Echaron a un estatal que pidió licencia en plena pandemia y no volvió a trabajar

El Gobierno de Mendoza echó a un empleado del Hospital Lagomaggiore que había pedido licencia médica en mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia de coronavirus, y nunca se reincorporó a trabajar. Las autoridades le aplicaron la sanción de cesantía por “inasistencias injustificadas” y “abandono del servicio”.

A través del Decreto N° 1347, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó la cesantía del agente Daniel Eduardo Videla, quien había sido despedido por las autoridades del Hospital Lagomaggiore luego de un sumario administrativo.

En septiembre de 2022 se inició el sumario administrativo y se suspendió el pago de haberes. El empleado del hospital había solicitado una licencia por cuestiones de salud a mediados del 2020 y consta en el expediente que el 27 de julio de 2020 había obtenido el alta médica.

Sin embargo, el estatal nunca se reincorporó a trabajar, lo que configuró para las autoridades provinciales un incumplimiento laboral por inasistencias reiteradas e injustificadas y abandono de servicio.

El servicio de Medicina Laboral del hospital indicó que el último parte médico aportado por el agente fue el 15 de mayo de 2020 y el alta médica fue aportada por él el día 19 de mayo de 2020. Luego no aportó ningún certificado ni parte médico que justifique su ausentismo laboral.

Tras ser notificado del inicio del sumario, el empleado público no compareció para ser indagado ni presentó un descargo por escrito en defensa de sus derechos.

Los funcionarios encargados de llevar adelante el sumario determinaron que “existen pruebas directas que acreditan la responsabilidad del agente Videla, en los hechos atribuidos”, los cuales consisten “inasistencias injustificadas” y también “abandono de servicio”.

La Junta de Disciplina del Ministerio de Salud consideró que debía aplicarse la sanción de cesantía y esa medida terminó determinando la directora Ejectiva del Lagomaggiore, Roxana Cabrera.

Esa resolución terminó siendo ratificada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.