Todo para cuidar los votos del AMBA: las distorsiones políticas y tarifarias detrás de la pelea del Gobierno

El Gobierno nacional vive una de las crisis políticas más agudas desde que asumió Alberto Fernández. La tensión se generó por las diferencias de criterio en el Frente de Todos sobre las tarifas y el fusible fue el intento por echar a Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea en jerarquía pero que, al parecer, tiene mucho más poder de lo que ostenta el cargo. Pero hay que ser precisos: la crisis que desestabiliza al Gobierno no es una pelea por el "bolsillo ni por las tarifas de servicios de "los argentinos". Es por el impacto que pueda tener en un área particular que tiene el capital que le interesa al oficialismo: los votos del AMBA. 

El tope del 9% de aumento por el que se pelean Martín Guzmán, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el Gobierno es solo para el AMBA y afecta a las dos distribuidoras eléctricas que abastecen la zona y que regula la Nación. El país en vilo por lo que ocurre en Buenos Aires. Tanto, que en Mendoza, por ejemplo, las tarifas ya aumentaron mucho más que el intento de tope que impulsa el Kirchnerismo. Este año el Valor Agregado de Distribución aumentó un 22% en promedio para clientes residenciales y un 27% para el resto. Incluso como el impacto en el área productiva era muy grande, hubo ayudas provinciales. El VAD es la "parte local" de la tarifa eléctrica. El resto lo componen el costo de la generación y transporte y los impuestos. 

Todo va camino a profundizar las desigualdades. Lo que no se pague con tarifa en el AMBA, se sostendrá con subsidios que saldrán de las arcas nacionales en la que contribuyen todos los argentinos. Las provincias actualizan las tarifas y las provincias subsidian indirectamente el atraso tarifario del AMBA. 

Para Mendoza hay otra particularidad. EDENOR es la principal distribuidora eléctrica del país y es quien tiene la concesión más grande en Buenos Aires. Ahora comparte dueños con EDEMSA, la distribuidora de Mendoza, pues ambas son propiedad de José Luis Manzano y Daniel Vila. Por esa vinculación societaria, como ya ocurrió, hay quienes temen que pueda haber algún tipo de vinculación comercial, económica y financiera. El volumen de los negocios de ambas empresas es muy distinto y en Mendoza aseguran estar "alertas" para que eso no ocurra. 

Los temores

Las tarifas son los valores más sensibles para los gobiernos. Tanto, que antes de aplicar aumentos y actualizaciones lo piensan dos veces. Ocurrió en Mendoza, donde durante todo 2020 se mantuvieron casi todas congeladas (salvo el agua). A fines del año pasado Rodolfo Suarez analizó con "pies de plomo" cómo trasladar los costos que subían a los precios de las tarifas del transporte, el agua y la luz. Antes de la pandemia, por ejemplo, en Mendoza seguían de cerca las protestas de Chile, detonadas por el aumento en el transporte. Este año volvieron a aumentar todos los servicios que dependen de la regulación provincial. 

A nivel nacional le temen aún más. Y tienen un ejemplo de "realidad aumentada": la experiencia vivida en el gobierno de Cambiemos  con el impacto que generó el aumento intempestivo y violento en las tarifas de gas y luz, calculadas por Juan José Aranguren y ejecutadas por Mauricio Macri. El impacto de esas medidas fue el principio del fin del éxito electoral de ese frente político. 

El problema son las distorsiones. Hay contratos y acuerdos que marcan el camino que deben seguir las tarifas para equilibrar las necesidades económicas para prestar los servicios, invertir y que las empresas concesionarias ganen. Para un lado o para el otro hubo quiebres a la lógica; por los aumentos desproporcionados o por el congelamiento nocivo que generó litigios, desabastecimiento energético y pérdida de calidad del servicio. 

La otra vía que ya es frecuente es la judicial. De hecho en Argentina y en Mendoza en particular para las empresas de servicio es más importante tener buenos abogados y vínculos políticos que los mejores ingenieros. A eso apuntan algunas sospechas sobre la estrategia de los nuevos accionistas de EDENOR: generar antecedentes por "ingresos no percibidos" para litigar, sumado a los guiños que hay en la ley de Presupuesto.