Daniel Orozco y Janina Ortiz ganan tiempo en la causa por las millonarias sanciones en su contra

El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la diputada provincial suspendida Janina Ortiz, volvieron a ser sancionados la última semana por el Tribunal de Cuentas. El médico radical fue multado por irregularidades en la rendición de fondos públicos durante su último año de gestión, mientras que la ex secretaria de Gobierno del municipio fue obligada a devolver casi 80 millones de pesos, junto a otro exfuncionario. Se trata del segundo fallo del órgano de control contra el matrimonio de ex dirigentes lasherinos, aunque todavía no han tenido que pagar las multas y cargos que se les había aplicado previamente, ya que ambos reclamaron ante al Suprema Corte de Justicia de Mendoza las sanciones y una decisión del tribunal en la última semana les hizo ganar tiempo.

El Alto Tribunal postergó las declaraciones de testigos en una causa judicial que involucra al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la ex secretaria de Gobierno de la comuna, Janina Ortiz. Se trata de una demanda que impulsaron los exfuncionarios para que se suspendan las millonarias multas y cargos que les aplicó el Tribunal de Cuentas por irregularidades detectadas durante su gestión en el municipio, particularmente vinculado al escándalo por el traspaso de fondos a una cooperativa.

Originalmente se habían fijado para el 10 de junio las audiencias para la toma de declaraciones testimoniales de 5 testigos. No obstante, en las últimas horas la Corte decidió posponer la citación y prorrogó para el día 5 de agosto las audiencias.

De esta manera, se dilata la causa que debe definir si Orozco y Ortiz tienen que pagar o no las millonarias sanciones que impuso el Tribunal de Cuentas por las irregularidades vinculadas en el desvío de fondos a cooperativas. Es decir que ganan tiempo, ya que hasta tanto la Corte no resuelva, no deben cumplir con las multas y cargos impuestos.

El tiempo que gana el ex jefe comunal no es un dato menor, ya que estira las definiciones sobre su sanción en medio de un año electoral y con la especulación de que podría ser candidato a concejal de Las Heras durante las próximas elecciones legislativas.

Así lo anticipó a finales del año pasado el médico radical, luego de concurrir a una audiencia judicial en el marco de la causa penal en su contra, donde denunció que es víctima de una "persecución política". "Me verán de nuevo en mi Las Heras", afirmó en esa oportunidad Orozco y resaltó: "Amo Las Heras y voy a ser candidato en Las Heras. En cada uno de los actos que voy me están diciendo 'Daniel volvé', 'Daniel te extrañamos'. Por eso para mi es importantísimo probar mi inocencia". No obstante, todavía es incierto si el excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina volverá a la arena política este año.

El exintendente lasherino, la exsecretaria de Gobierno y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, fueron sancionados en el Fallo N° 18.025 del órgano de control, en el cual se analizó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Las Heras del año 2022. Durante la auditoría se detectaron serias irregularidades vinculadas al envío de fondos a cooperativas, hecho que se investiga paralelamente en la justicia penal y la fiscalía ya ha imputado a Orozco y Ortiz por el delito de peculado.

El Tribunal de Cuentas consideró como erogaciones sin justificar los pagos realizados desde el municipio a la cooperativa Manos a la Obra y formuló cargos "solidarios" contra Ortiz y Oyhenart, por $59.231.278. La resolución suma más cargos por $1.932.142 contra ellos, lo que significa que deberían devolver más de $60 millones al Estado.

Por su parte, Orozco también fue sancionado económicamente, pero a través de una multa de $13.470.000. Asimismo, a Ortiz también se le aplicó una multa de $1.600.000 y a Oyhenart una por $1.500.000.

Sin embargo, Orozco y Ortiz presentaron una demanda ante la Suprema Corte para que la Justicia suspenda el pago de estas millonarias sanciones. Cada uno por su cuenta presentó una acción procesal administrativa para que el máximo tribunal deje sin efecto el fallo del Tribunal de Cuentas y dicte la “suspensión de ejecución del acto administrativo”.

En septiembre del 2024 la Corte ordenó la suspensión del fallo hasta que se resuelva el fondo y determinó que no se ejecutará el pago de multas y cargos formulados por el Tribunal de Cuentas hasta que no se resuelvan los planteos presentados por los exfuncionarios lasherinos.

En el marco de esa causa, el máximo tribunal provincial citó a cinco personas para que presten declaración testimonial. Se trata de Romina Pérez, Romina Salazar, Karina Cortés, Jesús Aguirre y Mauro Homan, exdirector de Asuntos Legales del municipio durante la intendencia de Orozco y quien actualmente está al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna durante la gestión del actual jefe comunal Francisco Lo Presti.

Si bien inicialmente habían sido convocados a declarar el 10 de junio, esta semana se les notificó que las audiencias se prorrogaron casi dos meses. De esta manera los testigos deberán concurrir durante la mañana del 5 de agosto.

En las citaciones se aclara que “si no comparecen sin justa causa, serán conducidos con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones que el Tribunal estime correspondan”.