Uso de celulares en las cárceles: cómo es el proyecto que busca prohibirles ese beneficio a los presos

El diputado nacional del PRO, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca modificar el Código Penal e introducir como una falta con condena penitenciaria, a aquellos que introdujeran o hicieran introducir dispositivos de comunicación móvil a los penales, que permitieran la comunicación con el exterior.

La iniciativa propone penar con 1 a 3 años de prisión efectiva, a toda aquella persona que introdujera o hiciera introducir a los establecimientos penitenciarios o lugar donde se encuentre alojado un detenido o internado, dispositivos de comunicación móvil o celulares, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan comunicación con el exterior.

Además, el proyecto establece que aquellos internos que actualmente tengan posesión de equipos móviles y dispositivos de comunicación, sean sancionados con una pena de 2 a 5 años de prisión. Así mismo, tendrán prohibido ingresar al régimen de libertad asistida.

Al respecto, Álvaro Martínez dijo: “Con este proyecto, buscamos tipificar un nuevo delito como la tenencia de dispositivos móviles por parte de los presos. Esto surge después de conocer la realidad de que, dentro del penal, la conectividad les permite seguir orquestando actividades delictivas, el ejemplo más claro es lo que sucede en Rosario”.

“Entendemos nosotros que una de las medidas para combatir este tipo de delitos, que se organizan desde adentro de las cárceles, es prohibir el uso desmedido de los dispositivos móviles”, concluyó Martínez.

La situación en las cárceles de Mendoza

A principios de marzo, MDZ detalló cómo es el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles mendocinas. Una reglamentación decretada durante la pandemia de coronavirus respecto a la emergencia sanitaria en establecimientos penitenciarios sigue vigente hasta diciembre de 2023 y, por ello, las personas privadas de su libertad tienen facilidades para el acceso y uso de teléfonos celulares. Es que as restricciones sanitarias disminuyen la cantidad de visitas permitidas  por parte de familiares- en prepandemia eran cada 7 días y ahora cada 15-  y esa es la razón por la cual se otorgó mayor soltura para disponer de teléfonos.

Incluso, existe un reglamento que detalla las condiciones para que los presos puedan disponer de un teléfono. En el mismo se precisan las regulaciones excluyentes, desde la procedencia del dispositivo hasta los plazos de entrega del mismo.

En diálogo con MDZ, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, se refirió a la temática, luego de que a fines de 2022 se llevara adelante una audiencia en la que se resolvió que todo continuase igual hasta diciembre de 2023. 

"Cuando resolví la continuidad se dio el mismo marco normativo de la emergencia sanitaria. Esa emergencia se ha ido prorrogando 2 veces y ahora otra vez. Cuando yo hice consultas para ver si había líneas fijas en las cárceles, no había en ninguna (...) En la audiencia no se trajo ninguna estadística por el incremento de delitos con celulares desde adentro de la cárcel. No hay forma de comprobar este supuesto crecimiento que se señala", indicó Sarmiento.

Entre algunos detalles que rigen de ese reglamento en las cárceles de Mendoza, algunos destacan que: las comunicaciones mediante teléfono celular sólo podrán realizarse en los recintos de alojamiento, en ningún caso podrán filmar o fotografiar a personal penitenciario, otros ppl civiles, las personas privadas de la libertad que tengan salidas autorizadas deberán exhibir el dispositivo móvil a la autoridad penitenciaria en cada egreso y reingreso al establecimiento, controlando los datos registrados.