Un docente para los docentes

Todos los años los trabajadores de la educación exigen más y mejores condiciones para el ejercicio de la práctica de la enseñanza. Hay un dato no menor, que podría garantizar un mayor entendimiento que dirima los conflictos: desde la vuelta de la democracia, pocas veces ha estado a cargo de la Dirección General de Escuela (DGE) una docente de la gestión pública. Por eso, propongo que la persona que ejerza el cargo de director/a general de Escuelas reúna los mismos requisitos que se le solicitan a un docente para concursar un cargo de directivo de una escuela o supervisor/a de una escuela estatal, no privada. Por ejemplo, que reúna un mínimo de 5 años dictando clases frente a alumnos, así como los mismos compromisos y deberes que se requiere a quienes son docentes en distintas normativas, como el mismo estatuto del docente.

La insistencia con el hecho de que la persona provenga de la gestión pública tiene que ver con la necesidad de que conozca internamente el funcionamiento , que conozca la realidad del maestro y no deba adaptarse una vez que esté en funciones, ya que esto implica al menos un año de formación práctica en un puesto que, en el mejor de los casos, tiene una duración de cuatro.

Existen grandes diferencias entre lo privado y lo estatal, como por ejemplo, justamente que para estar a cargo de una escuela del Estado se debe rendir un concurso jerárquico y cumplir con una serie de requisitos, mientras que en el otro caso pueden ser elegidos por los dueños de los establecimientos o la comisión que los gestione. Lo mismo sucede allí con los cargos docentes y no docentes. Es por ello que la dinámica no es la misma, y sería de gran ayuda que quien administre pudiera conocer por experiencia propia la realidad de lo que estará bajo su órbita.

Esto no quiere decir que la DGE esté exenta de conducir también los destinos de la educación privada, porque también lo hace, pero resultaría conveniente priorizar lo que requiere una mayor injerencia basándonos en lo sucedido durante los últimos años. No hay una normativa específica que exprese parámetros para estar a cargo de la DGE, más allá de ser idóneo y algunos requisitos legales. Es fundamental profesionalizar en este sentido, para que nos permita ser capaces de brindar mejores soluciones y generar políticas públicas que sean más cercanas y realistas, a partir de que emerjan de los propios actores que han hecho carrera en ese ámbito.

Es por ello que sería relevante delimitar ciertas condiciones que respalden su trayectoria. Para eso propongo crear un ley específica que acompañe este pedido y asegure continuidad en esta decisión, que busca mejorar la gestión provincial en materia de educación, ya que es fundamental para el futuro de Mendoza.

* Lucas Ilardo, senador provincial por Mendoza, presidente del bloque PJ