Ley de baja de imputabilidad: argumentos a favor y en contra sobre un tema que reflotó
En un contexto de inseguridad creciente en todo el país, recientemente reflotó una vieja discusión e implicó la presentación de dos nuevos proyectos en el Congreso de la Nación. Se trata de dos iniciativas para bajar la ley de imputabilidad. La primera a 15 años y la segunda a 14. Los planteos tienen como autores principales a los diputados bonaerenses del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo. Aunque no es ninguna novedad. Ya existe una idea similar diseñada por el exdiputado mendocino Luis Petri, que hasta obtuvo estado parlamentario. Petri dejó su banca en 2021, pero aún así es un fiel defensor de esta modificación del código penal. Del otro lado de la vereda se encuentran organizaciones que cuestionan la propuesta legislativa, por ejemplo, la Asociación para la promoción y Protección de Derechos Humanos - Xumek.
Petri recibió a MDZ en su despacho ubicado en la Ciudad de Mendoza y explicó los motivos que lo llevan a considerar que es necesario aplicar una ley de tal índole. El radical ya tiene experiencia en la materia al haber sido el impulsor de la Ley 27.375 que establece que no se podrán otorgar salidas anticipadas a los condenados por "violaciones a la integridad sexual, por torturas seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas y robo con arma de fuego y en banda".
"Es imprescindible modificar un sistema que fracasa todos los días. Cada vez que una persona menor de 16 años comete un delito, particularmente violento, demuestra que el sistema no está preparado para impedir que esa persona escale en su carrera criminal y que aumente la peligrosidad y la violencia con la cual comete hechos delictivos. Y el Estado está ausente hasta ese delito violento y que conmociona. Tenemos una legislación que data del siglo XX en pleno siglo XXI y de más de 40 años. En 1981 se sancionó el régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que rige en la Ley. Tenemos una ley de la dictadura que le otorga al juez facultades discrecionales y absolutas, tanto para los inimputables como para los menores que van entre los 16 y 18 años. Es un sistema tutelar que, además, no otorga ningún tipo de garantías a la propia persona que está siendo sometida a un proceso penal. Me refiero a la de entre16 y 18 años. Ha sido cuestionado fundamentalmente por esto y por eso creo particularmente que cuando una persona es consciente, comprende la criminalidad del hecho que realiza, sabe que está matando y acepta las consecuencias, debe ser juzgada", explicó Petri sobre la ley de baja de imputabilidad.
Entre los puntos principales que destacó, enfatizó en que para él "es un tema de justicia y no de inseguridad". "Muchas veces dicen que los delitos cometidos por personas entre los 14 y los 16 años no tienen impacto en términos de seguridad porque son menos del 5%. Pero esto no tiene que ser visto como una cuestión de seguridad o bajo esta óptica. Tiene que ser visto bajo la óptica de la Justicia. Porque vos por ley presumís que esa persona no comprendió el hecho que realizaba y por lo tanto lo declarás inimputable. En el mismo acto condenás a la familia de la víctima a la impunidad, que va a reclamar justicia y el juez le va a decir 'no puedo darle el derecho a un proceso justo o al debido proceso porque la ley me lo impide y a esta persona la tengo que declarar inimputable'. Entonces, el debido proceso, el acceso a la justicia tiene que ser tanto derecho del imputado como de la víctima. En este caso se está negando pese a que esa persona sabía lo que hacía. Ya no son razones de seguridad, sino que son de estricta justicia para no consagrar la impunidad", esgrimió.
Sobre los fundamentos para llevar a adelante una decisión legislativa de tal magnitud, sostuvo: "Primero, científica y médicamente se ha comprobado que una persona a los 14 años tiene la capacidad de conocer, comprender y razonar respecto de los hechos que realiza. Tiene conocimiento, libertad y voluntad. Segundo, la inmensa mayoría de los países del mundo lo han establecido a los 14 años y hay algunos en los que es menos. Uruguay, por ejemplo, a los 13, Reino Unido a los 8. Países como Italia, Alemania, Paraguay, Chile -puedo mencionar muchísimos más- lo han establecido a los 14 años. No hay reparos constitucionales ni de los tratados a bajar la edad de imputabilidad".
En ese sentido aportó que "la Convención de los Derechos del Niño lo único que establece es que la imputabilidad tiene que ser fijada por ley. Después lo podés fijar a los 13, 14 o 15. Es una decisión que tiene que tomar el legislador. Y la ciencia ha determinado que a partir de esa edad no caben dudas de que esa persona comprende la criminalidad del hecho que realiza".
A la hora de diferenciar su proyecto con el de Santilli, señaló que "los dos establecen un sistema de responsabilidad penal juvenil. La diferencia, probablemente más nítida, es que en el mío la edad de imputabilidad se establece a los 14 años y el de Santilli a los 15. Pero se habla de un sistema de penas diferenciadas y establecimientos especializados para el cumplimiento de la pena que establecerán medidas alternativas a las penas de prisión, tratándose de delitos leves o de menor cuantía. En los casos de homicidio, de violación o de robo con armas, claramente la pena de prisión es la que resulta aplicable. En otro tipo de delitos que quizás no involucren violencia está la idea de la realización de talleres, trabajos comunitarios o de reglas de conducta que no impliquen la prisionización. Puede funcionar porque la pena de prisión tiene que funcionar ante un delito grave, como puede ser un homicidio, una violación, un secuestro, una tortura, un acto de terrorismo o lo que fuere. En esos casos sí. Por lo menos en mi proyecto se establece la pena de prisión. En delitos más leves, eventualmente hay que buscar otras alternativas".
