El lapidario dictamen de Fiscalía de Estado que compromete a Oscar Sandes

El lapidario dictamen de Fiscalía de Estado que compromete a Oscar Sandes

Esta semana la Suprema Corte le dio lugar a la medida cautelar presentada por el exadministrador General de Vialidad para que no ejecuten los cargos millonarios que le formuló el Tribunal de Cuentas por irregularidades detectadas en 2019 y 2018. Sin embargo, Fernando Simón complicó al exfuncionario.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Esta semana la Suprema Corte de Justicia le dio lugar a las cautelares presentadas por la defensa de Oscar Sandes y suspendió la ejecución de los cargos casi 5 millones de pesos que se malversaron durante los años 2018 y 2019. Sin embargo, un dictamen de Fiscalía de Estado complica la defensa del exadministrador General de Vialidad.

Uno de los principales argumentos de Sandes para impugnar los fallos del Tribunal de Cuentas que lo calificaron como solidariamente responsable del dinero malversado, es que él nunca estuvo al tanto de la maniobra y que incluso fue quien la terminó denunciando penalmente cuando salió a la luz. Pero para el fiscal de Estado, Fernando Simón, eso no lo exime de responsabilidad.

Según el dictamen del fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas fue el órgano que logró reconocer y detallar una "innumerable cantidad de irregularidades" en el organismo que Sandes conducía desde el año 2015. "Dichas irregularidades que pasaban antes sus ojos fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control", asevera Simón.

El fiscal de Estado, Fernando Simón.

"A lo largo de su demanda pretende eximirse de su responsabilidad señalando y relatando detalladamente toda la operatoria y la logística de numerosos hechos en perjuicio del erario público, alegando que tenía desconocimiento de las irregularidades, pero que al descubrir las mismas, formuló la denuncia penal, e inició sumarios administrativos. Sin embargo cabe destacar que dichas irregularidades fueron indicadas de antemano por el propio Tribunal de Cuentas, y que se trató de diferentes e innumerables hechos de desmanejos de fondos y gastos sin justificar, y que los mismos tuvieron lugar desde muchos años antes de la denuncia penal que dice formular – recién a fines de noviembre de 2019 - y durante su propia gestión", adhiere el fiscal de Estado en el escrito que presentó en la causa.

"Es decir que el actor no tomó ninguna medida correctiva de las innumerables irregularidades que ocurrían en el organismo a su cargo, sino hasta que el Tribunal de Cuentas auditó su gestión", subrayó y agrega que el propio Sandes reconoce que se realizaron pagos sin control. "No puede  pretender desligarse de su responsabilidad justamente por ser él quien de acuerdo a su función y cargo debió controlar", manifiesta Simón complicando la defensa del extitular de Vialidad.

"La conducta posterior del Administrador no es suficiente para desprenderse de su responsabilidad. Los hechos posteriores, no modifican en nada la responsabilidad por las irregularidades anteriores. A lo sumo podrán evitar, esperamos, que dichos actos se sigan cometiendo, pero no varían la existencia de los ya cometidos, ni la responsabilidad del actor por ellos", finaliza y remarca que Sandes incluso dijo desconocer quiénes trabajaban en el organismo que él conducía.

Por todo ello, Fiscalía de Estado entiende que la Suprema Corte debe rechazar la Acción Procesal Administrativa presentada por Sandes y hacer cumplir lo dispuesto en los fallos del Tribunal de Cuentas.

La defensa de Sandes

El principal argumento que esgrime el exadministrador de Vialidad para quedar eximido de responder con su patrimonio por los desmanejos que se dieron en ese organismo es que no estaba al tanto de los mismos. "No ha participado en ellos, no tuvo conocimiento de los mismos y advertido de la situación, ha sido él quien encabezó la investigación, ordenó la instrucción del sumario, ordenó la integración de una comisión investigadora, separó del cargo a las personas involucradas y formuló la denuncia penal pertinente", aseguraba en la presentación judicial su abogado Alejandro Jofré.

Oscar Sandes

Sandes sostiene que los pagos salían con su firma porque era falsificada por Corina Gallardo sin que el estuviese al tanto de la situación y que al enterarse de lo que había ocurrido él mismo pidió iniciar los sumarios correspondientes y denunció penalmente a Gallardo.

Fallo en suspenso

Mientras se resuelve el fondo de la cuestión, la Corte decidió suspender la ejecución de los cargos millonarios formulados por el Tribunal de Cuentas y que tenían a Sandes como solidariamente responsable.

Específicamente, esta semana la Suprema Corte (con la firma de los jueces Julio Gómez, Teresa Day y Pedro Llorente) frenó la ejecución de los fallos 17357 y 17362 por los cuales Sandes debía responder de forma solidaria por casi 4.8 millones de pesos que habían sido malversados durante su gestión. La Justicia decidió suspender el cobro de ese dinero hasta que se resuelvan los planteos presentados por el exfuncionario.  

El escándalo lo destapó en enero del 2020 el Tribunal de Cuentas de la provincia, luego de detectar que se había malversado dinero de la caja chica de la institución que por entonces conducía el funcionario cornejista Oscar Sandes. Específicamente, se detectaron irregularidades administrativas mediante las cuales empleados de la dependencia habían usado de forma indebida fondos públicos por casi 3 millones de pesos. Luego se revisaron los números del año 2018 y observaron que había ocurrido lo mismo con otros 2 millones de pesos.

Entre otras cosas, se comprobó que la funcionaria Corina Gallardo pasó viáticos durante sus vacaciones en la Costa Atlántica para que Vialidad le pagara combustible, peajes, hoteles, cenas y almuerzos en los balnearios donde veraneó. A eso se sumaban pago de facturas y tickets que no estaban a nombre de la DPV y otras maniobras como el pago por reparación de insumos a precios exorbitantes y préstamos personales irregulares.

El dictamen completo:

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