En la mira

Cornejo y el gran dilema que podría enfrentar su plan minero

San Jorge volvió a mostrar interés para extraer cobre en Uspallata, subido al plan de Milei. Cómo avanzar en un distrito sin licencia social, con el proyecto que más rédito daría en el mediano plazo.

Marcelo Arce
Marcelo Arce lunes, 27 de mayo de 2024 · 07:01 hs
Cornejo y el gran dilema que podría enfrentar su plan minero
Foto: Gobierno de Mendoza

En el desgastante proceso de marchas y contramarchas de casi dos décadas que arrastra el debate por la minería en Mendoza, un viejo y muy controvertido protagonista para la mirada ambientalista siempre regresa; en esta nueva etapa abierta por el gobierno de Alfredo Cornejo para impulsar la extracción de cobre, al menos en una zona determinada de Malargüe, la empresa San Jorge comenzó a ventilar en ámbitos del negocio minero y en conversaciones informales con funcionarios, su interés por reactivar su fallido proyecto de extracción de este mineral en Uspallata.

A decir verdad, la decisión de volver a hacer el intento por explotar el yacimiento en la estancia El Yalguaraz no está tomado aún de manera definitiva y está sujeto a una decisión interna que adoptará la empresa Solway, de capitales estonios, que desde hace años se quedó con la mina que alberga, según estimaciones hechas en la etapa de exploración, reservas por casi 300 mil toneladas.

Sin embargo, el debate macroeconómico en el país está acelerando todo. La posible implementación del RIGI (el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones que se está incluído en el proyecto de Ley Bases que se está debatiendo en el Senado) podría terminar favoreciendo una definición. Ya se sabe: el Régimen estipula treinta años de ventajas impositivas, libre disponibilidad de divisas y facilidades para la importación de equipos para las inversiones que superen los 200 millones de dólares y tanto la minería como el petróleo aparecen como las dos actividades a las que Javier Milei apunta a beneficiar. Para cuantificar el cambio de escenario para las mineras, el punto está en que el RIGI pone a la Argentina más competitiva en relación a sus dos grandes rivales regionales en el mercado del cobre como son Chile y Perú. Se habló mucho en San Juan sobre esto la semana pasada, hasta donde Cornejo viajó para conformar la Mesa del Cobre: en la actualidad el impacto tributario en el país sobre los proyectos mineros está alrededor del 55%, mientras que en los otros dos países productores esa misma carga ronda el 44%. El RIGI funcionaría para achicar esa brecha, además de dotar a la minería de la seguridad jurídica indispensable que le daría una ley sancionada por el Congreso.

San Jorge volvió a mostrar interés para extraer cobre en Uspallata



A poco de asumir, el gobernador explicó su plan para comenzar a desarrollar la minería en Mendoza y se apuntó como uno de los principales gobernadores de la región andina que busca subirse al boom de la explotación del cobre que muchos avizoran que se viene en la Argentina. La semana pasada buscó coronar ese cambio de era participando activamente de la conformación de la Mesa, un espacio compartido con la provincia vecina y con Catamarca, Jujuy y Salta asimismo y con el objetivo de potenciar la extracción de ese metal en esas provincias.

Lo que está despertando interés entre los potenciales inversores no es tanto la voluntad política de un gobernador que busca, a través del desarrollo de esta actividad, ampliar la matriz productiva de la provincia a futuro. Aunque esa actitud suma. Mendoza corre con desventaja en este juego en relación con otras provincias. El territorio ofrecido para trabajar, ese polígono de 20.000 kilómetros cuadrados en el Sur, está lejos de ser la tierra prometida para los geólogos que buscan cobre y, se sabe dentro del negocio, que Malargüe es hoy un gran conjunto de prospecciones pero sin explorar todavía.

Y el punto clave: a diferencia de los otros integrantes de la Mesa, la provincia tiene el cerrojo de la Ley 7772 que restringe el desarrollo de la actividad. Es cierto que hoy existen métodos de extracción que no requieren la utilización de sustancias que están prohibidas por la norma sancionada en Mendoza en 2006, pero no hay manera de extraer los óxidos de cobre sin la utilización de ácido sulfúrico. ¿Existen otros métodos para la extracción del cobre? Sí, pero por el momento son ineficientes para el negocio y el ácido sulfúrico, prohibido en el artículo primero de la 7722, continúa siendo esencial para el cobre. Así como el cianuro para el oro. Y en eso el mundo minero no cambió para que la ecuación financiera cierre. El gobierno- sin embargo- se muestra convencido de que las empresas vendrán a extraer cobre utilizando el método de flotación porque, sostienen, en el noventa por ciento de la franja en la que estará permitido explorar no hará falta utilizar ninguna sustancia.

