Las concesiones ocultas de Suarez en medio de la segunda ola

El caso de los bares y restaurantes es emblemático para entender cómo actuó Rodolfo Suarez a la hora de dictar las restricciones que rigen desde ayer en Mendoza en medio de la segunda ola de coronavirus.

El gobernador, silenciosamente, mantuvo el factor ocupacional de estos locales en el 75 por ciento de su superficie total, algo que había ordenado en un decreto emitido a comienzos de noviembre, cuando la situación ante la pandemia era otra.

No hizo hincapié en ello durante la conferencia de prensa del jueves ni en las comunicaciones posteriores, pero Suarez tenía la clara intención de realizar esta concesión para ayudar a un sector de la economía. La alta concurrencia que se ve en estos locales en algunos horarios refleja lo que el Gobierno quiere permitir, al menos por ahora, convencido también de que en ellos no se generan los contagios.

Suarez marcó así otra diferencia importante con el protocolo nacional. Es que el gobierno central había dispuesto que en las "zonas rojas" por el aumento de contagios (6 departamentos, en el caso de Mendoza) la ocupación en los locales gastronómicos y en todo evento cerrado no podía superar el 30 por ciento.

Sin tomar en cuenta varias premisas de Alberto, el gobernador y los intendentes se pusieron de acuerdo en ordenar medidas para todo el territorio provincial que fueron, en general, más blandas que las de la Nación, que diagramó casi todo para el AMBA.

Parte de esas medidas consistieron, como se sabe, en fijar una restricción más laxa para el funcionamiento de los locales nocturnos: no tendrán que cerrar a las 23, como había ordenado Alberto Fernández, sino a las 0.30, hora a partir de la cual Mendoza entra en alerta sanitaria otra vez. 

La diferenciación de Suarez con la Casa Rosada no tuvo esta vez la estridencia de peleas anteriores por los protocolos sanitarios. Además, no se tiró a la pileta solo el gobernador. Por ejemplo, Juan Schiaretti, en Córdoba, tampoco aceptó cerrar bares y restoranes a las 23. Y al igual que el mendocino, que siempre trata de reflejarse en estas provincias grandes, no cerró los casinos, como ordenó la Nación.

Las salas de juego son fuentes de recursos que hasta aquí el Gobierno no quiere renunciar a pesar de la situación sanitaria. Es que los 12 casinos habilitados en Mendoza, de los cuales casi la mitad son estatales, muestran a pesar de todo una elevada recaudación.

Eso sí, volvieron a funcionar recién en noviembre, tras ocho meses de cierre obligado, y el dinero que generan por ahora solo sustenta la estructura de personal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que tiene 600 empleados.

El último registro económico publicado, con 11 salas en funcionamiento, es el de enero pasado. Ese mes, los casinos públicos y privados de Mendoza recaudaron en total, descontados los premios que se pagaron a los apostadores, casi 400 millones de pesos. 

Lo obtenido en enero 2021 fue muy similar a la recaudación de enero 2020, cuando no arrancaban todavía las restricciones de la pandemia. Además, en el medio, hubo una inflación del 40 por ciento que para nada se reflejó en los ingresos de los casinos.

El grueso de los fondos los siguieron aportando los juegos electrónicos, ya que los de mesa estuvieron prohibidos un tiempo por la cuestión sanitaria y todavía hoy no muestran una gran incidencia.

De la recaudación de los casinos, luego de descontar los premios, hay que deducir también salarios, gastos, comisiones privadas e impuestos.

Quizás por esta razón, a más de tres meses de comenzado el año y precisamente en medio de la segunda ola de la pandemia, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos todavía no hace ningún aporte económico al sistema de salud, tal como ordenan las leyes.

El IPJC dispuso esta semana que las salas de juego funcionen de 10 a 0 con un factor ocupacional del 60 por ciento. No cree el Gobierno que sean fuente de contagio del virus: el uso de barbijo es permanente y las anacrónicas "salas para fumadores", aunque no han sido eliminadas aún, permanecen suspendidas.

El beneficio es su aporte de dinero al Estado provincial, que por ahora sólo se refleja en los impuestos que pagan. Que la economía siga abierta implica también recaudar, ante un nuevo desafío sanitario cuyo costo en plata resulta hoy por hoy difícil de calcular.