Cárceles: el falso progresismo impide el saneamiento y reinserción

Por Alfredo Cornejo y Gianni Venier 

Es cierto que los sistemas carcelarios cumplen en gran parte los objetivos esperados y parte del actual gobierno pareciera centrar su discurso en relación con las cárceles como una suerte de “virtualidad” que implica que aquellas son malas y que debieran no existir.

El castigo al delito es un medio para que la sociedad no se convierta en un caos y, aunque no sea deseable, es un remedio necesario para procurar la paz social.

Hoy las cárceles no cumplen con su objetivo. Para que cumplan con su finalidad hay que tomar decisiones reales de gobierno y no discursivas. El populismo no sólo se aleja de la verdad, sino que revictimiza y lastima a las víctimas de delitos, sin generar de igual modo ningún tipo de mejora de fondo en el sistema.

La reinserción en la sociedad de los delincuentes debería ser el objetivo de cualquier gobernante, que se logra al combinar inversión en infraestructura, personal capacitado en las cárceles y que los reos cumplan su condena en las mejores condiciones para su resocialización.

Con esa premisa y bajo la idea de la mayor puesta de humanidad en cada acto de gobierno, desarrollamos un plan en Mendoza para afrontar el problema carcelario y al mismo tiempo la inseguridad. Unificamos gestión y adecuamos los códigos procesales y de ejecución de pena a contener y mitigar esa realidad. Los parámetros fueron evitación general y particular del delito, justicia rápida y justa, mejorar espacios carcelarios y aplicación de enseñanza y trabajo como mejora y dignidad en todos los centros carcelarios de la provincia.

​En breve comenzamos a obtener resultados. De 64% de procesados bajamos a 32% en 2 años, con rebaja al 18% en la zona sur de la provincia, la tasa más baja del país. Esa reducción de procesados y aumento de condenas es una respuesta directa a la violencia intracarcelaria; pero a su vez mejoramos los estándares de DDHH a punto tal que en menos de 3 años comenzamos a empezar trabajos de validación de datos con centros universitarios de prestigio. Una persona procesada se mantiene inquieta; la condenada, no. Para ello la reforma procesal fue esencial.

​Como el sistema de seguridad comenzó a funcionar luego de 8 años de relajamiento, es que hubo más detenidos, pero con el esfuerzo de los ciudadanos construimos 2.200 plazas carcelarias en 3 años, el mayor esfuerzo constructivo de la provincia y posiblemente del país en un solo territorio. En los 8 años anteriores de gobierno peronista no se construyó una plaza.

​Nos abocamos de lleno a algo que todos criticaban, pero que nadie lo ponía en la agenda de problemas penitenciarios: el ocio permanente, destructivo, generador de males. Así que es que hicimos una ley de trabajo y estudio como método de cumplimiento de reglamentos carcelarios. Cada preso debe dar respuesta de trabajo o de estudio.

​Si hasta 2015 había que lamentar de 4 a 6 muertos por año en la población carcelaria, de fines de 2015 a 2019 sólo hubo un muerto, y esto sumando el incremento de personas detenidas por imperio de la reformulación de la Seguridad a través de tecnología y órdenes precisas e investigación moderna como un novísimo laboratorio de ADN y leyes especializadas.

​Hoy Mendoza tiene índices de control médico carcelario envidiables en poblaciones normales-, y muchos de quienes salen de allí van con un bagaje de conocimientos para encarar actividades legales.

​La humanidad de la víctima entró en este sistema. El preso que pretendía una salida de su pena tradicionalmente presentaba un escrito y por escrito se le resolvía. Creamos una audiencia pública para ello, con la citación de la víctima para que opine ante el juez si así lo desea, como un modo de regular el temperamento social con el delito y para que quien convirtió a ese ciudadano en víctima sepa que hay alguien allí de carne y hueso que sufrió su acción violenta y egoísta.

​Fue un gran esfuerzo este conjunto de ideas y construcciones. Dejamos un camino de continua mejora con la creación de un Polo Judicial para que los tiempos procesales sean cada vez más rápidos, más humanos, con más derechos pero con más control.

​Durante 2019 el Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Vargas, visitó la provincia y descubrió que es un lugar de trabajo y reducción de violencia y afirmó que “Mendoza no sólo es un paradigma para el país, sino que lo es para la región”.

​No hay ideología válida, ni abrir cárceles para tapar funcionarios amigos condenados por corrupción, que puedan omitir que una acción del Estado organizada y con fines precisos alcance logros que dignifican los lugares de encierro que nadie quiere dignificar, mejorando a quienes delinquen, pero sobre todo dando sentido de Justicia a quienes son sus víctimas.

Quienes se autodefinen como progresistas, al querer liberar las cárceles, nada tienen que ver con el progresismo social. Van en sentido inverso, haciendo más injusta y retardataria a la sociedad en la que se encuentran.