La ONU advirtió por los cambios "regresivos" de la ley ómnibus: cuáles fueron los puntos que generaron "preocupación"

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos manifestó este lunes su "preocupación" por los cambios "regresivos" que incluye la ley ómnibus que el Gobierno buscará tratar el miércoles en la Cámara de Diputados.

Mediante una carta enviada el 22 de enero a los presidentes de los bloques legislativos en la Cámara Baja, expresó que el proyecto “contiene varios cambios que podrían caracterizase como regresivos” ya que tienden a “flexibilizar el uso de la fuerza” frente a protestas.

Cabe señalar que la iniciativa del oficialismo agrava las penas por los cortes de calle e interrupciones de servicio durante movilizaciones, incluye sanciones para los organizadores de las mismas y exige que las protestas sean notificadas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, el cual podrá oponerse a su realización y ordenar modificaciones, entre otras cosas.

Por eso, el representante regional para América del Sur, Jan Jarab, subrayó en el escrito los puntos más "regresivos" que están incluidos en el proyecto de ley ómnibus.

Entre ellos, resaltó la "flexibilización del uso de la fuerza" frente a protestas, la "restricción al ejercicio del derecho a la reunión pacífica", la "debilitación de la rendición de cuentas y el aumento de la posibilidad de violencia por particulares mediante la ampliación de la figura eximente de la legítima defensa".

Por ejemplo, el texto remarca que el artículo 326 del proyecto "propone modificar el Código Penal para tipificar como delito actos que se pueden considerar como connaturales al ejercicio del derecho a la reunión pacífica".

En ese sentido, alertó que "tal utilización del derecho penal en el contexto del ejercicio del derecho a la reunión pacífica resulta preocupante desde la perspectiva de los estándares internacionales".

Jarab subrayó su "preocupación" acerca del artículo 344 que "flexibiliza el uso de la fuerza, debilita la rendición de cuentas y, además, aumentar la posibilidad de violencia por particulares, expandiendo la noción de legítima defensa".

Según el organismo, la reforma eximiría la responsabilidad llamada "obediencia debida”, lo que "significaría eliminar uno de los requisitos fundamentales para el uso legítimo de la fuerza, permitiendo un uso indiscriminado y arbitrario, incluso en un contexto de manifestaciones".

Para el representante regional, estas modificaciones dificultarían “la rendición de cuentas posterior al uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, afectando también el derecho de las víctimas a obtener justicia cuando corresponda”.

“Argentina ya ha tenido problemas con el uso innecesario o excesivo de fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló.

Finalmente, Jarab indicó que la protesta “es un derecho que históricamente fue vehículo para conseguir otros derechos, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales”, por lo que es “deber del Estado garantizar su ejercicio”.