Adiós a las utopías: el pragmatismo político y las consecuencias del derrumbe de una empresa mendocina
El cronograma electoral dejó un escenario curioso: se sabe cuándo y con qué alianzas competirán; pero no el por qué ni qué ofrecerá cada partido. La caída de una petrolera que era considerada "modelo" por el Gobierno.
El escenario político local tiene una particularidad que hace de las elecciones 2025 un caso único: hay fecha, una alta preocupación por la arquitectura electoral y alianzas casi definidas. Pero las principales fuerzas políticas conviven con un profundo problema de identidad: no saben qué son; qué quieren ofrecer y, en ese contexto, el para qué. Podría ser un problema existencial digno de un extenso abordaje en el diván. Pero con una respuesta epidérmica alcanza: es puro pragmatismo.
El adiós a las utopías lo siente el oficialismo del casi extinto Cambia Mendoza, frente político que quedó deshojado por completo en una metamorfosis que está en estado de capullo y del que nadie sabe qué resultará tras la eclosión. Esa metáfora coloquial, más parecida a la entomología que al análisis político, no está tan alejada de la realidad, pues la nueva alianza que está en proceso tiene como horizonte cercano la elección de octubre en la que LLA y el radicalismo buscan tener un resultado “contundente” en las urnas; como sea.
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La diagramación de esa campaña requerirá una pericia enorme, pues hay conceptos contrapuestos entre uno y otro protagonista. Antes, será casi igual de complejo el armado de las listas, que tendría una alta permeabilidad a favor de los libertarios. Dentro del radicalismo, con Luis Petri (que tendría el lugar de las minorías) y por fuera con un porcentaje cedido en cargos provinciales a La Libertad Avanza. Los espacios vacíos que dejaron los “amigos que se fueron” de Cambia Mendoza son las vacancias que ocuparían los libertarios; pero con un rigor distinto: Karina Milei no tiene la docilidad con la que convivieron los aliados progresistas y conservadores que transitaron con comodidad la estadía en el poder.
Altamente funcionales resultan a esos intereses, el de tener una “victoria oficialista, los movimientos opositores; con las tensiones en el PJ y la dispersión en las otras fuerzas que pretenden ser una opción electoral.
El impacto de la caída de una petrolera
En medio de la atención y el tiempo que le demanda al Gobierno el armado electoral hubo una noticia que sacudió la estructura “productiva” que el oficialismo tiene en mente. El derrumbe de la empresa Petrolera Aconcagua tiene un impacto importante que trasciende la dinámica privada, pues se trata de una empresa que el Gobierno tomaba como “modelo” dentro de los nuevos negocios energéticos. En menos de un mes, esa empresa pasó de tener problemas de financiamiento, a ceder el control en manos de un asociado a sus principales acreedores.
Aconcagua fue fundada por Diego Trabucco y Javier Basso en Mendoza. Tuvo vinculaciones con las empresas estatales EMESA e Impulsa Mendoza, desde donde apuntalaron algunas tareas. Como ha ocurrido con otros casos, desde las empresas estatales ejecutaron maniobras que en la actividad privada no hubieran sido posibles, como cederle sin cargo a Aconcagua un equipo perforador que era parte de los activos de PRC y que fue alquilado sin costo y sin que hasta el momento haya sido usado. No es el único accionar de empresas estatales en las que los ejecutores ejecutan decisiones como si fueran empresarios, pero con las ventajas de tener al Estado como amparo. Ocurrió con los malos negocios realizados por EMESA (que obligó a pagar multas, entre otras cosas).
Aconcagua era vista como la empresa modelo. En la industria aseguran que el propio Gobierno apuntaba a que la empresa fundada en Mendoza heredara algunas de las áreas petroleras que YPF dejó de lado a través del Plan Andes. De hecho desde la propia empresa estatal hay fuentes que aseguran que hubo lobby en ese sentido. Aconcagua había presentado ofertas para las áreas de Mendoza Norte, pero YPF priorizó la propuesta de Petróleos Sudamericanos, que finalmente se quedó con las áreas y la posterior prórroga de concesiones. La expansión de Aconcagua fue en varias ramas, como empresa integrada. Había dos parques solares proyectados, que ahora están en duda porque, justamente, necesitaban financiamiento. Fuera de Mendoza, la empresa había adquirido áreas en Río Negro que pertenecían a Vista, la petrolera de Miguel Galuccio. La falta de cumplimiento de los compromisos por esa adquisición es uno de los problemas que derivó en el default y la pérdida del control de la empresa por parte de los fundadores.
El “nuevo dueño” de Aconcagua conoce el terreno. Se trata de Pablo Iuliano, que es fundador de Tango, una empresa petrolera creada el año pasado que también viene con el padrinazgo de Galuccio. Iuliano será el nuevo CEO de Aconcagua. El hombre conoce el cuarto piso de Casa de Gobierno. Es que fue CEO de YPF durante la gestión de Alberto Fernández y le tocó ejecutar un convenio clave con el Estado mendocino. Se trata del acuerdo firmado con Rodolfo Suarez para “terminar” diferendos y reclamos cruzados y, a la vez, prorrogar áreas y ejecutar un plan de inversión en la lengua mendocina de Vaca Muerta. Ese acuerdo le permitió a YPF despejar el camino legal para luego ejecutar su salida de áreas no estratégicas y conseguir beneficios como reducción de regalías y prórrogas. A Mendoza le permitió tener un pie puesto para intentar ser parte del boom del petróleo no convencional. Hay otra casualidad. El año pasado el Estado le otorgó a Aconcagua la concesión del área Payún Oeste, en el extremo sur de Malargüe. El contrato es por exploración convencional, pero se trata de un sitio vecino al área donde YPF realiza el piloto en Vaca Muerta. Iuliano conoce el tema pues fue él quien desarrolló el plan cuando estaba en la petrolera estatal. Ahora como CEO de Aconcagua tiene ese activo.
La crisis de Aconcagua puede ser el emergente de una crisis profunda en una de las industrias más importantes de Mendoza. El retiro de YPF generó un cambio de paradigma y un sinceramiento: la empresa ya no invertía ni se ocupaba como las áreas necesitaban y había una burbuja que estalló en estos meses. El plan de “reestructuración” de Aconcagua podría tener un capítulo de lobby sobre el Estado. Es que el Gobierno ya promociona su plan de “regalías cero” y otros beneficios para concesionarios nuevos y quienes están en las áreas con contratos vigentes presionan para tener condiciones similares. Claro, difícil porque se trata de recursos comprometidos en acuerdos vigentes. Igual, antecedentes hay. La propia petrolera estatal había incumplido, con reclamos legales de por medio, pagos descriptos en contratos que luego fueron saldados por convenios.
El vínculo del Estado como promotor de inversiones a través de empresas propias ha tenido más traspiés. IMPSA es el otro caso emblemático: se armaron licitaciones alrededor de la empresa para salvarla (como ocurrió con Portezuelo del Viento), hubo intervención directa del Estado local y el proceso se complicó. En el mismo plan de usar herramientas del Estado para motivar sectores productivos se usa la empresa minera estatal Impulsa Mendoza. Ahora, por ejemplo, también comenzó un proceso de alta intervención estatal para tratar de apuntalar otro de los ejes del plan productivo de Cornejo; la misma Potasio Río Colorado.