Denuncian a Evo Morales por explotación sexual y abuso de menores

La Fundación Apolo denunció penalmente al expresidente de Bolivia Evo Morales por presuntos delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores.

La denuncia, radicada en Argentina, cuenta con fuentes que aseguran que el expresidente, mientras estuvo en nuestro país, convivió con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia en condiciones vulnerables. Se estima que la presencia de los menores de edad eran para realizar labores domésticas y personales.

Las fuentes y testimonios de la denuncia señalan un patrón de explotación y abuso de poder. Incluso, Angélica Ponce, un testimonio público que fue exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, denunció que durante sus visitas a Morales en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como "serviles" en la residencia del expresidente.

Ponce también afirmó que Morales recibía "niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.

Es por esto que la Fundación Apolo, con la dirección de Yamil Santoro y el patrocinio del abogado Ignacio Falcón, denunció penalmente a Evo Morales. Además, la fundación indicó que el expresidente ya se había enfrentado a denuncias del estilo.

En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven de tan solo 14 años al momento de iniciar el vínculo. Tras esta información, Fundación Apolo quiso conocer más acerca de la situación, pero Migraciones se negó invocando confidencialidad sobre la información de personas que ingresan o egresan del país. Por ese motivo, se presentó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que posteriormente fue rechazado.

"Fundación Apolo reitera su compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, destacando que estos actos, de ser comprobados, afectan no solo a las víctimas directas, sino que socavan la justicia y la integridad del sistema judicial en ambos países", indicaron desde el organismo.