Ya está decidido el aumento tarifario: a quiénes se les eliminará el subsidio

La decisión ya está tomada. Este año aumentarán las tarifas de servicios públicos hasta un monto exacto de un 0,6% del PBI (medido en los volúmenes de este año), lo que implicaría un monto cercano a los $ 400.000 millones totales. En total casi un 80% de los usuarios y tarifas tendrán o un aumento promedio de 60% en la electricidad y el gas y, directamente, una eliminación total del subsidios. En este grupo ingresarán los que considere el Estado Nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.

Entre estos se ubican los que perciban mensualmente salarios en blanco brutos de hasta $300.000 o $350.000 (no está aún determinado el monto exacto pero se ubicará entre ambos montos) indexados por CVS, los autónomos de categorías superiores, quienes posean 3 o más automóviles de no más de 5 años de antigüedad, los propietarios de embarcaciones y aeronaves (de cualquier valor), los propietarios de hasta 3 inmuebles no afectados a la producción y destinados (o no) a la vivienda (se aplicará a todas las unidades) y quienes tengan un nivel de gasto en tarjetas de créditos y débito dentro del país o en el exterior por montos altos y relacionados con ingresos de $300.000/ $350.000 mensuales y sostenidos en el tiempo. Se supone que en total estas restricciones alcanzarían a algo más del 10% de los clientes de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, lo que pasarían a pagar tarifas plenas sin subsidios. Y probablemente en un límite de tiempo no superior a los tres meses.

El resto de los usuarios tendrán un incremento de hasta un 60% de pago actual, en un esquema que se extendería hasta el último trimestre del año. Una parte de la población importante permanecerá con los niveles de subsidios actuales, siempre que se encuentran dentro de los sectores menos favorecidos. Se encontrarían en estos sectores los jubilados que cobren hasta dos mínimas, trabajadores irregulares, trabajadoras domésticas, monotributistas de las dos primeras categorías, beneficiarios de planes sociales nacionales y familias con trabajos registrados cuyos ingresos estén alcanzados por los límites de la canasta básica de pobreza que mide el Indec.

Esta es la promesa ya formal que Martín Guzmán le efectuó a los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fiscalizan el caso argentino, y que deben evaluar en mayo durante la primer misión al país; que efectivamente el ministerio de Economía se está moviendo en la dirección de cumplir la principal meta pactada con el organismo: un déficit máximo de 2,5% del PBI para todo el 2022. Luego, en 2023 tendrá que descender al 1,9% y a menos de 1% en el 2024; año en el que habrá otra gestión diferente a la actual.

El ajuste tarifario que deberá aplicar el país, por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar así a más de $ 325.000 millones; incluso en un monto más cercano a los $ 400.000 millones. Se trata de un total pactado con el FMI del 0,6%. El cuadro conocido hasta ahora con un alza tarifaria de 20% y la eliminación de los subsidios totales para algunas zonas favorecidas de CABA y el Conurbano Bonaerense,  sólo llegaba al 0,2% del monto acordado con el Fondo, con lo que deberá acelerarse el nivel de ajuste. El ajuste de las tarifas de electricidad se elevaría a más del 40%, siempre desde el segundo semestre del año. El porcentaje de incremento dependerá de dos cuestiones. El primero, la marcha de la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida por Economía para todo el 2022. Si hacia septiembre Martín Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco. Si, por ejemplo, estos crecen por encima del 50% ante una aceleración inflacionaria, el alza tarifaria final también subirá por arriba del 40%, acercándose incluso al 45%.

Pero el capítulo de los incrementos no quedaría allí. Hay un compromiso explícito del Gobierno ante el FMI, por el cual la eliminación de los subsidios directos deber pasar del 0,08% ya anunciado a un 0,1% del PBI. Esto es, de unos 6.500 millones a 65.000 millones de pesos. ¿Cómo se logrará este incremento? Aplicando el mismo criterio que se anunció para la Capital Federal y algunas, pocas, zonas del conurbano; a unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino. En semanas se anunciarán zonas urbanas y rurales de todo el país, donde se ubicarían inmuebles de alto valor y supuesto nivel de ingresos de sus habitantes, a los que se le eliminaría el 100% de los subsidios.