“No puede haber desconexión”: el fallo del juez que devuelve celulares a los presos y divide opiniones

El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, justificó su decisión de suspender la quita progresiva de los celulares a los presos de los penales de Boulogne Sur Mer y San Felipe y afirmó que el Servicio Penitenciario Provincial no estaba cumpliendo con el requisito de garantizar la comunicación de los internos con sus familiares y abogados.

En diálogo con Uno nunca sabe, programa de MDZ Radio FM 105.5 que conduce Marcelo Arce, el magistrado explicó las razones por las que hizo lugar a un hábeas corpus que presentaron organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos de esos dos complejos penitenciarios. Alegó que no se estaba garantizando la instalación de una terminal de comunicación  cada 200 personas privadas de libertad.

“Esto empezó el año 2024, cuando me toca resolver una situación que había comenzado en 2020 con la pandemia en relación a los celulares. En enero de 2024 entendí que ya no había claramente una situación de emergencia que ameritara la continuidad de esa utilización. Y dispuse como condiciones para el retiro de los celulares determinadas circunstancias. Una de ellas era la instalación de un aparato cada 200 personas detenidas que permitiera la comunicación virtual a través de videollamadas o cualquier tipo de plataformas para situaciones de emergencias familiares o comunicación con sus defensores por un proceso judicial”, indicó Sarmiento.

Subrayó que el incumplimiento de esa condición vulneraba los derechos de los presos. “Básicamente lo que hay que garantizar es el servicio de comunicación. La modalidad se puede discutir, pero lo que no puede haber es una situación de desconexión absoluta de la comunicación de las personas detenidas con sus familiares y sus asistentes técnicos a nivel judicial”, sostuvo.

Remarcó que desde hace tiempo se eliminaron los teléfonos públicos en los pabellones y que hoy por hoy no existe ningún mecanismo de comunicación alternativa a los celulares, frente al proceso de retiro de los dispositivos.

“Hay algunos teléfonos celulares, dos o tres por penal, para alguna situación de emergencia. Estamos hablando aproximadamente entre 1700 personas por penal. Es una proporción que no garantizaría de ninguna manera el acceso a la comunicación de las personas. Habíamos dispuesto en la resolución uno cada 200 personas, aproximadamente entre 6, 7 y 8 terminales por cada penal, con cierto grado de privacidad. Además permitiría al Servicio Penitenciario Provincial controlar la cantidad de minutos y el destino de los llamados. La resolución se dictó en enero de 2024, llevamos casi 15 meses y no se ha cumplido”, expresó el juez.

Sarmiento explicó que el Servicio Penitenciario comenzó este año con el retiro de los celulares y los internos de Boulogne Sur Mer y San Felipe hicieron un habeas corpus colectivo. “Me toca resolver algo que yo ya había resuelto y analizando las condiciones, no estaban cumpliendo uno de los requisitos”, justificó.

“Comenzaron con un proceso de entrega voluntaria de parte de los internos, a los efectos de que sea lo más pacífico posible. Muchos entregaron sus teléfonos que son retirados por sus familiares. No obstante, hay personas que dijeron que no lo van a entregar porque no se están garantizando las condiciones que se habían dispuesto en la resolución judicial para el retiro”, aclaró finalmente.