Segunda parte

Las indignantes irregularidades que encontró el técnico que auditó las empresas de Lázaro Báez

En diálogo exclusivo con MDZ, Ricardo Stoddart, gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, dio más detalles de la investigación interna por la que hoy el fiscal Luciani pedirá la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

José Luis Carut
José Luis Carut lunes, 22 de agosto de 2022 · 08:35 hs

Como contamos en la primera parte de la nota del domingo, Ricardo Stoddart fue el gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad durante la gestión del Gobierno de Cambiemos y quien estuvo a cargo de la auditoría interna que determinó las irregularidades en las obras viales de la provincia de Santa Cruz durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En la primera parte de la entrevista, el exfuncionario explicó por qué Javier Iguacel, por entonces director de Vialidad Nacional, ordenó la auditoría interna en el Distrito 23 y contó algunas de las serias irregularidades que encontraron cuando empezaron a auditar las obras adjudicadas a Lázaro Báez, que derivaron en la denuncia penal que dio origen a la causa Vialidad, llamada también "juicio por la obra pública" de Santa Cruz.

Hoy concluyen los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con el pedido de condena contra la vicepresidenta de la Nación, a quien acusan de ser la jefa de una asociación ilícita, por lo que se espera que el pedido de condena sea muy duro. Además, pedirán el decomiso de bienes y la inhabilitación perpetua de para el ejercicio de cargos públicos.

Stoddart contó entre otras cosas lo del empleado trucho que estuvo ocho años ocupando un escritorio en las oficinas de Vialidad Nacional de Santa Cruz  que era empleado de Lázaro Báez. También que Austral Construcciones, a los 60 días de firmado el contrato, presentaba certificados por el 35% de la obra hecha y luego pedían prórrogas que en algunos casos triplicaba el plazo original de la obra, por lo cual cobraban muchísimo más por la actualización de costos Y sobre la delegación de poderes que hicieron los directivos de Vialidad Nacional, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a favor de la provincia de Santa Cruz.

En esta segunda parte de la nota detalló cosas gravísimas que, por lo burdas, solo podían hacerse con la complicidad de quienes ejercieron el poder entre los años 2003 y 2015. Hechos de corrupción que de no ser porque ocurrieron en realidad, son dignos de los guionistas de Netflix.

Stoddart recordó que Austral Construcciones se creó días antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en el 2003, “con lo cual nunca habían ejecutado una obra pública. No tenían capacidad técnica ni económica. Con el dinero de las obras que no hicieron empezaron a comprar las otras empresas santacruceñas de obras viales”. Agregó: “Todo para adquirir mayor capacidad económica. Algo que hay que tener en cuenta en el momento de adjudicar una nueva obra,  el valor de esa obra se descuenta del certificado de capacidad económica. A las empresas de Lázaro Báez nunca les descontaban el monto del certificado de adjudicación. Esto es como tener una tarjeta de crédito con un determinado límite y por encima de ese límite no podés comprar, y en la medida que se gasta, el límite va bajando. El certificado de adjudicación de Austral nunca bajaba, era como tener una tarjeta sin límites”.

“El que le ponía límites a las empresas era el Registro de Constructores, con lo cual ya hay gente apuntada en el juicio porque no controlaron eso. Todas las áreas del Gobierno nacional que tenían que ver con la obra pública habían sido cooptadas por Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Ernesto Clarens. Solo para tener una idea de lo que era, el gerente de administración y finanzas de Vialidad Nacional fue la única persona en los 90 años del organismo nombrado en planta permanente a través de un decreto firmado por Néstor Kirchner y Alberto Fernández. La persona que pusieron a manejar la gerencia de finanzas era una persona que venía de Inverness, la financiera de Ernesto Clarens. Es decir que la persona que sacaba los pagos a las constructoras era una persona puesta por Clarens, que ya fue procesado en la Ruta del dinero K como la persona que más lavó dinero de la obra pública”, aseguró Stoddart.

