¿Sistema judicial o sistema injusto?
¿Los mendocinos tenemos un sistema judicial que administra la justicia?
Esta pregunta tiene una respuesta en las personas que a diario tienen la necesidad de recurrir a esta burbuja.
En el año 1999, los líderes de los tres partidos políticos a nivel provincial tuvieron la grandeza de acompañar y participar activamente en la reforma del código procesal penal y también reformar todo el sistema policial. Este hecho político, creemos que ha sido el de mayor trascendencia desde el regreso a la democracia y aún sigue siéndolo, dado que hay otros estados provinciales que mantienen sistemas procesales y una estructura policial que son del siglo 19 y eso trae graves consecuencias a los ciudadanos de esos lugares.
Volviendo a nuestra provincia, desde ese año hasta la actualidad, con cierta continuidad, se fueron modificando los otros procedimientos: por ejemplo los temas civiles y laborales han sido revisados, incorporando algo que es fundamental: la oralidad, plazos con efectos en los distintos juicios y otros aspectos que no se mencionan para no caer en aspectos técnicos.
¿Las víctima de un delitos sexual es bien asistida por el aparato judicial cuando decide denunciar? El imputado accede realmente a su derecho de defensa?
¿Un matrimonio que decide divorciarse y recurre a la justicia de familia, el sistema resuelve con eficiencia y con tiempos razonables los puntos que se encuentran en discordia?
¿Un trabajador y su empleador que por distintos motivos, extinguen la relación laboral, reciben una respuesta que armoniza los derechos de ambas partes?
Lamentablemente, la respuesta a todas esas situaciones es: NO. Se pude comprobar esto diariamente.
Hay variadas explicaciones para esta problemática, pero solo mencionaremos algunas, entre las cuales todavía se discute su aplicación.
Una transformación no es colocar un cable y una computadora, es más profunda y requiere de decisiones políticas firmes. Los gobiernos posteriores a la reforma del 99, han avanzado mucho en mejorar los procesos que tienen la finalidad que mencionamos, hacer justicia en forma eficiente y eficaz. Se podrá estar de acuerdo no a algunas medidas, por ejemplo, la policia ha vuelto a tener espacios de poder que en nuestra opinión son negativas e implican que el poder civil retrocede en su responsabilidad de contar y conducir el aparato policial, pero ello no puede opacar las distintas reformas aplicadas.
En nuestra provincia además existe otro problema grave que es la injerencia, ya impúdica, del poder ejecutivo en diversas formas y el responsable de esto no es el Gobernador y su equipo, sino los miembros de mayor responsabilidad (fiscales, jueces, funcionarios) que no tienen la convicción ni las agallas para poner un freno. a esa situación, más bien tienen temor de ser sancionados y también de perder esos privilegios mencionados, que los ciudadanos ignoran. Piensan en no tener problemas para no ser sometidos a Jury o ser criticados por decisiones que toman, más bien, sus pensamientos son cuido mi lugar, mi sueldo, mi inminente o futura jubilación, etc.
Sostenemos que para los abogados, la tarea de alegar es de menor responsabilidad si lo comparamos con las decisiones que deben tomar los jueces. Esto no es nuevo, pero resolver, sentenciar es un responsabilidad de alto nivel.
Creemos que, si se comparte éste diagnóstico, debemos avanzar en que todos los procesos penales sean por jurados, y por otra parte, la obligación de los jueces y juezas de rendir exámenes de su materia cada 5 años.
Para terminar un dato conocido por todos, es que el Poder Judicial es percibido por los ciudadanos en todas las encuestas que se realizan, como uno de los peores. Mérito que hace muchos años han logrado sostener.
Evidentemente la salida a estas situaciones la tiene que dar el poder politico de Mendoza. Desde adentro, estamos convencidos, no van a surgir transformaciones que permitan a los ciudadanos sentir que el sistema injusto toma conciencia de esto y produce los cambios, se convierte un sistema justo.
ALEJANDRO CAZABAN
DNI 17261824