Los beneficios que tendrán 317 barrios de Mendoza si se aprueba una ley

En Mendoza hay 317 barrios populares, de acuerdo al último registro del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Para ser considerado un complejo de estas características, es necesario carecer de, al menos, dos servicios básicos. En la Legislatura existe un proyecto para adherir a la ley nacional que contempla a lo que comúnmente se conoce asentamiento, que ya tiene sanción del Senado provincial y que podría ser aprobado por Diputados la semana que viene. De esta manera, las personas que habitan en esos lugares serán beneficiadas con programas nacionales y además ninguna familia podrá ser desalojada, aunque esto no debe alentar a las tomas ilegales. 

El miércoles por la mañana en la puerta de la Legislatura provincial, el movimiento Evita reclamó la adhesión. El referente de Las Heras Daniel Urquiza, sostuvo: “Es necesaria que se apruebe la ley porque hay programas nacionales que hoy pasan a través de las organizaciones, pero esto  habilitaría a los barrios a recibirlos directamente. En Las Heras tenemos 45 barrios y necesitamos que sea el Estado que se involucre con ellos”, advirtió.

El 5 de diciembre de 2019  se publicó en el Boletín Oficial el decreto nacional N° 819/2019 que reglamenta la ley nacional. En uno de sus apartados, queda estipulado que no se realizarán desalojos forzosos. Esto hoy no se puede hacer, pero una vez que exista la adhesión legislativa en Mendoza, habrá más garantías de que se cumpla efectivamente.

El artículo 2 plantea que los inmuebles que están situados en esos barrios son declarados de interés público y sujetos a expropiación. Esto quiere decir que las personas van a tener un régimen dominial, es decir, que van a ser propietarios de esas tierras y al mismo tiempo podrán ir accediendo a servicios que de otra manera no podrían haber tenido

El artículo 3 establece que toda relocalización que resulte excepcionalmente crítica deberá comprender una solución habitacional definitiva dentro del polígono de los respectivos barrios o, en el caso de no ser posible, “en áreas próximas, respetando el arraigo de la población y evitando desplazamientos a grandes distancias. En todos los casos deberá contarse con el consentimiento de los/as afectados/as y deberán respetarse las instancias de participación establecidas en las normativas locales aplicables o en lo regulado en el Programa de Integración Socio Urbana”.

La autora de la adhesión a la ley es hoy concejal por Malargüe del Frente de Todos y exsenadora provincial. Se trata de Silvina Camiolo, quien lo dijo a MDZ "Los beneficios de esta adhesión arrancan con la visibilidad de las realidades de los barrios populares con las características de cada departamento de Mendoza, que dista de cualquier otra realidad con respecto a otras provincias de Argentina, como lo podría ser Buenos Aires. Esta visibilidad, que considera al barrio popular como una respuesta autogestionada de los vecinos ante la necesidad habitacional y sacando la connotación negativa de palabras como 'villa miseria' porque en un país que anhela progresar, no se puede naturalizar ni aceptar como realidades de 'miseria' para ninguno de sus vecinos".

Además, señaló que la norma prevé capacitaciones para todas las personas que trabajan en entes estatales o empresas que se relacionen con los barrios, pero también dejó en claro que la ley no alienta a nuevas tomas. "Es importante aclararlo porque existe un registro nacional ampliado este año, fuera de este registro no alcanza la ley. Mucha gente piensa que con la sanción de esta ley se puede animar a nuevas usurpaciones. Esto no esa así, es sólo para los barrios que ya fueron registrados", finalizó Camiolo.