Obra pública: con la octava jornada de alegatos, la fiscalía entra en el tramo final

Ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2, en el marco del juicio oral denominado "obra pública" por el presunto direccionamiento de licitaciones al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015, donde la principal imputada es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa la octava jornada de alegatos de la fiscalía. 

El martes pasado, en la séptima audiencia, el fiscal Diego Luciani consideró que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció un ‘apagón informativo’ en la cuestión presupuestaria, en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos por el Estado Nacional en Santa Cruz, para hacer frente a las obras públicas viales adjudicadas a las empresas del Grupo Báez”. 

Luego se refirió a seis decretos, firmados entre 2009 y 2014, a través de los cuales los jefes de Gabinete modificaron los presupuestos vigentes preaprobados por el Congreso Nacional, a pedido del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio De Vido, y los desligó de cualquier tipo de delito. 

“Entendemos que sería desacertado inferir que los exjefes de Gabinete hayan podido recibir órdenes directas de quienes fueran sus superiores jerárquicos, esto es los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a los fines de direccionar o beneficiar, mediante sus decisiones administrativas, al constructor Lázaro Báez y su conglomerado empresarial”, sostuvo. Asimismo dijo que ello era así porque la “obra pública ya venía confeccionada, prediseñada y dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los exjefes de Gabinete”.

Luego, el fiscal Sergio Mola sostuvo que los imputados conocían perfectamente el funcionamiento de las estructuras del Estado Nacional y provincial, y fueron utilizando ese conocimiento para evadir y neutralizar la actuación de los organismos de control”. Añadió que “organizaron la maniobra de modo tal que las licitaciones aparentaran, frente a los organismos de control nacional, como si fueran actos administrativos que se cumplían en Santa Cruz, que ya habían sido controlados por órganos de control provincial, y frente a la provincia como licitaciones encomendadas por la Nación y solventadas con fondos nacionales”.

Mola recalcó que había “órganos que se encontraban parasitados. Ya sea por la omisión de cubrirse los cargos importantes, o por no dotarlos de personal suficiente, por la inactividad de sus integrantes, porque eran cooptados por diferentes razones, o porque se simulaba un control que no era tal”.

Falta de controles 

En otro tramo la fiscalía recordó que en 2003 Néstor Kirchner designó a Alessandra Minnicelli -esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido- a cargo de la Sigen, “en un puesto clave, en el organismo encargado de llevar adelante el control de las obras que se llevaban adelante desde la cartera de su marido, y de los organismos que dependen de la cartera de su marido”. “El mensaje fue claro: ‘acá no se va a controlar nada’. Y es lo que pasó”, destacó.

Negocios comerciales

Al retomar su exposición Diego Luciani se refirió a los “motivos del direccionamiento y del beneficio burdo e inadmisible a las empresas de Lázaro Báez” y en base a “circunstancias sumamente relevantes que a lo largo del juicio se intentaron invisibilizar, tanto por la principal imputada, Cristina Fernández, como por sus defensores: las operaciones comerciales realizadas entre los entonces jefes de Estado y Báez, en paralelo a las licitaciones que le eran adjudicadas”, sintetizó.

Tras ello, habló de la existencia de “conflictos de intereses” en los 51 procedimientos licitatorios analizados que “estuvieron francamente direccionados y que fueron una apariencia para extraer fondos públicos”. Explicó los motivos por los que “un empleado bancario [por Báez], en tan sólo tres años, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz”. Para el fiscal, “esto, que escapa a toda lógica, tiene una lógica: Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Fernández".

En tal sentido, Luciani consideró que “el conflicto de intereses cobra especial relevancia si el empresario beneficiado no sólo es amigo personal de los expresidentes sino que, paralelamente a las contrataciones efectuadas en la esfera pública, realizaban entre sí numerosos negocios; contratos privados de compraventas, cesiones de derechos, administración y alquiler con Lázaro Báez y con las empresas de su grupo empresarial”. Agregó que también se “presenta un claro conflicto de interés si ese dinero proviene de las arcas del Estado, cuyo destino es manejado por los máximos responsables políticos de la Administración General del país”.

Finalmente mostró que dieciocho negocios que vincularon a Lázaro Báez y sus empresas, con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que explicaban el beneficio en favor del empresario. Se trató de “operaciones millonarias: compraventas inmobiliarias, cesiones y permutas de inmuebles, constitución de fideicomisos, la suscripción de numerosos contratos de locación, e incluso, de gerenciamiento hotelero. Todo esto se desarrolló mientras la defraudación objeto de este juicio se encontraba en marcha”, destacó la fiscalía.

La fiscalía insistió en que “dado los claros negocios que mantenían los entonces presidentes de la Nación con Lázaro Báez, hubo un claro conflicto de interés, que los obligaba a impedir la concesión de las obras públicas que se realizaban con fondos del Tesoro nacional; y la omisión de denunciarlo, la cantidad de negocios, su clandestinidad, la cantidad de irregularidades y su extensión en el tiempo, nos muestran que ese fue el móvil que los guió para beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas. (..) Más que un conflicto de intereses había una conjunción de intereses mutuos".

Tras el último cuarto intermedio de la jornada, el fiscal Luciani retomó la exposición y exhibió las comunicaciones entre José López y los secretarios privados de Cristina Kirchner, Diego Bermúdez y Mariano Cabral, con Máximo Kirchner, con Abel Fatala, con Alicia Kirchner y con otros funcionarios provinciales. De ellos surge, dijo el fiscal, “el trato asiduo entre José López y las empresas de Lázaro Báez” y cómo “mantenía al tanto a la presidenta de todo lo que se iba haciendo en Santa Cruz”.