Victoria Donda a un paso del sobreseimiento en la causa con su empleada doméstica

Tras la apelación del fiscal Guillermo Marijuan a la resolución del juez Sebastian Casanello que decidió sobreseer a la titular del INADI, Victoria Donda sin haberla indagado como le había solicitado en dos oportunidades, el fiscal ante la Cámara Federal decidió no sostener el recurso. 

De este modo, Agüero Iturbe rechazó el pedido de indagatoria con el que insistió Marijuan al indicar que "para indagar a alguien por algo, ese algo debe ser un delito (aún con el grado de provisoriedad propio de la etapa). Y para considerar que estamos en presencia de uno, el hecho debe reunir los elementos necesarios que permitan subsumirlo en una figura legal. Si tales elementos no se encuentran presentes no podemos afirmar que estamos ante un delito; máxime en situaciones como esta en donde ya se produjo la prueba razonablemente producible".

Recordemos que previo a la feria judicial, el juez Casanello decidió sobreseerla “al haberse verificado que no existió un acto funcional, por lo que al no haber tipo penal tampoco es posible el llamado a indagatoria”.

En su resolución, el juez magistrado manifestó que la indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal si es que faltan los elementos del tipo penal. En ese sentido entendió que más allá de las conversaciones que pudo haber entre las partes no existió acto funcional administrativo. Es decir no dictó resoluciones contrarias a la legislación vigente.

En ese sentido el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que “se comprende la indignación sentida frente a la valoración de inmoral del acto formulada, pero ello no puede forzar en modo alguno el juicio de subsunción ante la ausencia de elementos típicos requeridos por ley para su configuración sin violentar el principio de legalidad, en su rol de limitante o legitimante (según la vertiente doctrinal que se suscriba) del poder punitivo del Estado".

Para Marijuan, en cambio, “se encuentra probado que la imputada, abusando de su condición de funcionaria pública como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- y privilegiando su interés particular, ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social exigiéndole para ello que renunciara al trabajo que desempeñaba como empleada doméstica en su domicilio particular, con el único fin de evitar tener que hacer frente a cualquier tipo de reclamo indemnizatorio que le correspondía a título personal, producto de las irregularidades que detentaba la relación laboral que las vinculaba.”

Asimismo entendió Marijuan que “si bien es cierto que desde el inicio de la causa se conocía que no se llegó a celebrar contrato alguno en el INADI con la Sra. Banda Oxa, ni se otorgó a la nombrada ningún plan social, ello obedeció a que la denunciante interrumpió toda comunicación con la imputada; extremo que no excluye la comisión de la conducta típica, ya que como se ha señalado, reiteradamente el interés en miras de un beneficio propio aquí ha sido probado.”

Será ahora la Sala II de la Cámara Federal la que defina aunque con un recurso que no fue sostenido es muy difícil que pueda avanzar la causa en otro sentido que no sea la confirmación del sobreseimiento.

Hay que hacer hincapié en que la denuncia fue presentada a fines de 2020 por el abogado de la empleada Arminda Banda Oxa, Fernando Zarabozo, donde planteó que la mujer trabaja desde el año 2007 con la titular del INADI, Victoria Donda quien pretendió echarla, buscando su renuncia a cambio de un subsidio o de un cargo en el organismo que preside siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado. Casanello entendió en su resolución que la vía laboral era la correcta.