El gobierno bonaerense evalúa una privatización “a medida” del sistema de fotomultas

En medio del escándalo por el avance de las causas judiciales por las irregularidades detectadas en el Ministerio de Transporte bonaerense, que derivaron en la renuncia del titular de la cartera Jorge D’Onofrio y a que varios municipios evalúen  suspender la implementación de las fotomultas, podría resultar en que deje sin efecto miles de infracciones en la provincia de Buenos Aires. En el ejecutivo provincial darían luz verde al desembarco de empresas con “estrechos vínculos” en Tigre y con la anterior jefatura de gobierno porteño.

Concretamente, en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por el también massista Martín Marinucci, tendrían la intención de abrirle el juego a dos empresas para que tengan a su cargo el control y la fiscalización vial en las rutas bonaerenses

Para hacerlo, según contaron a MDZ fuentes relacionadas con la fiscalización vial en la provincia de Buenos Aires, en  la cartera de Transporte bonaerense estarían armando licitaciones “a medida” para que el sistema de fotomultas quede en “manos amigas.

Las empresas en cuestión, son: la española Plein Air Park S.A, vinculada al larretismo ya que desde el 2019 es una de las firmas adjudicatarias del sistema de estacionamiento medido y del acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y, la multinacional japonesa NEC Argentina S.A, la empresa nipona se especializa en tecnología de seguridad como reconocimiento facial, control urbano y fotomultas. Sus vínculos con el Frente Renovador, se remontan a la época donde el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa conducía el municipio de Tigre. Vínculos que posibilitarían el desembarco de los japoneses en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que la justicia está avanzando en varios frentes por las irregularidades detectadas durante la gestión de D' Onofrio al frente del Ministerio de Transporte bonaerense, como los son las causas por “el borrado” de multas, las inconsistencias en los contratos de fotomultas -con allanamientos a las empresas: Tránsito Seguro, Secutrans, la UNSAM, la UTN y CECAITRA- y por la VTV. 

Por lo que el gobierno bonaerense estaría abriendo el juego a dos nuevos jugadores del sector privado que mantienen vínculos muy “aceitados” con el exjefe del gobierno porteño y con el fundador del Frente Renovador.

Según las fuentes, es un paisaje habitual ver a los “lobistas” de las empresas, la española Plein Air Park S.A y de la japonesa NEC Argentina S.A, deambular por las inmediaciones del Ministerio de Transporte provincial.

Asimismo, afirmaron que si la justicia anula el actual sistema de fotomultas por el cual miles de infracciones deberían ser eliminadas - algo que podría derivar en una catarata de juicios de los supuestos infractores a la provincia de Buenos Aires  y a los municipios- en el ejecutivo bonaerense estarían estudiando crear un “protocolo de contingencia” que permitiría el ingreso de las empresas anteriormente mencionadas.

Algo que no sería visto con buenos ojos por los intendentes que ven en la movida una privatización encubierta que los dejaría afuera del juego. En concreto, la sospecha de los intendentes se centra en que se estaría evaluando, desde la cartera de Transporte, hacer contratos extensos de manera directa, es decir, sin licitación pública y con una baja fiscalización estatal.

En off, un jefe comunal de la Primera Sección Electoral, dijo a este diario que “hay mucho ruido entre los intendentes con ese tema” y agregó: “Lo que supuestamente querrían implementar es muy parecido al de la Ciudad de Buenos Aires con el contrato de acarreo, durante décadas el concesionario pago dos mangos por el canon y por una cláusula en el contrato de concesión no podían actualizar el canon ni llamar a una nueva licitación. Esperemos que en la provincia esto sea solo un rumor”

A todo esto, los gremios estatales advierten que este tipo de maniobras privatizadoras “encubiertas” podrían tener consecuencias, que van desde la falta de control del estado, el desplazamiento de trabajadores estatales y la tercerización de un servicio clave en el sistema de transporte.

Poniendo de manifiesto que para avanzar en la privatización del control y la fiscalización vial en las rutas de la provincia de Buenos Aires primero debe darse un debate público del que participen todos los sectores, garantizando la estabilidad laboral, la transparencia y el rol indelegable del estado en la fiscalización del tránsito.