El Estado al frente: así seguirá la "operación rescate" de IMPSA

El rescate estatal de IMPSA continúa. Durante la semana que terminó, la influyente senadora peronista Anabel Fernández Sagasti se reunió con las autoridades del Banco Nación en Buenos Aires y puso a todo el mundo a trabajar en la creación de líneas específicas para que la empresa metalúrgica financie sus proyectos.

"Esto lo vamos a resolver de aquí a dos semanas", prometió Marcelo Costa, síndico mendocino del BNA. El funcionario justicialista explicó que la entidad financiará "inversión y capital de trabajo" para los proyectos de IMPSA, cuyo destino custodian tanto la Nación como la Provincia.

Esta ayuda del Banco Nación a IMPSA no será la primera, ya que el BNA es uno de los bancos que posibilitaron la reestructuración de la millonaria deuda de la empresa (se la ha cifrado por encima de los 500 millones de dólares) que fue de la familia Pescarmona. 

Sólo el Nación tiene pendientes de cobro casi 49,5 millones de dólares que le debe IMPSA. Después de dos restructuraciones, la última de hace pocos meses atrás, la deuda se redujo considerablemente y la banca estatal le concedió a IMPSA la posibilidad de amortizar el capital adeudado recién a partir de 2028, a lo largo de 9 años, con una tasa del 1,5%.

¿Puede darle algo más todavía? Aunque en la semana se escucharon algunas expresiones tendientes a contemplar la posibilidad de que la deuda de IMPSA con el Banco Nación se "capitalice", lo que implicaría que el banco no la cobre, una directora de la entidad, Cecilia Fernández Bugna, negó ante la consulta de MDZ que esto vaya a ocurrir.

Entonces, la apuesta de los gobiernos nacional y provincial es que pronto la empresa mendocina empiece a generar recursos que le permitan en un futuro no muy cercano comenzar a pagar las deudas que acumuló. Depende para esto, en buena medida, de las obras que el propio Estado le pueda conseguir.

Las deudas privadas pasaron a ser endeudamiento de ambos estados, debido a la reciente capitalización por 20 millones de dólares que los hizo acreedores de casi el 85 por ciento de las acciones de IMPSA.

Las cargas para IMPSA en general son menores hasta 2028, que es el año en el que empiezan los encajes más fuertes. Aunque hay quienes aclaran que los riesgos para el Estado no son graves, porque la compañía debe responder a sus deudas "con su capital, no el de los accionistas".

El proceso en general está regido por las condiciones de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que se homologó ante la Justicia y que es obligatorio.

Ese APE, según explicaron fuentes oficiales, tiene un "tratamiento especial" por ser IMPSA una "empresa estratégica". Esa es la calificación que le puso el Ministerio de Producción de la Nación, ya que la firma tracciona una importante cadenas de proveedores. 

El APE le permitió a IMPSA reestructurar su deuda a menos de la mitad, incorporar acreedores como dueños de la compañía y finalmente capitalizarse con los aportes del Estado.

Pero no todo dependerá de los gobiernos. El acuerdo homologado por la Justicia al que está sujeto IMPSA la obliga a realizar una oferta pública de acciones 24 meses después de la capitalización estatal, que se produjo hace poco.

Esto será, según algunos funcionarios, "un hito", ya que, tras el decisivo rescate estatal, IMPSA deberá salir a buscar nuevo capital en el mercado privado dentro de no demasiado tiempo.