La Corte volvió a salvar a exfuncionarios del Casino de Mendoza
La Suprema Corte de Mendoza volvió a revertir un fallo del Tribunal de Cuentas y, así, hizo zafar a dos exfuncionarios de pagar una suma millonaria por irregularidades halladas en el Instituto de Juegos y Casinos. Quienes respiran aliviados son Carlos Bianchinelli, ex presidente del Casino, y Federico Domínguez.
Ambos habían sido sancionados a pagar en 2015 más de 3 millones de pesos por irregularidades en el contrato de una empresa de limpieza a la que se le abonaron servicios que no cumplió, entre otras cosas. El tema no es nuevo, pues la misma Corte había salvado a los mismos funcionarios en otras sentencias similares. La empresa en cuestión es Masterfull, que tenía a cargo la limpieza del Casino y a la que se le abonaron horas hombre incumplidas y el supuesto uso de tecnología que tampoco había aportado. Esa sociedad estaba compuesta por los mismos dueños de Dela, empresa que fue responsable del incendio en de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte durante la primera gestión de Alfredo Cornejo.
La sentencia que favoreció a Bianchinelli y Domínguez fue firmada por Julio Gómez, María Teresa Day y Norma Llatser, quienes anulan un el fallo 17037 del Tribunal de Cuentas. "Hacer lugar a la demanda entablada por Federico Domínguez y Carlos Bianchinelli y, en consecuencia, anular el artículo I y II del Fallo N° 17.037 a su respecto, en cuanto aplicó un cargo solidario a los aquí actores", dice la sentencia. El TC había sancionado a los exfuncionarios por "Pagos servicios de limpieza. Horas abonadas sin la efectiva acreditación de la prestación del servicio". Esa sanción se debía aplicar con el resarcimiento de lo que, según el Tribunal, se había pagado de más.
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El Tribunal de Cuentas había sancionar con "cargo", es decir con la obligación de devolver el dinero mal pagado, a Carlos Bienchinelli (($ 1.257.432) que era presidente del Instituto, Federico Domínguez ( 1.131.389), que era director del Casino, y a otros ex integrantes de ese organismo. Esas sanciones eran casi idénticas a las aplicadas en años anteriores, que también fueron anuladas. "En los períodos en cuestión, no era posible contrastar el servicio facturado con ningún pliego de condiciones ni orden de compra, a lo que debe agregarse que no resulta razonable considerar que si bien estos no existían, aquel se había continuado prestando en las mismas condiciones imperantes en la contratación anterior, circunstancia ésta que tampoco se halla así dispuesta en la normativa de aplicación", argumentaron los jueces a favor de los funcionarios que fueron cuestionados por el Tribunal de Cuentas.
Entre otras cosas, los jueces consideran que era conveniente aplicar una multa, y no un cargo. "Lo relevante es determinar si existió o no daño para la hacienda pública, ya que ello es lo que indicará la procedencia o no de la aplicación del cargo cuestionado. En cambio, si nos halláramos sólo ante el supuesto de irregularidades, correspondería aplicar la sanción de multa a sus responsables", explican. Bianchinelli era presidente del Instituto y es un dirigente de larga trayectoria en el PJ. Actualmente trabaja en Maipú.
El Casino había contratado a la empresa Masterful para cumplir con el servicio de limpieza. Según la revisión realizada por el Tribunal de Cuentas, se pagaron más "horas hombre" de las que se prestaron. En concreto se cree que hubo sobreprecios. "Los pagos realizados por los meses de abril a diciembre de 2015 a través de la Licitación Pública N° 1082/14/907, tramitada en Expte. N° 3635-D-2014, en concepto de horas hombres abonadas sin haberse justificado documentadamente la prestación del servicio, habiendo determinado la Revisión un monto sin justificar que ascendía a $923.126,95, resultante de la diferencia entre horas facturadas y las horas acreditadas según planillas de control horario, correspondiente al personal declarado por la propia empresa en cada expediente de pago como autorizado a realizar las tareas de limpieza", explicaban en el fallo original que ahora quedó anulado. Esa empresa prestó servicios entre 2013 y 2016. Los dueños eran propietarios de la empresa Dela, que tuvo otro problema grave: tuvo a cargo la reparación de la cúpula del ECA y por las impericias se prendió fuego y se arruinó, generando un grave perjuicio al patrimonio provincial.