presupuesto tenía disponible para cada ruta, qué obras estaban previstas, cuáles fueron suspendidas o directamente no ejecutadas, los motivos de esas decisiones y qué recursos financieros permanecían disponibles. El objetivo final es establecer si existe un crédito patrimonial de Mendoza frente al Estado Nacional. El pedido contempla especialmente las rutas nacionales 7, 40, 143, 144, 145 y 146.
La presentación de Cobos también contempla un reclamo
Cobos solicita que, si la investigación confirma que existían recursos nacionales afectados a infraestructura vial que no fueron utilizados y que Mendoza debió financiar obras nacionales, Fiscalía de Estado promueva un reclamo administrativo para obtener el reconocimiento y reintegro de las sumas correspondientes.
También pide que, en caso de negativa o falta de respuesta de la Nación, se avance con las acciones judiciales que correspondan, incluyendo eventualmente medidas cautelares para preservar los derechos patrimoniales de la Provincia.
En el cierre de su presentación, Cobos resume el planteo con una definición política y patrimonial: Mendoza no generó el problema de infraestructura vial nacional, sino que intervino para mitigarlo. Por eso, sostiene que la decisión provincial de atender una emergencia no debería transformarse en una ventaja patrimonial para la Nación ni implicar que la omisión nacional termine siendo financiada por el Tesoro mendocino.
Ahora será la Fiscalía de Estado la que deberá determinar si abre las actuaciones, solicita la información a los organismos provinciales y nacionales y, eventualmente, avanza.