Caso Villaverde: la historia judicial en Estados Unidos que complica su llegada al Senado

La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, estuvo detenida y enfrentó un proceso por narcotráfico en Estados Unidos, donde llegó a ser alojada en una prisión federal. Si bien logró que se anulase la condena y se habilitara un nuevo juicio, obtuvo la excarcelación y regresó a la Argentina, donde reside desde entonces, según surge de documentos judiciales del sistema federal norteamericano.

El caso quedó formalmente cerrado en 2017, cuando la Fiscalía Federal de Florida decidió retirar los cargos tras más de catorce años sin avances en el expediente. La causa, registrada bajo el número 8:02-cr-00280, identificada como “USA v. Restrepo, et al.”, contemplaba acusaciones por tráfico y conspiración para distribuir cocaína.

El pasado judicial que atormenta a Lorena Villaverde

El seguimiento del caso fue reconstruido por LA NACIÓN en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, quien accedió a documentos oficiales y consultó a voceros de la legisladora. Villaverde, que ocupa una banca en Diputados desde 2023 y fue electa senadora por La Libertad Avanza, aún no pudo jurar en la Cámara alta debido a la resistencia de sectores opositores que exigen explicaciones sobre sus antecedentes en Estados Unidos.

Consultada por ese medio, la senadora electa evitó responder un cuestionario de diez preguntas y solo señaló que atraviesa “un momento complejo”. Desde su entorno aseguraron que nunca tuvo drogas en su poder, negó cualquier vínculo con redes de narcotráfico y calificaron su historia judicial como “un episodio desgraciado” de hace más de dos décadas, que, afirman, no le impediría asumir su banca.

Los problemas de Villaverde con la Justicia estadounidense comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota, acusada de participar en el tráfico de más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo y el cubano Jesús Ferrer. Por entonces tenía 28 años, vivía en Miami desde 1999, trabajaba en un local de ropa y contaba con licencia de conducir y número de Seguridad Social.

La acusación formal se presentó dos días después, con dos cargos federales. Distribución de sustancias ilícitas y conspiración para el tráfico de narcóticos, delitos que contemplaban penas máximas de hasta 20 años. Villaverde se declaró no culpable y quedó excarcelada tras el pago de una fianza de US$50.000, mientras se programaba el juicio oral. En paralelo, sus coimputados comenzaron a negociar acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía.

En octubre de 2002, un jurado la encontró culpable, pero días más tarde consiguió que el juez anulara el veredicto y fijara un nuevo juicio. Pese a esa decisión favorable, permaneció detenida y su defensa inició gestiones para obtener clemencia y acceder a beneficios por debajo de las guías de sentencia, cuyo contenido quedó bajo reserva judicial. Tiempo después logró recuperar la libertad, aunque incumplió las condiciones de supervisión y se emitió una orden de arresto en su contra en marzo de 2003.

Regreso desde Estados Unidos

Villaverde regresó entonces a la Argentina y se radicó primero en Tigre y luego en Río Negro, donde consolidó vínculos políticos y personales. Durante los años siguientes, la causa en Florida quedó paralizada hasta que, en agosto de 2017, la Fiscalía decidió desistir de continuar con la acción penal. En marzo de 2019, las evidencias del expediente vinculadas a la legisladora fueron destruidas por orden administrativa, debido a que nadie se presentó a retirarlas.