Ciudad y Nación ante un nuevo enfrentamiento, esta vez por los presos

Hace unos días atrás un informe efectuado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y los listados remitidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires daba cuenta que:

 • Durante 2020 se  registraron 17.384 detenciones policiales de personas mayores de 18 años derivadas por decisión judicial a comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para su alojamiento.

• Casi el 99,1% de las detenciones derivadas a dependencias de la Policía de la Ciudad fueron realizadas por esa fuerza policial. El 90,5% fueron hechas por la Superintendencia de Seguridad Comunitaria Metropolitana.

• Se registró el alojamiento de personas en 16 alcaidías de la Policía de la Ciudad, cinco de las cuales fueron habilitadas durante el 2020 a raíz de la necesidad de alojamiento surgida del contexto. Asimismo, se rehabilitó el alojamiento en comisarías vecinales, cuyos calabozos habían sido clausurados a partir de la construcción de las nuevas alcaidías.

• Se registró la producción de pésimas condiciones materiales, sobrepoblación y hacinamiento llegando a alojar 537 personas en establecimientos cuyo cupo máximo de ocupación es de 130.

La permanencia en dependencias policiales de personas en carácter de detenidas, con prisión preventiva y/o condenadas, excediendo el tiempo máximo de permanencia estipulado en 72 horas se debió principalmente a que, aduciendo como motivo la pandemia de Covid-19, el Servicio Penitenciario Federal suspendió la admisión de detenidos y detenidas a las alcaidías bajo su competencia.

Como resultado de lo expuesto, la Procuración Penitenciaria de la Nación afirmó en su informe que nuevamente “el Estado –en su dimensión gubernamental tanto nacional como local– no sólo no garantiza un adecuado alojamiento para las personas detenidas en las dependencias policiales, sino que repite y agrava exponencialmente las problemáticas registradas de manera sistemática en el sistema penitenciario: sobrepoblación, pésimas condiciones materiales, deficiente alimentación, falta o deficiente asistencia de la salud, agresiones físicas, entre otras, las cuales se producen en el marco de una situación de excepción producto de la pandemia de Covid-19 que invisibiliza la problemática y profundiza la vulneración de las personas más marginalizadas del espacio urbano.”

En ese contexto el secretario de justicia y seguridad de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro citó una nota del diario Clarín sobre el colapso en comisarías y a través de las redes sociales aseveró “ las autoridades del gobierno Nacional deberían dejar de ser indiferentes. El SPF cerró el ingreso de detenidos desde Ciudad y eso nos llevó a readaptar comisarías y alcaidías”

Además agregó: “Debido a esto los efectivos de la policía de la CABA tuvieron que cumplir funciones que no les corresponde como vigilar a los presos. Exigimos una respuesta inmediata. Dejen de mirar para el costado, los derechos humanos deben ser respetados.”

La respuesta no tardó en llegar por parte de la interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós que también haciendo uso de las redes sociales dijo que “en un diario hoy se publica que las dependencias de detenidos de CABA están colapsadas porque el SPF no recibe a personas detenidas. Es mentira.

Así comenzó un hilo que continuó “desde abril de 2020 hasta mayo de 2021 el SPF ha recibido en los complejos de AMBA 3369 personas detenidas por la policía de la ciudad y 610 que detuvieron otras fuerzas.” 

Asimismo manifestó que “en 2019 en ministro Garavano reconoció la emergencia carcelaria fruto de las reformas de la ley de ejecución penal y otras reformas procesales como la de flagrancia. Pese a eso las autoridades de CABA no han cumplido con el compromiso asumido.” Entonces fue más allá y dijo “ debían entregar en noviembre un complejo de 2200 plazas para lo que Nación adelantó dinero y en cambio suspendieron la construcción.”

Pareciera que nos encontramos frente a un nuevo problema que tiene como principales actores a la Ciudad y al gobierno Nacional. En el medio quedan las  personas privadas de la libertad bregando por mejores condiciones frente al hacinamiento que padecen hace años y la sociedad que pide justicia y que cumplan la pena de sus delitos dentro de una cárcel.