¿Cuáles son los resultados?
A la hora de hacer referencia al saldo final de bajar la edad de imputabilidad, Petri dijo que el resultado "es relativo" y que "lo que pasa es que no es estadístico. Reitero que no se hace por cuestiones de seguridad. Justamente cuando te encontrás organizaciones dicen que esto no impacta... ¡Macana sí impacta! Tenés un montón de delitos que pasan bajo el radar hasta que cometen delitos graves. Pero independientemente de esto, insisto en que lo que le negás la posibilidad a la familia de la víctima de acceder a la Justicia. Ahora, claramente es más fácil que vos puedas resocializar a una persona que no está formada criminalmente, que está dando sus primeros pasos. Y vos advertís que esa persona está dando sus primeros pasos en el camino criminal y decís 'bueno, pará', vamos a intervenir con un equipo multidisciplinario y trabajar para que no abandone la escuela o que se traten de sus adicciones. Vamos a ver que está pasando en su hogar y ver cuáles son las condiciones. Hay muchos jueces que lo que hacen es restituir al niño a su hogar y lo único que logran es restituirlo al lugar en donde lo formaron como criminal. Hay que analizar todo el contexto y tomar medidas para que ese chico se resocialice, recupere su regularidad escolar, trate sus adicciones, que tenga un entorno familiar que lo acompañe en ese proceso. etc. Hay que hacer un abordaje pormenorizado de los problemas que tiene esa persona".
¿Nafta al fuego?
En un país como Argentina, donde la situación socio-económica va de mal en peor a medida que pasa el tiempo, es pertinente considerar que el delito continuará con una tendencia ascendente. Entonces, ante la consulta de si esto sería un elemento a tener en cuenta, Petri argumentó: "Este país lo que necesita es recuperar la vigencia del Estado de Derecho, que la ley sea aplicable para todos y que rija el principio de igualdad. No puede ser que los piqueteros estén eximido del cumplimiento del Código Penal, que quienes cortan la calle no tengan ningún tipo de reproche. No puede ser que se utilice el argumento de la desigualdad para abolir las penas del Código Penal. El principio de igualdad ante la ley indica que si una persona comete un delito, cualquiera sea su condición socio-económica, tiene que hacerse cargo del castigo. Hay muchísimas personas que en este país viven en la pobreza y lo hacen con honradez, trabajando todos los días, rompiéndose el lomo. La condición de pobreza no es justificación para que roben, porque el 95% de las personas que hoy viven en la pobreza en la Argentina se desloman quieren salir de la pobreza y no recurren al delito. Me parece que esos son los abolicionistas que no quieren ningún tipo de pena y aprovechan la situación económica para decir que no hay que juzgar a nadie y hay que hacer lo que decía Eugenio Zaffaroni, que cuando veía un expediente intentaba hacer zafar al delincuente".
La antítesis del proyecto
Francisco Machuca, abogado especialista en el ámbito y miembro de Xumek dialogó con MDZ y dio su punto de vista respecto del planteo punitivo, dejando en claro su postura en contra y subrayando que tiene tintes demagogos y electoralistas.
"Es demagogia. Lo dicen para vender que no es una cuestión punitiva. Pero después no hay presupuesto. La realidad nos lo muestra. Petri quiere 'matar al perro para que se corte la rabia' (...) Es entendible la bronca de la gente, pero te venden como solución mágica la baja de imputabilidad o endurecimiento de penas. Servirse de la bronca de los hechos de inseguridad es para tener un segmento del electorado cautivo. Los resultados han mostrado que se han equivocado".
Sobre el planteo de Petri acerca de que "se trata de un tema de justicia y no de inseguridad", manifestó: "Es un argumento cínico e hipócrita. Se lo han vendido como esto a la sociedad. Si fuese ese argumento de Justicia, ¿qué hizo Petri cuando era diputado para evitarlo? Se conecta con las garantías del Estado para evitar llegar a ese extremo. Un niño que tenía 4 o 5 años cuando él llegó al Congreso estuvo esperando 10 años más para evitar llegar a ese punto. Si fuera un tema de Justicia, seria retributiva".
Y siguió: "Cada país puede, pero el proyecto tiene debilidades de fondo. Quiere extender la punibilidad al menor, pero éste no puede participar de ninguna manera en la formación de las leyes. Un menor no puede participar en el proceso democrático y encima es un Estado que no le da garantías a ese menor".
"El principio de igualdad ante la ley está. La confusión radica en que ellos quieren bajar la imputabilidad y lo que va a pasar es que van a saturar el sistema. Lo que cuestionamos es la legitimidad del estado. En vez de pensar qué pasó con el chico de 14 o 15 años se piensa en una situación de penalidad", comentó Machuca.
Finalmente, concluyó que la postura desde Xumek condensa que "la solución no es punir. La cuestión es cómo transmitir condiciones desde los 4 o 5 años para evitarlo. Si vos implementás un sistema educativo, con eso alcanza".