Una senadora ganó un juicio contra el Gobierno y le restituyeron un cargo tras 8 años

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó al Gobierno de Mendoza a restituirle un cargo en el Estado a la senadora provincial peronista Mercedes Derrache, el cual mantendrá en reserva mientras dure su mandato como legisladora. La contadora había sido dada de baja como agente durante el cambio de gestión provincial a finales de 2015 y en ese entonces interpuso una demanda, a la cual hizo lugar esta semana el máximo tribunal de justicia.

El fallo a favor de Derrache lleva las firmas de los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro. Los tres jueces hicieron lugar a una acción procesal administrativa de la demandante y condenaron al Gobierno provincial a darle de alta en el cargo clase 013 en la Contaduría General de la Provincia, en el que había sido designada en 2010, de forma interina y hasta que se cubriese el cargo por concurso.

La sentencia aclara que Derrache actualmente se encuentra ejerciendo como senadora provincial por el Partido Justicialista (PJ), por lo que corresponde que se disponga la reserva del cargo que se le restituyó, según lo dispuesto por el artículo 61 de la ley 5811.

Asimismo, también resolvió que se liquide y abone a la contadora los haberes correspondientes al proporcional del mes de noviembre, mes de diciembre de 2015, y proporcional de la segunda cuota del aguinaldo 2015, más los intereses.

Derrache había sido designada para desempeñar funciones en la Contaduría General de la Provincia con un cargo Clase 13 en octubre de 2010, a través de un decreto del entonces gobernador Celso Jaque. Se trataba de un puesto interino, hasta que se llamara a concurso para cubrirlo.

Con la llegada de Francisco “Paco” Pérez al gobernación en diciembre de 2011, fue nombrada Contadora General Adjunta, quedando su cargo en reserva, mientras cumplía con esta función jerárquica.

A mediados de 2015, en plena transición entre las gestiones de “Paco” Pérez y de Alfredo Cornejo, se dictó el Decreto nº 1059 que modificó la planta de persona y transfirió el cargo vacante al Área Sanitaria de San Martín, dependiente del Ministerio de Salud, pero días después solicitó que se deje sin efecto la transferencia y posteriormente se revocó ese ajuste dispuesto por el decreto objetado.

En noviembre de ese año Derrache renunció al cargo de Contadora General Adjunta para reintegrarse al cargo que mantenía reservado. No obstante, mientras se encontraba de licencia médica en enero de 2016, fue dada de baja de la Administración Pública a través de una resolución del Ministerio de Hacienda, motivo por el que inició un reclamo administrativo que concluyó en la demanda ante la Suprema Corte de Justicia.

En su reclamo, esgrimió que “si bien la estabilidad que ostentaba no era absoluta, el acto por el que se la designó en el cargo de la CGP y los posteriores que se han referido al mismo, le conferían estabilidad hasta tanto se llamara a concurso”. Agregó que “por dicha razón, entiende que si el Estado tenía la intención de prescindir de sus servicios, podría haber realizado el concurso público o bien suprimir el cargo con la correspondiente indemnización, conforme lo prevén los arts. 12 y 17 del Estatuto del Empleado Público”.

La resolución de los jueces

Los jueces Palermo, Valerio y Adaro que “resulta arbitrario interpretar, en forma aislada, que con el dictado del Decreto n.º 1059/15 se extinguió inmediatamente el cargo clase 013 que ostentaba, conforme el Decreto nº 2570/11. La Administración no puede obviar los derechos subjetivos que emanan de dichos actos, sin violentar el principio de irrevocabilidad del acto administrativo”.

Entre sus fundamentos, el ministro Palermo consideró que la resolución del Ministerio de Hacienda cuestionada y su ratificación padecen de “vicios”. Remarca que los actos realizados por el Gobierno “violentan requisitos legales, como el de derivación razonada de sus antecedentes y motivación suficiente, y no transgredir la irrevocabilidad de los actos administrativos”. Por tanto advierte que “deben ser declarados como actos nulos”.

Tanto Valerio como Adaro adhirieron a esta argumetación y el fallo terminó siendo resuelto por unanimidad de la Sala Segunda de la Corte

De esta manera, se condenó al Gobierno provincial y se lo emplazó a que dé el alta efectiva a Mercedes Derrache en el cargo clase 013 en la Contaduría General de la Provicnia, al que fuera designada por el Decreto nº 2570/10, en forma interina y hasta se cubriese el cargo por concurso.

Ese puesto en la administración pública se mantendrá reservado hasta abril de 2026, cuando concluya su mandato como senadora provincial, al cual accedió tras las elecciones legislativas de 2021 y que comenzó a ocupar en mayo de 2022.