Los millones y negocios detrás de la venta de áreas petroleras de YPF en Mendoza

El plan “Andes” es el formato que  empleó YPF para deshacerse de 14 áreas petroleras en Mendoza y que terminará reduciendo a la mínima expresión la inversión en la extracción de petróleo en la provincia. En total puso en venta 14 áreas que son altamente significativas y ponen en juego la sustentabilidad económica, social y ambiental. Muchas de ellas están en producción, pero necesitan una inversión importante para el mantenimiento y la propia actividad, pue se trata de yacimientos maduros que están en declive. Sin embargo es muy relevante para la provincia: en total, de allí se extrae el 30% del total de petróleo que produce Mendoza. 

Las concesiones habían sido prorrogadas durante la gestión de Celso Jaque y en medio de los movimientos internos que hubo en esa empresa cuando aún era privada, pero con empresarios que tenían  una fuerte influencia política. Ahora deberán buscar nuevos operadores. Como no se trata de un vencimiento, las condiciones de los contratos se mantienen y quien herede los activos debe mantenerlas y presentar planes de inversión.

Las 14 áreas ocupan una superficie de casi 4 mil kilómetros cuadrados; más que todo Tunuyán o 70 veces la superficie de la Ciudad de Mendoza. En total producen 13815 barriles de petróleo por día, según lo declarado por la empresa a los inversores. En los datos del Ministerio de Hacienda de la provincia figura que produjeron 85.500 M3 en enero, unos 537.777 barriles mensuales. En enero Mendoza produjo 274.593 m3 en total, 1.727.137 de barriles. 

Por mes, la Provincia recauda más de 3 mil millones de pesos mensuales en concepto de regalías por las 14 áreas, es decir unos 3 millones de dólares mensuales o 36 millones de dólares por año. La facturación de la empresa supera los 30 millones de dólares mensuales, o 30 mil millones de pesos. En enero de este año Hacienda cobró 3.247.469.638 pesos por las 14 áreas.

Las áreas de mayor facturación son también las más complejas. El área Barrancas tiene una superficie de más de 600 km2. Es un “manchón” más grande que el área metropolitana del Gran Mendoza y desde arriba parece un hormiguero. Hay más de 1000 pozos, pero solo el 30 por ciento produce petróleo. Y de lo que se extrae, a mayoría es agua: la relación es 95% agua, 5% petróleo. Aún así, genera recursos. En enero se extrajeron 27.809 metros cúbicos de petróleo, es decir 176 mil barriles mensuales. Es el 10% del total del petróleo que se extrae en la provincia. Por eso es el área más importante desde lo económico, pero también más compleja desde lo técnico. Las áreas Vizcacheras y La Ventana, que son “vecinas”, tienen una situación similar. Entre las tres generan más de 2300 millones de pesos mensuales de regalías al Estado local.

Las áreas tienen una historia reciente que atraviesa al recorrido de YPF en las últimas décadas, con Repsol, la familia Eskenazy, el kirchnerismo y la reestatización de la empresa.  En 2011 el Gobierno de Mendoza prorrogó la concesión de las áreas, años antes de que vencieran. En ese momento el gestor del proceso fue Sebastián Eskenazi, que había ingresado a la petrolera con un vidrioso proceso avalado por el Gobierno nacional. La extensión firmada entonces era por 10 años más e incluyó a 16 áreas en total. YPF pagó u$s 135.000.000 por la prórroga. 

Negocios

Le concesión está en el tercer período. Según el cronograma original, entre 2021 y 2027 YPF debería invertir 1.094 millones de dólares. “Asimismo, del monto consignado en los párrafos anteriores, deberán destinarse al menos u$s 900.000.000 a inversiones en exploración y desarrollo a realizarse hasta el año 2027 en el ámbito de la «Provincia”, dice el contrato.

Un año después de que se prorrogaron las concesiones, el contexto cambió: el gobierno nacional comenzó el proceso de reestatización y Mendoza volvió a ser protagonista. El Estado usó los pasivos ambientales que tenía YPF en la provincia como posible causal de quita de concesiones. En particular se abordó lo que ocurría en Barrancas, con la cantidad de pasivos ambientales nocivos. La empresa fue reestatizada a  un costo alto y la familia Eskenazi demandó al Estado y vendió ese juicio por el que ahora Argentina tendría que pagar más de 15 mil millones de dólares. 

Por ahora no hay certezas sobre quienes comprarán las áreas. En el Gobierno redundan en mencionar a Petrolera Aconcagua como una de las favoritas, por el crecimiento que tuvo esa empresa, el conocimiento de la zona y la capitalización que hizo en los últimos meses. Pero la escala del negocio podría superar el alcance de una sola empresa.

Como sea, es probable que el traspaso de manos venga solapado con una renegociación de concesiones y condiciones. YPF ya avisó: quieren rebajas de regalías y otros beneficios a cambio de promesas de inversión en Vaca Muerta e incluso en las áreas que dejará de lado.

Por eso los plazos son importantes. Las áreas Barrancas, La Ventana, Vizcacheras y El Portón vencen en 2027. Río Tunuyán, Altiplanicie del Payún y Cañadón Amarillo en 2026. Ceferino en 2030 y Mesa Verde en 2041. Chihuido de la Salina S vence en 2032 y Confuencia Sur en 2033.  Llancanelo R vence también en 2027 y Llancanelo en 2036. Esa área tiene una historia particular, pues el inicio de la explotación se demoró por los conflictos ambientales que había al esta en un área natural protegida. Allí se extrae petróleo extra pesado, que requiere métodos específicos y costosos. YPF se deja para sí algunos activos en la provincia, como los yacimientos donde se hace recuperación terciaria y los que tienen algún potencial no convencional. 

El plan “Andes” es ofrecido a empresas locales e internacionales. YPF negocia el tema, pero el Gobierno de Mendoza, como autoridad concedente y de control, tiene mucho que ver en el proceso. Según adelantaron, exigirán que se cumplan las condiciones ya pautadas en los contratos originales, más los planes de inversión de los nuevos concesionarios. En el medio hay dos variables fundamentales. La social, por la cantidad de empleos en juego, y la ambiental: hay más de 1000 pozos petroleros que no producen y miles de locaciones que requieren control, mantenimiento y saneamiento en una superficie igual a 70 veces la Ciudad de Mendoza y rodeada por los oasis productivos.