Por qué Lobos perdió sus bienes pero no va preso

Por qué Lobos perdió sus bienes pero no va preso

La justicia civil determinó que Lobos no puede justificar la compra de tres inmuebles porque sus ingresos no se correspondieron con ese patrimonio. Pero la justicia penal demora el juicio.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La justicia civil dictó la extinción de dominio, le quitó tres inmuebles y  Luis Lobos se transformó en el primer dirigente político en "perder" bienes que para la Justicia había comprado con dinero mal habido. O, para ser precisos, por haberse enriquecido sin poder justificar el origen de los fondos. A Lobos le soltaron la mano cuando el camino judicial era difícil de revertir y, sobre todo, la imagen pública era irremontable. Pero el ex intendente de Guaymallén no es un pez solitario: era parte de una sinergia nutrida desde el Estado (municipal en ese caso). El pecado de Lobos, explican quienes conocen el sistema, fue levantar la cabeza, ostentar y sacar pecho. Por ahora el ex intendente perderá los bienes, pero no irá preso

Ahora la Justicia debe ejecutar una acción con alto valor simbólico y político: rematar los bienes y "devolverle" esos recursos al Estado para que los invierta en la reparación de escuelas. Pero como no hay sentencia firme, el Estado debe tener una cautela para reparar el posible daño causado al propio Lobos. Es decir, el ex intendente puede no rendirse y pelear por sus bienes, pues en caso de que en la Cámara Civil o la Corte revierta el fallo, el Estado debería devolverle los bienes o su equivalente en dinero. 

La ley de extinción de dominio fue sancionada en 2019 y tuvo modificaciones para evitar más controversias legales. Fue impulsada por la gestión de Alfredo Cornejo, con una intención, también, de exponer más las causas de corrupción que se llevaban adelante sobre funcionarios de la gestión que había precedido al líder radical. Lobos fue el símbolo: ya tiene dos sentencias en contra y la Corte debe decidir ahora si las mantiene firme. Ahora el Poder Ejecutivo debe intervenir para hacerse de los bienes. Vía remate se pueden enajenar y los recursos pasan a las cuentas públicas, pero con fin determinado. 

El proceso de extinción de dominio es independiente de la causa penal, pero tiene relación. Es que para que se inicie depende de la decisión de un fiscal penal que pida el proceso. Y se ejecuta sobre los bienes previamente determinados por la justicia penal. Es decir, la justicia penal investiga y si lo cree pertinente envía una compulsa a la justicia civil para ejecutar la extinción de dominio sobre bienes que sospecha fueron mal habidos (debe haber una medida cautelar sobre esos bienes). Luego la causa sigue un camino independiente. Es decir, no importa si el acusado tiene o no una sentencia penal por el delito de enriquecimiento ilícito o cualquiera asociado. La extinción de dominio corre otro camino. La jueza además rechaza el pedido de Lobos para que se declare inconstitucional la ley 9.151 e incluso el DNU de Mauricio Macri que estableció la extinción de dominio a nivel nacional. En la causa la defensa de Lobos gastó más energía en pedir la ilegalidad de la ley, que en justificar el origen de los fondos con los que compró los bienes. 

El trasfondo

En el caso de Lobos la jueza civil  determinó que por los ingresos declarados por Lobos y su esposa Claudia Sgró, se daba por justificada la compra de los vehículos que estaban embargados. Un auto Peugeot, una camioneta VW y un cuatriciclo. Pero no ocurrió lo mismo con tres inmuebles que ahora pasarán a ser del Estado. El detalle temporal es importante: todos los bienes en cuestión fueron comprados mientras ambos eran funcionarios públicos.

En el caso de Luis Lobos se trasluce un problema estructural. Es que el hombre siempre vivió de la política. Tanto, que el período analizado va desde el año 2003 hasta el 2015. Antes de ser intendente Lobos era parte de un esquema político que funcionaba de manera aceitada en Guaymallén y no distinguía mucho de colores políticos. Lo habían bautizado como la "cooperativa" y tenía una particularidad: había poca ambición de poder y para algunos ser intendente no era el mejor negocio, pues significaba una exposición pública no conveniente. Lobos, además, ostentó. 

El ex intendente hizo carrera. Ingresó a la planta de la Municipalidad de Guaymallén en 1988, pero rápidamente pasó al Bloque Justicialista del Concejo Deliberante. Desde 2003 fue concejal y en 2007 fue parte del grupo político que llegó al poder "pasando por el medio" de la disputa dentro de la Concertación.

Por eso fue presidente del Concejo y mano derecha de Alejandro Abraham. Nunca dejó de ser concejal, pero asumió como Intendente cuando Abraham pasó al Congreso de la Nación. No llegó a terminar el mandato, pues en noviembre  del 2015 fue reemplazado por efímera intendenta interina radical Evelin Pérez. Luego volvió a su antiguo cargo de planta, pero fue cesanteado por el actual intendente Marcelino Iglesias. 

Lobos cobró sueldos en la función pública que oscilaron entre los $1668 en 2003, hasta los  $32924 en 2015. También tiene declarados ingresos por su actividad independiente en el año 2009 ($ 2800), 2010 ( $ 105610), 2011 ($ 164431), 2012 ($ 197000), 2013 ($ 218000) y 2014 ($ 52000). 

El ex intendente peronista no pudo justificar con sus ingresos un enriquecimiento patrimonial de $3.923.099 y su esposa de  $1.018.837 (todo a valores del 2015). Por eso la jueza Paz Gallardo declaró la extinción de dominio por los tres inmuebles que estaban embargados.

Los bienes sobre los que se analizó el patrimonio son los siguientes:

  • Peugeot 308 dominio LVV 245 
  • camioneta Volkswagen Amarok 2.0
  • cuatriciclo Can-Am 
  • inmueble identificado con la matricula 362.679/4 unidad 2 PB de calle Cangallo 3862 titularidad del 100%.
  • inmueble identificado con la matricula 181.518/4 de Calle Tirasso 4357.
  • El inmueble identificado con la matrícula 167.166/4 pasillo comunero de calle Tirasso 4357 

La jueza decidió quitarle los tres inmuebles

La causa de Lobos es la primera que se resuelve en cuanto a la extinción de dominio. La paradoja es que la investigación penal por posible corrupción y enriquecimiento ilícito está en pausa: se elevó a juicio pero no se hizo el debate. La Justicia determinó que los bienes deben pasar al Estado, pero no se sabe si Lobos es culpable de corrupción. Algo similar ocurre con decenas de causas similares que duermen en Tribunales. 

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