El vínculo mendocino con la fundación de Patricia Bullrich que fue intervenida con el Gobierno

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras cuestiones.

Según se precisó en un comunicado, se "busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego de que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar".

La decisión fue tomada por la oposición como una maniobra política en medio de la campaña, pues Bullrich es precandidata a presidenta y principal "enemiga" política del oficialismo. Desde la propia fundación emitieron un comunicado calificando de absurda la intervención. 

El Instituto presidido por Bullrich tiene una importante presencia en Mendoza. El dirigente que lleva adelante esa fundación acá es Enrique Thomas, exdiputado nacional y ex integrante del equipo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Pero además, hay un vínculo institucional. La fundación presidida por Bullrich tiene un convenio marco de cooperación con el Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Mendoza, es decir el lugar donde se forman los policías de la provincia.

Según se anuncia en la página del IEES, el acuerdo “permite seguir trabajando en conjunto con la entidad en el desarrollo de temáticas de capacitación vinculadas con la Seguridad Pública”.

El diputado provincial Enrique Thomas es el delegado por el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES) en Mendoza; tiene un rol clave y convenio con el ministerio de Seguridad.

En el artículo 3 del convenio marco, una de las obligaciones de las partes es “permitir que el IEES realice la supervisión de las tareas y actividades a desarrollar por IUSP”.

De hecho, el año pasado la candidata estuvo en el IUSP como disertante en una diplomatura sobre perspectiva de género en la seguridad. Ese acto tuvo un importante condimento político, pero también institucional por el convenio entre el Estado y la fundación de Bullrich. 

EL CONVENIO

Comunicado oficial

“EL MINISTERIO DE LA INJUSTICIA

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil.

Los medios de comunicación fueron informados antes que el Instituto, y la resolución aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial.

Desde que el abogado de Cristina Kirchner, a cargo de la Inspección General de Justicia, comenzó a investigar la entidad, nos impidió el acceso a las actuaciones y la notificación de las resoluciones de la IGJ.

El supuesto objetivo de la Resolución 742/2023 es “normalizar la situación institucional de la entidad”, a partir de falsas irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar.

Primera aclaración: desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. No descartamos que el interventor responda a fines persecutorios y perjudique nuestra habitual actividad como ya lo ha hecho la resolución original de la IGJ que causó una sustancial merma en el despliegue de nuestra labor. La medida dispuesta es absolutamente excepcional. No hay irregularidad en el funcionamiento. La Asociación ha colaborado y ha aportado toda la información solicitada.

Segundo punto: Vamos a desentrañar las mentiras de la IGJ y del Ministro Soria.

- Durante el año 2021 la entidad INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL (IEES) aumentó sus ingresos y la IGJ considera dicho  aumento ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Es sabido que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales. Nada tiene de irregular haber podido realizar actividad acorde a sus fines y poder financiarse con ella.

En nuestra web (https://ieesinstituto.org/) se puede advertir claramente que el objeto social se vincula con actividades que se llevan adelante regularmente. Pero parece que esto no fue suficiente para el titular de la IGJ que quería teñir de un tinte oscuro a la principal precandidata opositora a presidente en la Argentina y amedrentar a toda persona que quisiera participar de sus actividades.

- El aumento de la actividad del instituto, y por ende de sus ingresos, tiene su explicación en el simple hecho de que durante los años 2016/2019 muchos de sus integrantes estuvieron abocados a la función pública. Luego vino la pandemia y con el regreso a la normalidad, comenzaron a desplegarse los seminarios y cursos proyectados. Vale recordar que en el año 2022 no hubo elecciones y, en el 2021 Patricia Bullrich no participó de las mismas. en consecuencia, los argumentos de la utilización de los recursos de una entidad civil para una campaña electoral carecen de todo asidero.

- La resolución impugnada menciona como “llamativos” ciertos importes abonados por empresas. No hay nada de llamativo. Muchas empresas abonan diferentes cursos y seminarios para su personal y directivos en materias de política pública y coyuntura. Algunas empresas eligen un curso básico, pero luego solicitan replicarlo a más asistentes.

Tercer punto: Es harto evidente, que la resolución abusa del poder del Estado como herramienta de persecución a PATRICIA BULLRICH, manipulando la interpretación de los hechos que surgen de la documental aportada por la asociación para perjudicar la imagen y carrera presidencial de una precandidata. Lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista.

Luego de que la justicia rechazara el pedido de intervención judicial - tanto en primera instancia, como en la Cámara - , los funcionarios kirchneristas vuelven a la carga, con una medida absolutamente avasallante y arbitraria contra una asociación civil independiente que se financia totalmente con recursos privados. La justicia se pronunció en contra de lo que hoy intentan por vía administrativa de forma ilegítima.

Para parar las injusticias del Ministerio de la Injusticia, daremos intervención a los organismos internacionales, advirtiendo la gravedad de los hechos descritos que solo buscan hacer peligrar la democracia y el proceso electoral en la Argentina. Y ampliaremos las denuncias penales correspondientes”.