La última cláusula que falta cumplir para el traspaso de IMPSA al fondo inversor

El proceso de re privatización de IMPSA avanza, pero hay un punto clave que debe resolverse contrarreloj y es, justamente, lo que había dado inicio a la crisis de la empresa: la enorme deuda que tiene y que debería comenzar a pagar en los próximos años. Lograr un acuerdo de renegociación con los acreedores es el principal requisito impuesto en la preadjudicación que se firmó entre los gobiernos nacional y de Mendoza y el fondo que busca comprarlo (Industrial Acquisitions Fund), con ARC Energy como mascarón de proa. 

Si se concreta el traspaso de manos, el pago será de 27 millones de dólares, pero se agregó el compromiso de depositar "cuando sea necesario" un aporte de 5 millones de dólares. La deuda es el gran tema y no está claro el detalle de la negociación. El único condicionamiento que mantuvo el fondo inversor tiene que ver con la renegociación con los acreedores de la empresa y "la necesidad de renuncia de los miembros del directorio y sindicatura sin derecho a reclamo alguno en ningún momento".  "Asimismo solicitó un plazo menor con vencimiento el 31 de enero de 2025 para obtener la conformidad de los acreedores y una adecuación de la integración de aportes a un cronograma que contemplaba las verdaderas necesidades de la empresa", dice el acta.

La renegociación es con acreedores blandos, pues en su mayoría son entidades financieras que tienen como objeto social algunas otras consideraciones más allá de la renta. Por eso siempre estuvo la búsqueda de lobby político para que esa renegociación avanzara e, incluso, hasta hubo algún solapado intento para que el adquiriente no tome esa responsabilidad. 

Sobre el futuro de la empresa hay más esperanza que certezas. Sí, explican, hubo mucho tiempo perdido. Como ocurrió con otros activos estratégicos de Mendoza, hubo un enorme rodeo para terminar en el mismo punto: IMPSA fue estatizada, Mendoza y la Nación no lograron sanearla, no hubo ofertas relevantes del sector privado, solo apareció un interesado, se hizo un nuevo llamado internacional y terminó en manos de ese único oferente original. El camino árido se asemeja al que recorrió el proyecto Potasio Río Colorado: la empresa Vale lo abandonó, el Estado lo tomó con una empresa estatal, no hubo interés real por la mala ecuación económica, buscaron oferentes que no aparecieron, contrataron una consultora para buscar inversores internacionales y al final el único interesado estaba a pocas cuadras de Casa de Gobierno. 

En el caso de IMPSA la expectativa está puesta en el futuro productivo, en el horizonte que le quieran dar los nuevos dueños. Si buscará retomar el camino histórico de innovación en equipamiento pesado para la generación de energía, o apuntarán más a los servicios o a una industria en particular. En ese sentido, la "marca" tiene asociadas varias ventajas, como las certificaciones como compañía con capacidad instalada y tecnología para producir generadores, elementos de centrales nucleares, reparación y mantenimiento de turbinas, equipamiento para la industria petrolera y una lista aún más extensas de "visas" para incorporarse en un medio en el que hay menos de 10 empresas en el mundo. En ese sentido, tiene más certificación que la adquiriente, Arc Energy. 

El impacto

Para Mendoza el eje principal es que la empresa produzca en la provincia. Según aseguran, fue un pedido expreso en todo el proceso y "el compromiso es real" para que se siga produciendo en la provincia. Por eso desde el Gobierno local dicen que la oferta es buena, que el proceso será beneficioso. 

Hay matices discursivos particulares. El propio Alfredo Cornejo enfatizó que fue el Gobierno anterior "de Alberto Fernández" quien la estatizó y que IMPSA nunca debería haber tomado ese camino. Obvió que lo hizo en acuerdo con su socio político Rodolfo Suarez, con aval de él mismo. Más aún: todo el equipo "energético" de Cornejo fue parte del proceso de estatización y, para más, fue parte de la empresa IMPSA antes de su derrumbe. Si se hila fino, incluso, fueron parte del derrumbe. Emilio Guiñazú era CEO de IMPSA Wind Brasil, la empresa que el propio Pescarmona indicó como uno de los grandes tropiezos que llevaron al derrumbe. Otros referentes de la política cornejista en el tema, como Pablo Magistochi, surgieron de esa cantera, justo en la etapa del derrumbe de IMPSA. 

La deuda supera los 500 millones de dólares, aunque fue reducida y renegociada en dos APE. El principal acreedor de IMPSA es el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad financiera que habitualmente le presta a Estados. La empresa mendocina consiguió un préstamo de esa entidad y, tras la reestructuración, le debe 164 millones de dólares al BID, un 33% de la deuda total. Los bancos que dependen del Gobierno nacional están segundos en la lista. Entre el BICE y el Nación, IMPSA le debe 111 millones de dólares. El Banco Brasilero es otro de los grandes acreedores, con 61 millones de dólares. En el Gobierno nacional y también en el BID ponen sobre la mesa y cuestionan el rol de la familia fundadora como parte del problema. 

IMPSA se expandió en Brasil  con un plan mega ambicioso: una planta industrial para crear los parques eólicos más grandes del mundo. Solo en uno de los parques se montaron 170 molinos generadores. En IMPSA culpaban a la política y a la falta de pago de la energía por parte de Brasil. Es que la empresa mendocina tenía a cargo todo, incluida la operación de los parques. La historia que cuentan en ese país es otra. El resultado, igual, fue malo para todos. Según decían en IMPSA, la empresa perdió más de 300 millones de dólares propios que fueron invertidos en Brasil. Pero la cifra superaba los 1000 millones de dólares, que provinieron de organismos de crédito, fondos inversores y otros actores relevantes que hoy son acreedores.

IMPSA tenía una gran base de sus negocios en Venezuela. Las obras de Tocoma y Macagua eran las principales obras. En los balances de la empresa figuran aún las deudas y ese “agujero negro”. “El 86,76% del saldo de créditos por ventas se deriva de sus contratos con CORPOELEC (ex “EDELCA”), una empresa operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica de propiedad del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A partir del ejercicio 2013 se ha visto afectada la capacidad de CORPOELEC para cumplir con sus obligaciones en los plazos contractualmente pactados”, mencionan en el balance. La deuda supera la cantidad de ceros legibles en pesos, pero al día de hoy son más de 30 millones de dólares. ARC Energy tiene vínculos con ese país, pero no con el Gobierno. 

Los problemas económicos y financieros dificultaron el cumplimiento de contratos y, sobre todo, que IMPSA pudiera postular a nuevos proyectos. Otros se derrumbaron por la nueva política nacional de eliminar los fondos fiduciarios y las obras públicas. Proyectos como El Tambolar, Carem y Portezuelo del Viento desaparecieron del horizonte por diferentes razones. En el preacuerdo hay una sola mención para que haya un compromiso de continuidad. Se trata del parque solar Ullum, que financia la empresa estatal de energía de San Juan (EPSE) y que tiene a IMPSA como ejecutora.