 

Las obras tenían al mismo representante técnico

Siguiendo con las irregularidades detectadas en la auditoría, reveló: “Era condición sine qua non para adjudicar las obras el representante técnico. El de Austral Construcciones era el mismo representante técnico en todas las obras; cuando el representante técnico tiene la obligación de tener residencia en la obra. Calculá que el grupo de Lázaro Báez tenía 51 obras en Santa Cruz, en el 90% de esas obras estaba el mismo representante técnico designado. Con lo cual queda más que claro que no había ningún tipo de inspección de nada“.

Por otra parte, contó las relaciones que había entre las empresas de Lázaro Báez y Vialidad Nacional con Néstor y Cristina Kirchner: “En la audiencia que hubo en la Secretaría de Empleo de Santa Cruz el 30 de diciembre del 2015, donde fue Miguel Salazar en representación de Vialidad, que como conté anteriormente no era un empleado de Vialidad, ¿sabes quién fue en representación y apoderado de las empresas del Grupo Austral?, un señor de apellido Saldivia, que era el apoderado legal de Austral Construcciones Sociedad Anónima. Y además Saldivia era el director suplente de Hotesur. Esto demuestra el grado de connivencia de la vicepresidenta con Lázaro Báez”.

La defensa de los acusados se agarra de un relevamiento visual para querer voltear la causa

Ricardo Stoddart remarcó un punto importante que tiene que ver con el juicio por la obra pública de Santa Cruz: “Es importante que comente esto, la primera resolución que firmó Javier Iguacel como administrador de Vialidad Nacional en el 2016 fue una tarea de auditoría que le encomendó al auditor interno. Que de hecho los abogados de la defensa lo toman como que la auditoría de Iguacel no encontró ninguna irregularidad”.

Y agregó: “Ahí se hablan de un montón de temas, entre los que se destacan los desajustes de certificación y la insuficiencia que tenía el Distrito 23 para hacer los trabajos. Además, el informe del auditor en las conclusiones generales de marzo del 2016 dice que en el examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Después en otro párrafo de las conclusiones generales escribió: ‘Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las obras realizadas’. Ahí te imaginas todos los abogados defensores dicen 'muchachos fijensé, el mismo auditor que hizo la auditoría de ustedes está diciendo que no hay desviaciones encontradas'. Lo que nunca dicen es que hay presentadas en el mismo expediente de Vialidad, así lo trabajó Mola en la última audiencia, un informe complementario del auditor interno de Vialidad Nacional del año 2019 que está presentado en el juicio que dice exactamente lo contrario: ‘La auditoría no fue tal, sino que solo se hizo un relevamiento visual’. Una inspección ocular de las obras. Imaginate que recorrió 84 obras, que eran 2.364 Km, en 22 días, por lo que tuvo que relevar tres obras por día para poder llegar al número que le habíamos pedido”.

“El mismo auditor del 2016 declaró que era solo un relevamiento visual y que no consta en el informe ningún control de calidad, ni de laboratorios de las obras, ni métrico”, y explicó: “La mayoría de las obras en la provincia de Santa Cruz llegan en ripiado. Para poder auditar una obra de ripio, hay que cavar la base estructural y ver si efectivamente se hizo la estructura basal de la ruta, es la unica forma de determinar que se hicieron realmente los trabajos. Este auditor no hizo absolutamente nada de eso”, afirmó el exfuncionario de Vialidad.

Añadió: “En un segundo juicio se van investigar y condenar todas estas irregularidades que se detectaron en la investigación del juicio por la obra pública de Santa Cruz. Es decir, todos los que no eran funcionarios de primera línea, pero jugaron a favor de esta asociación ilícita van a ser juzgados en un segundo juicio”.

