El acuerdo con el FMI, lejos e invadido por las desconfianzas

El acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está lejos. Son enormes aún las diferencias en cuanto a la posibilidad de coincidir entre lo que Argentina ofrece como mecanismo para lograr las metas de reducción del déficit fiscal y lo que reclaman los técnicos del organismo. Y no parece haber posibilidades reales que el board del Fondo avale los reclamos de reducciones de costos y sobrecostos del plan de pagos exigido. Y, para peor, todo indicaría que las relaciones con  los Estados Unidos no estarían todo lo aceitadas que se necesitaría para que la votación del representante de ese país ante el directorio facilite las cosas.

Dentro del panorama local, nada indicaría que la posición interna de la coalición gobernante sea coincidente y sólida (aún no se sabe que opina el kirchnerismo); a lo que hay que sumar la interna abierta que surgió dentro de Juntos por el Cambio, cuyos votos también son indispensables en el Congreso Nacional en el momento eventual de aprobar legislativamente el Facilidades Extendidas.

Todas estas cuestiones quedaron ayer en claro, luego de la presentación conjunta del presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Casa de Gobierno, y donde la noticia pasó tanto por las presentaciones del Ejecutivo, como por la posición que dejaron en claro los dos representantes provinciales más cercanos al kirchnerismo: el chaqueño Jorge Capitanich y el bonaerense Axel Kicillof. Cada uno con su impronta y grado de explosión verbal, mostraron los dientes ante eventuales acercamientos del oficialismo a algo que se asemeje un ajuste reclamado por el FMI.

De esta manera, varias cosas quedaron en claro en la presentación oficial de ayer de Alberto Fernández y Martín Guzmán sobre la marcha de las negociaciones con el FMI. Pero concentrándose en cuestionamientos meramente técnicos vinculados con las negociaciones con los delegados del organismo responsables de acercar posiciones para cerrar metas fiscales, comerciales, monetarias y macroeconómicas; queda en claro que las partes están lejos. En especial en la desconfianza de la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, la norteamericana Julie Kozac, y el encargado para el caso argentino el venezolano Luis Cubeddu, ante la promesa de Guzmán sobre que Argentina crecerá en los próximos cuatro años lo suficiente como para no tener que aplicar un ajuste fiscal.

Según las proyecciones del Palacio de Hacienda, el país aumentará su PBI entre 4% y 5%, con lo cual no habría problemas para conseguir una reducción del déficit fiscal sin recurrir a un plan de ajuste. Para el FMI, eso es imposible. Consideran desde Washington que el país no tiene los dólares frescos suficientes como para garantizar ese nivel de crecimiento, y que el panorama fiscal, monetario y cambiario avanzan más hacia la recesión que a la aceleración productiva.

Surge en ese punto una situación compleja. Ni Kozac ni Cubeddu quieren jugarse a firmar un acuerdo con metas sobre las que haya desconfianza de cumplimiento y que impliquen con los años cuestionamientos desde el propio organismo por haber cerrado un cronograma de metas que luego Argentina no logró. Saben la norteamericana y el venezolano que el destino interno de sus antecesores que definieron y firmaron acuerdos con el país que luego fracasaron, fue el destierro. Y que en pocos ejercicios ese también podría ser su suerte si Argentina no cumple el Facilidades Extendidas. Ante esto, prefieren hoy cerrar filas y negarse a la flexibilidad. Sólo una presión de Kristalina Georgieva y el board del FMI podría torcer este rumbo; algo que luego de las frases de ayer de Kicillof sobre el organismo y los Estados Unidos parece difícil de conseguir.  

Mientras tanto, hay otras cuestiones que ya están definidas y sobre las que no se deben esperar buenas noticias. No habrá quitas de capital. Argentina le deberá al unos US$44.700 millones fruto de la liquidación del Stand By firmado en 2018. Tampoco habrá extensiones especiales de los plazos, con lo que el acuerdo de Facilidades Extendidas tendrá una duración de 10 años. Y, lo peor, es difícil a esta altura conseguir una reducción de las tasas de interés, con lo que el pacto tendrá un costo de aproximadamente 4,05%. Salvo sorpresas, agradables, de último momento; este es el panorama general de la negociación que el país deberá cerrar con el FMI, más allá de las distancias antes mencionadas con la parte técnica del organismo.

Desde el kirchnerismo se mira el panorama con algo de espanto: nada de lo que hace aproximadamente un año reclamaron desde el bando del principal accionista de la coalición gobernante, posición crítica que se hizo pública durante todo el 2021, estará plasmado en las negociaciones. Ni la alternativa de un acuerdo a 15 o 20 años, ni la quita de capitales ni la reducción de intereses fueron aceptadas el FMI, y no hay alternativas esperanzadoras que en alguna reunión salvadora del board (el directorio donde se manejan las políticas máximas del Fondo), se pueda lograr, al menos, una reducción de los sobrecostos.

Dependerá de la diplomacia directa del Gobierno nacional y sus delegados ante la administración de Joe Biden. Mientras tanto, el panorama para el kirchnerismo es bastante desoladora ente lo que se le requería al presidente. Y eso que aún no se conocen los términos técnicos del Facilidades Extendidas: metas de déficit fiscal, superávit comercial, crecimiento de la economía, nivel de reservas, porcentaje de subsidios sobre PBI, etc.

Ante el panorama, Alberto Fernández y Martín Guzmán saben que sólo una decisión de Estado podría torcer el panorama. Pero no se sabe aún si el kirchnerismo acompañaría esa actitud de pensar más en el largo plazo que en el corto.