Cómo justificaron la "rebaja" en más de U$S200 millones el costo de Portezuelo
"Optimización por costos financieros". Tanta optimización que sorprende: más de 200 millones de dólares. De esa manera la UTE Malala Hue justifica la mejora de oferta que hizo para la construcción de la represa Portezuelo del Viento y que tiene a esa unión de empresas como único postulante. Incluso ahora hay una sola alternativa: la reducción de costos se hizo solo para una de las 6 variantes que se habían presentado. Por eso el precio oficial que se presentó es de 989 millones de dólares para toda la obra, aún 100 millones de dólares por encima del presupuesto oficial, pero dentro del dinero disponible que tendrá Mendoza para hacer la represa. Claro, hay otros detalles: el Gobierno preveía tercerizar la inspección de los trabajos y no se sabe si alcanzará.
Incluso la reducción del precio tiene condicionantes, al igual que la propuesta realizada por la empresa. Primero, el 22,61% de descuento propuesto es en realidad menor, pues incluye el 1,67% que se había propuesto originalmente en la oferta y que está condicionado a que el Estado adelante un 10% del presupuesto.
Es decir, que luego de firmar el contrato y sin mover una máquina la UTE reciba casi 100 millones de dólares para comenzar los trabajos. No es un dato menor. La UTE está formada por la empresa china Sinohydro, que lidera el consorcio y tiene una participación "sui generis" para lo que son las inversiones chinas. A diferencia de lo que ocurre en otras obras, esa empresa estatal china no debe aportar dólares, sino solo cobrar.
Lo curioso es que hasta último momento la empresa amenazó con abandonar el proyecto por la falta de garantías para poder cobrar dólares y la reticencia a bajar el precio. Las otras empresas están en problemas y lo que necesitan es, justamente, caja: IMPSA tuvo que ser rescatada por el Estado y CEOSA arrastra deudas enormes con los bancos.
El gobernador Rodolfo Suarez debe decidir ahora si adjudica o no. Previamente la comisión de adjudicación debe emitir un dictamen, pero la decisión es netamente política. Pero es más complejo, pues Fiscalía de Estado también emitirá una opinión sobre la conveniencia o no de adjudicarla en esas condiciones, luego de que se presentara un recurso ante ese organismo extra poder. Allí se abren otras aristas. Los juristas estiman que habrá más trabazón judicial si se firma el contrato porque La Pampa podría recurrir a la Corte Suprema para frenar precautoriamente la obra y, así, generar un posible perjuicio por la suspensión de los trabajos. Pero además hay objeciones de las empresas que no pudieron ser parte de la licitación por el precio y también reclamos ambientales: creen que por la decadencia hídrica Portezuelo no se llenará a tiempo y no generará ingresos suficientes por la generación de energía.
Esos argumentos ya habían sido detallados en informes surgidos desde el llamado "Grupo Olascoaga", conducido por el exgobernador Arturo Lafalla, y también dentro de otros sectores políticos ligados, incluso, al oficialismo. El Gobernador tiene la decisión tomada de avanzar con la obra y con la ejecución del convenio tal cual fue firmado entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri.
Días clave
Portezuelo del Viento es el proyecto de obra pública más grande del país entre las que están previstas iniciar este año. Consiste en la construcción de una represa para regular el Río Grande, en el extremo sur de Mendoza, pero además será necesario mudar un pueblo (Las Loicas), reconstruir dos rutas (una internacional) y montar todo el sistema de transporte de la energía que se producirá.
La obra se financia con los recursos que la Nación le debe a Mendoza por el acuerdo extrajudicial al que llegaron por los perjuicios de la promoción industrial. El proyecto tiene objeciones políticas en el comité que regula el río Colorado (el río Grande es afluente), pero la licitación depende totalmente de la provincia. Los tiempos se estiraron; tanto que va camino a cumplir dos años desde que se lanzó y pasó un año desde que se abrió el primer sobre y aún no se adjudica. En esa licitación hubo un solo oferente y el precio que ofertó estuvo muy por encima del presupuesto oficial. La Provincia presupuestó todo en 884 millones de dólares y el precio de la empresa era 1053 millones de dólares más IVA, y 1278 millones de dólares en total. Por eso todo entró en tensión y se puso en duda la conveniencia de la adjudicación.
La UTE había presentado 6 alternativas. Pero una sola quedó en pie con la "mejora de oferta" pedida para llevar el costo a 989 millones de dólares. Aunque la obra tiene financiamiento asegurado, ahora se puede transformar en un problema en caso de que no alcancen los 1023 millones que habrá disponibles. Más en una provincia que no tiene recursos para fondear otros trabajos. La ventaja que tiene la provincia ahora es que la Nación se convirtió en socio de la obra por el interés común que tienen como accionistas de IMPSA.