La impunidad era total, le ponían hasta los centavos a los presupuestos estimados

Ricardo Stoddart agregó otros datos que están en la investigación por la que está siendo juzgada Cristina Kirchner. “Para que te des una idea, la mayoría de estas obras se hacían a través de convenios que firmaba Vialidad Nacional con entidades o secretarías de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, fuera de todo tipo de control. Uno que fue muy comentado es el que se firmó entre la Secretaría de Turismo de la Nación con la provincia de Santa Cruz por la ruta provincial 9, que era la construcción de obras básicas de ripiado en la ruta provincial que va del mar hacia la cordillera. El convenio se firmó el 23 de enero del 2007”.

"A mí me llamó la atención el presupuesto oficial de la obra; que obviamente era un presupuesto estimado. Pasaron un monto de $238.248.064,40. Cuando yo vi esto dije "que loco que un presupuesto estimado este detallado al dedillo hasta con los centavos’. El 29 de enero de ese mismo año, es decir 6 días después, abrieron los sobres de las ofertas y ganó Austral Construcciones. ¿Sabes cuánto fue el monto de la oferta ganadora? Exactamente el que tenía la obra presupuestada $238.248.064,40. Con esto no solo te quiero decir que Vialidad Nacional y la Secretaria de Turismo de la Nación sabían cuál iba a ser la oferta del grupo de Lázaro Báez, si no que era tal la impunidad que le pusieron al convenio el mismo monto de la oferta que iba a hacer Lázaro Báez 6 días después”.

“Todo esto está documentado, está en los expedientes del juicio. Otra nota de color: Miguel Salazar, quien ocupaba un despacho en las oficinas de Vialidad Nacional sin ser empleado como todos creían, formaba parte de las comisiones evaluadoras. Es decir Salazar, que trabajaba para Lázaro Báez, formaba parte de las comisiones evaluadoras de las obras que se adjudicaban dos o tres días antes de la formación de la comisión evaluadora. Por lo cual en los papeles las obras se adjudicaban, por ejemplo, un 10 de enero, pero la comisión evaluadora se juntaba el 12 o el 15 de enero”.

Se presentaban a las licitaciones con un dibujo

Otra de las irregularidades detectadas en la auditoría que encabezó Stoddart y contó a MDZ, parece literalmente el guion de una película: se presentaban a las licitaciones con un dibujo: “Evidentemente querían la plata de la obra pública, no había un solo proyecto ejecutivo de obra terminado. Se presentaban a las licitaciones con un gráfico o un dibujo de lo que sería la futura obra. Ni siquiera tenían un anteproyecto de la obra, que es lo que se presenta cuando se arma la licitación. Las empresas de Lázaro Báez no contaban con anteproyectos, ni proyectos ejecutivos. Las obras de Santa Cruz tenían más de veinte modificaciones y cada modificación de obra que se hacía incrementaba los montos en sumas millonarias, que iban entre el 50% y el 100% de lo presupuestado originalmente”.

El exfuncionario de Vialidad dijo que la mayoría de las obras adjudicadas al grupo de Lázaro Báez no estaban incluidas en el Presupuesto nacional. “Otra de las cuestiones que encontramos en la auditoría interna es que muchas de las obras no estaban presupuestadas. No se pueden adjudicar obras si no están presupuestadas con un número de partida en el Presupuesto nacional”.

Y agregó: “30 obras de las 51 no estaban descritas en el Presupuesto nacional o en el presupuesto de Vialidad, o si estaban descritas estaban por montos muy por debajo a lo que después fueron adjudicadas. Eso sí, las 51 obras se pagaron en su totalidad y por adelantado. De la totalidad de las obras públicas que le adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez solo se terminaron cuatro”.

Lo cierto es que en el juicio por la obra pública de Santa Cruz no hay vuelta atrás. Como se diría habitualmente, “la suerte está echada”. Hoy los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán las condenas para los acusados del robo más grande de las arcas públicas. Se espera un pedido de condena muy fuerte para la vicepresidenta, a quien acusan de ser la jefa de una asociación ilícita.

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