Las empresas, entienden que Cornejo está sobregirado en su mensaje de avanzar con la minería porque lo que está planteando son proyectos que darán algún rédito a la provincia dentro de unos veinte años, No menos. En ese sentido, siempre buscaron apurar con los tiempos: el meneado proyecto de Uspallata, consiguiendo el aval legislativo correspondiente, podría estar operando en tres años, sostienen. El resto de las provincias de la Mesa del Cobre acelerarán a fondo también. San Juan, por caso, apunta a convertirse durante la próxima década en la provincia líder en captar inversiones que Mendoza también dice perseguir.

Cornejo junto a gobernadores de provincial mineras



Entonces, el gobierno se enfrenta a su gran dilema: viabilizar o no este proyecto, en caso de que efectivamente San Jorge vuelva a la carga, lo que terminaría ratificando en los hechos la intención firme de que la provincia pretende volver a instalarse en el mapa minero. O no darle curso, pendiente de que en Uspallata no existe licencia social y que la sola mención de un posible desembarco de los estonios desencadenaría una serie de protestas no solo en ese distrito. Sino que también, las terminaría desencadenando en el resto de las organizaciones antimineras que ya están en estado de alerta desde hace un par de meses cuando toda esta movida comenzó.

“Hay que trabajar fuerte Malargüe y desde allí mostrar cómo es un proceso minero en desarrollo. Y en Las Heras hay que trabajar primero en lo social. Esto es paso a paso, pero sin perder el enfoque. Porque si cometemos un error ahora, volvemos a enterrar a la minería vaya uno a saber por cuantos años más”, fue lo que deslizó en estricto off the récord un integrante importante del gabinete cuando MDZ lo consultó sobre la posibilidad del regreso de San Jorge. Esa respuesta preliminar, marca cuál sería por ahora el camino oficial a seguir.

Las idas y vueltas alrededor de este proyecto llevan prácticamente el mismo tiempo de vigencia de la 7722. Es decir, casi veinte años. En septiembre de 2008, la entonces dueña del yacimiento, la canadiense Coro Mining Corp, presentó su Informe de Impacto Ambiental (DIA) ante el gobierno de Celso Jaque que fue aprobada casi dos años después. Sin embargo el plan de inversiones se frustró en agosto de 2011 y por cuestiones que fueron políticas, no técnicas. Ocurrió en plena campaña electoral, cuando el entonces candidato del peronismo, Francisco Pérez, pidió a los legisladores de su partido que no ratificaran la autorización para que la mina comenzara a operar. Desde entonces el proyecto quedó archivado en la Legislatura.

San Jorge presentó (hacia mediados de 2012 y cuando todavía estaba en manos canadienses) un proyecto de adaptación del plan original de extracción de minerales en esa zona de Uspallata y solicitó una ampliación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para desarrollar un nuevo proyecto biprovincial. El plan fue extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan, donde este tipo de procedimientos no estaban prohibidos por ley como acá.

Lo que la provincia debía autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, era la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cercana al límite en esa zona) para desarrollar la explotación. En el camino la mina cambió de dueño: Coro vendió sus acciones al consorcio ruso Aterra Capital y Solway Investment. Desde hace unos años ya, los rusos de Aterra se bajaron de su idea de inversión en la mina mendocina, aunque Solway, de capitales estonios, siguió adelante y es quien hoy figura como dueña de San Jorge.

En septiembre de 2017, el primer gobierno de Cornejo, desestimó la propuesta de explotación biprovincial y dictaminó que la empresa debía presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental y no una "actualización" de la anterior. Y nuevamente todo se cayó. San Jorge siempre pujó para que el expediente avanzara sin la necesidad de ratificación legislativa de la DIA y manifestaron su intención de solo autorizar informes técnicos y buscar nuevamente la autorización del Poder Ejecutivo para operar. Algunas desinteligencias dentro del Gobierno hicieron su juego. Si bien el área de Energía entendía la posición jurídica de la empresa, las autoridades de Ambiente en aquella ocasión fueron las que sostuvieron siempre que el proyecto debía volver a "fojas cero".

San Jorge preguntó en su momento si podía utilizar algunos informes técnicos referidos a flora y fauna hechos hace diez años y les dijeron que sí. Pero que todo el procedimiento anterior había sido "archivado" y que por ello debía arrancar un procedimiento nuevo. Si San Jorge se presentara hoy, esto mismo le exigirá la provincia. Los rusos le dijeron abiertamente en aquella oportunidad a las autoridades provinciales que ratificaban los U$S 600 millones que salía reflotar el proyecto, una oferta que, RIGI mediante, seguiría vigente al día de hoy. 

La historia, vuelve ahora a repetirse casi una década después y en los mismos términos. La empresa es quien tiene ahora la pelota de su lado. Pero el gobierno "prominero" de Conejo, esto al menos en el discurso, será en definitiva quien decida cómo seguirá este juego.

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