¿Derogar la Coviar o reconstruirla?

Introducción: La COVIAR como herramienta estratégica para transformar la vitivinicultura

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es una institución público-privada creada por la Ley Nacional N.º 25.849 en 2004, con el mandato de ejecutar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI). Su surgimiento marcó un punto de inflexión en la historia institucional del sector, al proponer una herramienta de planificación estratégica colectiva, con lógica federal, multisectorial y de largo plazo.

Inspirado en el modelo australiano, el PEVI se diseñó como una hoja de ruta para posicionar a la Argentina como potencia vitivinícola global, diversificar mercados, agregar valor y, sobre todo, lograr la integración rentable y sostenible de los pequeños y medianos productores.

Originalmente, el PEVI contemplaba tres grandes objetivos:

1. Posicionar los grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte.

2. Reimpulsar el mercado interno y desarrollar el mercado latinoamericano.

3. Integrar a los pequeños productores al negocio vitivinícola y del jugo concentrado de uva (mosto).

En su actualización al PEVI 2030, se sumaron dos nuevos ejes:

4. Promover la sostenibilidad social y ambiental del sector a través de la innovación tecnológica y prácticas responsables.

5. Fortalecer la institucionalidad, la competitividad y la inserción internacional del vino argentino.

La COVIAR, como unidad ejecutora del plan, ha coordinado iniciativas de promoción internacional, desarrollo del enoturismo, sostenibilidad ambiental, formación de clústeres y herramientas de financiamiento. Sin embargo, su balance no es uniforme: los avances en la rentabilidad e integración del productor han sido claramente insuficientes.

Una oportunidad histórica (o un retroceso estructural)

Hoy, frente al proyecto de ley impulsado por un legislador nacional del PRO que busca derogar lisa y llanamente la ley que creó la COVIAR, es fundamental preguntarnos: ¿es eliminando esta herramienta como se solucionan los problemas del sector? ¿O es fortaleciendo su espíritu y corrigiendo sus errores donde realmente podemos transformar la vitivinicultura?

No cabe duda de que la COVIAR tiene deudas pendientes. Entre ellas, una de las más graves es que nunca se incorporó un Código de Buenas Prácticas Comerciales, como sí lo hizo Australia, su modelo de referencia. Esa omisión permitió prácticas abusivas y relaciones desiguales entre actores de la cadena, en especial hacia los productores más pequeños. Hoy más que nunca, muchos de ellos sienten que no se vieron beneficiados por el sistema, y su desconfianza no es infundada.

Pero destruir la COVIAR no solucionará nada. Al contrario: abrirá aún más las puertas a una concentración brutal del mercado en manos de grupos económicos como Peñaflor (Grupo Bemberg), bajo el pretexto de “reducir costos”, cuando en realidad lo que se busca es eliminar toda traza de regulación y control.

El problema no es el aporte obligatorio. El problema es que el productor recibe apenas el 4% del precio de una botella, mientras el Estado se queda con cerca del 45% en impuestos. Entonces, si el gobierno nacional realmente quiere bajar costos, tiene una enorme oportunidad: bajar impuestos. Si el sector privado quiere eficiencia, puede empezar apoyando reglas claras, sustentabilidad y un código de ética comercial.

Una reflexión personal desde el corazón de la producción

Como legisladora y productora, sé que muchos colegas se preguntan si valió la pena sostener la estructura de la COVIAR. Desde su perspectiva, quizás la respuesta sea negativa. Pero desde una mirada estratégica, sigo creyendo en los espacios de planificación colectiva.

Lo que está en juego hoy no es una tasa, ni un organismo, ni un nombre. Es el destino de miles de productores que quedarán a merced de intereses concentrados si no defendemos una institucionalidad que los contemple. Este debería ser el verdadero debate: cómo reformular y robustecer una herramienta que funcione, no cómo vaciarla para que unos pocos se lleven todo.

No seamos hipócritas: quienes hablan de “libertad” para justificar la derogación, en realidad buscan impunidad. No quieren menos Estado; quieren un Estado ausente donde nadie regule sus abusos.

Por eso, derogar la COVIAR no es modernizar. Es rendirse ante los que han lucrado durante décadas con una cadena injusta. Es dejar a los productores, a las pymes, a las cooperativas, a la vitivinicultura federal… sin voz ni defensa.

Y eso, como sociedad, no nos lo podemos permitir.